Judiciales

Conflicto judiciales: piden que los jueces atiendan mesas de entrada en Tribunales

Una jueza platense dispuso que todos los Tribunales de la Provincia deben estar funcionando y, en caso de que los empleados se sumen a las medidas de fuerza, el magistrado a cargo y los funcionarios tendrán que estar a disposición de los abogados para recibir expedientes por la mesa de entradas.

La resolución fue adoptada por la titular del Juzgado Correccional Nº 1 de La Plata, Miriam Ermili, en medio del conflicto salarial que lleva más de dos meses entre judiciales y el Gobierno de la Provincia.

 

La medida cautelar responde a una demanda promovida por el Colegio de Abogados de la Provincia que exigía el “restablecimiento definitivo de la prestación regular del servicio de justicia”.

 

En las últimas horas, la jueza ratificó lo dispuesto en la cautelar, aunque rechazó la pretensión del Colegio de Abogados de que se obligue al gremio, al ministro de Justicia y a la Suprema Corte a dar solución al conflicto.

 

La funcionaria judicial dispuso que se garantice el libre ingreso, permanencia y egreso de los abogados, empleados, funcionarios y justiciables “en todas las dependencias” y la seguridad de los mismos. Además, la medida incluye que las mesas de entrada estén abiertas durante toda la jornada laboral y que en caso de que los empleados no presten funciones, sus tareas sean cumplidas por los jueces o funcionarios de cada uno de los tribunales.

 

Por su parte, el Asociación Judicial Bonaerense (AJB) ratificó la continuidad de las medidas de fuerza: este miércoles habrá paro y movilización a la Corte y el jueves seguirá la suspensión de actividades.

 

Los judiciales le piden al Ejecutivo que firme un compromiso para restituir en etapas la Porcentualidad salarial, pero la Provincia rechaza esa pretensión y propone que en primer término se avance con una ley de paritarias para el sector.

 

El Gobierno asegura que el enganche salarial que pretenden los judiciales, demandaría un gasto de 2.300 millones de pesos, cifra que la Provincia “no está en condiciones financieras” de atender.

 

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