En medio de una agenda política nacional dispersa, pero con anuncios de “alto impacto”, el gobernador Daniel Scioli apenas pudo manifestar su protocolar apoyo a la decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de proponer la expropiación del 51 por ciento del paquete accionario de la petrolera YPF, privatizada en los 90.
Es que, casi a la misma hora que le tocaba “hacer los deberes”, aportando un prudente respaldo a la disposición de la Rosada de retomar el control de YPF (hecho que calificó como una “decisión estratégica” para el país), el mandatario provincial terminaba de entretejer un nuevo paquete con aumentos tributarios que debe someter a la consideración del oficialismo K dentro de la Legislatura bonaerense.
“Esto demuestra íntegramente que el gobierno nacional, como imaginario productor de recursos económicos, sigue provocando un desabastecimiento presupuestario y político en las góndolas de la gobernación. Aun cuando, en la coyuntura, Scioli enfrenta cotidianas medidas de fuerza de los judiciales y médicos de los hospitales públicos por reclamos de índole salarial”, indican en La Plata.
Aun sobrevolando el complejo escenario nacional, en ámbitos ministeriales y legislativos del ámbito bonaerense existen posiciones encontradas sobre la expropiación “nacionalista” de YPF. “Si tanto les preocupaba que la empresa Repsol no invertía en la exploración y en la explotación, ¿por qué no se acordaron antes? Hace mucho que se da esta situación y hace nueve años que el kirchnerismo es gobierno”, es tan sólo uno de los interrogantes.
Otro de los enigmas es, más bien, de tono político. “Parecen bomberos que ahora tienen que apagar su propio incendio”. La metáfora tiene que ver con el hecho de que el interventor de la empresa será nada menos que el ministro Julio de Vido, el principal responsable del fracaso de la política energética que viene realizando el universo K.
En ese paisaje, si hay algo que no pierde Scioli es la tranquilidad. En la víspera, reconoció públicamente su decisión de avanzar con otra suba impositiva en la Provincia, con el objetivo de optimizar los recursos propios para seguir reinvirtiendo en salud, educación y obras públicas.
El gobernador aclaró que el nuevo paquete tributario “progresista”, de ninguna manera es para compensar alguna baja de coparticipación (municipal), porque, de hecho, el gobierno nacional cumple en tiempo y forma.
En rigor, Scioli está desempolvando un “plan C”, al poner en marcha una reforma fiscal sobre la ley impositiva 2012 que la Legislatura le votó en diciembre del año último. “El “plan A” que tenía el gobernador era esperar un mayor giro de recursos por parte de la Nación. No ocurrió. El “plan B” era otro tipo de fuente de financiamiento (vía un endeudamiento), pero, en estos momentos, son limitadas las posibilidades en el mercado internacional. Por eso, menciona ahora la necesidad de buscar la optimización de los recursos propios en la Provincia.
Que cuatro meses después el Ejecutivo esté redactando otra reforma impositiva, por un lado pone en evidencia la necesidad financiera que tiene la provincia de Buenos Aires, pero, por otro, blanquea, como mínimo, un error de cálculo presupuestario para el presente ejercicio. Era previsible que este año tenían que volver a sentarse a la mesa de negociación paritaria para hacer frente a las demandas de incrementos salariales de los sindicatos docentes y de los demás empleados estatales, más allá de cualquier recorte en la coparticipación nacional.
Si bien, en términos políticos, cualquier medida de índole económica sólo puede aplicarse en un año no electoral, ya se presume que los legisladores de la oposición pueden hacerse un festín en medio de un debate parlamentario con el paquete de medidas impositivas que tendría en carpeta la administración sciolista.
Por lo que ha trascendido, el gobierno bonaerense pretende aumentar la recaudación propia en unos 800 millones de pesos desde junio, si consigue que la Casa Rosada y los legisladores provinciales del oficialismo K apoyen un proyecto de ley que contempla la suba de dos impuestos y la creación de una nueva contribución que recaerá sobre las empresas de telefonía celular y las que operan la televisión por cable.
En principio, del borrador del Ejecutivo se desprende un aumento en los impuestos a los Ingresos Brutos, Inmobiliario Rural y Sellos. “Es un despropósito político, por el impacto en el bolsillo de los contribuyentes. Una posible eliminación de exenciones a la televisión por cable y a la telefonía celular, después, naturalmente, se traslada en una suba de esos servicios, potenciando el malhumor social”, adelantan senadores y diputados K.
Mientras tanto, en la dispersión, sindicalistas y empleados judiciales bloqueaban ayer los accesos a la autopista La Plata-Buenos Aires, provocando un caos vehicular en medio de la sucesión de paros que viene afectando el funcionamiento de los tribunales por el conflicto salarial “abierto” que mantiene el gremio que nuclea a los trabajadores de la justicia con la administración Scioli.
La profundización del conflicto judicial básicamente obedece a la decisión del Ejecutivo de cerrar la negociación salarial tras disponer un aumento por decreto (de entre el 21 y el 26 por ciento, según las categorías), aunque también gravita fuertemente la restitución del sistema de porcentualidad salarial, un histórico reclamo del sector que “engancha” los sueldos de los empleados con los de los jueces.
Al margen de todo esto, la agenda legislativa es incierta. Es que las políticas de seguridad y las acciones en materia penitenciaria parecen ser dos ítems elegidos por la mayoría de los legisladores del Frente Para la Victoria-PJ como eje para dirimir sus propias “diferencias internas”.
El otro “gran debate abierto” por el oficialismo K gira en torno del juego en el mapa bonaerense. En definitiva, si durante los próximos meses los diputados del FPV no aplican “medidas de fondo”, como podría ser sancionar algún proyecto de ley para regular la actividad de las salas de juegos de azar como “bingos” y “tragamonedas”, habilitadas para funcionar en la Provincia, incluyendo la prohibición de fumar en el interior de esos locales (esa medida ya se aplica en Bahía Blanca, a partir de una ordenanza municipal) y hasta una serie de restricciones horarias en esos ámbitos de recreación, aun en aquellos ubicados en lugares turísticos, quedará en evidencia que la supuesta embestida contra el juego con el reciente pedido de informes a la administración Scioli sobre el otorgamiento de las licencias a las salas de bingo ubicadas en territorio provincial; particularmente, claro, aquellas explotadas por la empresa Boldt, habrá sido entonces una “estrategia política defensiva” en favor del vicepresidente Amado Boudou, investigado judicialmente por presunto tráfico de influencias a favor de la ex Ciccone Calcográfica.
Frente a ese panorama doméstico, las Cámaras de Senadores y de Diputados tienen previsto volver a sesionar mañana, para expresar el apoyo oficialista a la decisión presidencial de expropiar acciones de YPF.
Sin embargo, luego de los ásperos cruces protagonizados por los legisladores del bloque oficialista de la Cámara Alta que preside el vicegobernador Gabriel Mariotto (debido a las diferencias por una solicitada en explícito apoyo público al vice Boudou en el caso Ciccone), hay más dudas que certezas sobre la vuelta al recinto de sesiones.
Rápidos de reflejo y anticipándose a cualquier movimiento de “La Cámpora” los senadores Osvaldo “Vasco” Goicoechea, Baldomero “Cacho” Alvarez, la sciolista Nora de Lucía, Ricardo Bozzani y María Ehcosor de Acuña, miembros de “La Juan Domingo“, presentaron ayer su proyecto de declaración, expresando su “beneplácito” por la decisión tomada por Cristina Fernández de enviar el Congreso nacional el proyecto para la nacionalización de YPF.
Es que los legisladores alineados en “La Cámpora” alimentan fantasías conspirativas contra el gobierno nacional, aun cuando, desde ese sector, no pocos juguetean con “desestabilizar” al propio Scioli. En ese juego, desconfían de todos y hasta de ellos mismos.
De hecho, varios parlamentarios del FPV-PJ, con moderación, aclaran: “Nosotros queremos que a Cristina le vaya bien, pero no queremos destituir ni que le vaya mal a Scioli”. Dentro de ese difícil equilibrio interno, aparecen los legisladores que responden exclusivamente al ministro del Interior, Florencio Randazzo. En el caso de la sexta, el diputado bahiense Marcelo Feliú y los senadores Alejandro Dichiara y Silvia Pérez.
*Periodista de La Nueva Provinci a. Columna publicada en el portal digital lanueva.com