Luego de tantas especulaciones, finalmente el gobierno enviaría al Congreso una iniciativa para declarar “de utilidad pública y sujetas a expropiación” el 50,011 por ciento de las acciones clase D de YPF, y de esa manera se concretaría el desembarco del Estado en la empresa española manejada por Repsol.
Cabe destacar que en actualmente el total de las acciones de esa clase -que representan el 99,99 por ciento del paquete accionario- está en manos de Repsol, con un 57,44 por ciento; Petersen Energía S.A., dirigida por Enrique Eskenazi, con 25,46 por ciento; mientras que el restante 17,09 por ciento cotizan libremente en el mercado de valores.
Al margen de que no existen confirmaciones oficiales sobre el tema, trascendió que la decisión fue definida luego del encuentro que mantuvieron este jueves el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el titular de Repsol, Antonio Brufau.
El proyecto prevé la expropiación de 100 millones de acciones del Grupo Petersen (se quedaría sin representación en la empresa) y 96.558.000 de Repsol, que hoy posee 393 millones de títulos D. El Estado nacional actualmente es propietario de un mínimo porcentaje de acciones Clase A y las provincias de Chubut y Formosa poseen también una parte de acciones Clase B que, en total, no superan el 0,002 por ciento.
De concretarse esta acción, el Estado Nacional quedará durante los próximos tres años en condición de expropiante, por lo que quedará habilitado para transferir la titularidad de las acciones a cualquier organismo o empresa pública estatal.
El proyecto todavía no fue enviado al Parlamento, y sólo sería girado luego de un posible anuncio de la Presidenta Cristina Fernández.