De este modo, Ricardo Szelagowski, de 84 años y con más de 25 en esa función seguirá auditando a la Provincia por 4 años más. Como informara Letra P hace dos semanas, el funcionario era blanco de movidas para forzar su alejamiento y hasta un juicio político, por lo cual Zselagowski llegó a analizar su jubilación antes de una posible destitución
La importancia del cargo radica en que la Fiscalía de Estado regula y controla las contrataciones de la Provincia, motivo por el que su rol es clave para el correcto manejo de los fondos del erario público bonaerense. Se trata de un cargo de gran importancia administrativa, motivo por el que, desde lo político, no es menor contar con la confianza del funcionario a su cargo.
Szelagowski es un abogado quien ejerce el cargo desde 1987, cuando fue nombrado por el entonces gobernador Alejandro Armendáriz, 4 días antes de que asumiera como gobernador electo Antonio Cafiero.
De extracción radical, su nombramiento fue considerado en el ambiente político como “puesto a dedo por su hermano ex intendente radical”. Su cargo está institucionalizado como órgano de la Constitución bonaerense y por lo tanto es “inamovible”, a menos que se le inicie un proceso de juicio político “por delitos en el desempeño de sus funciones o falta de cumplimiento a los deberes”.
Durante su mandato nunca realizó denuncia penal contra actos de corrupción en todas las licitaciones llevadas a cabo por la Provincia, cuando el funcionario al frente de la Fiscalía tiene a su cargo la representación y defensa de la misma, en los juicios en que ella es parte (como actora o como demandada).
Entre las primeras se encuentran las contrataciones directas con el famoso Fondo de Repatriación Histórica del Conurbano Bonaerense (gobernación de Eduardo Duhalde), donde se contaba con un presupuesto superior al millón de dólares diarios para gastos en obras, los que jamás fueron cuestionados por el actual Fiscal de Estado.
Szelagowski estuvo varias veces por ser destituido. En 2007 el diputado bonaerense Carlos Quintana pidió juicio político al Fiscal de Estado por presunto incumplimiento de sus deberes públicos, cuyos argumentos estuvieron basados en dos hechos concretos: por un lado, la transferencia de exenciones impositivas de la empresa de electricidad estatal Segba a la privada Edesur y, por otro, la forma en que Szelagowski resolvió el proceso de usurpación de una planta avícola, que tendría vinculación con violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura.
El juicio político no se sustanció, entre otras cuestiones, por haber recibido el Fiscal de Estado el apoyo del Poder Ejecutivo provincial.
Más cerca en el tiempo, una causa penal lo imputó de haber cobrado de IOMA 26 mil dólares para implantes dentales.. No lo encontraron culpable y fueron procesados varios integrantes del directorio del IOMA por haber otorgado semejante tratamiento.