Política

Szelagowski analizaría su jubilación antes de una posible destitución

El fiscal de Estado bonaerense ha sido objeto en los últimos 25 años de denuncias, pedidos de juicio político y también del amparo del poder político. Cobra ceca de 55 mil pesos y, de jubilarse, lo haría con un salario de 45 mil. Fue acusado hasta de demorar el pago a una víctima del terrorismo de Estado.

Ricardo Szelagowski es un abogado quien hace 25 años se desempeña como Fiscal de Estado de la Provincia de Buenos Aires.  Ejerce el cargo desde 1987, cuando fue nombrado por el entonces gobernador Alejandro Armendáriz, 4 días antes de que asumiera como gobernador electo Antonio Cafiero.

 

De extracción radical, su nombramiento fue considerado en el ambiente político como “puesto a dedo por su hermano ex intendente radical”. Su cargo lo convierte en el defensor de los intereses patrimoniales del Estado provincial. Asimismo, se estipula que es un cargo “inamovible”, a menos que se le inicie un proceso de juicio político “por delitos en el desempeño de sus funciones o falta de cumplimiento a los deberes”.

 

Además, la Fiscalía de Estado regula y controla las contrataciones de la Provincia, motivo por el que su rol es clave para el correcto manejo de los fondos del tesoro público bonaerense. Se trata de un cargo de gran importancia administrativa, motivo por el que, desde lo político, no es menor contar con la confianza del funcionario a su cargo.

 

Una carrera signada por la polémica

 

En 25 años de mandato nunca realizó denuncia penal contra actos de corrupción en todas las licitaciones llevadas a cabo por la Provincia, cuando el funcionario al frente de la Fiscalía tiene a su cargo la representación y defensa de la misma, en los juicios en que ella es parte (como actora o como demandada).

 

Entre las primeras se encuentran las contrataciones directas con el famoso Fondo de Repatriación Histórica del Conurbano Bonaerense (gobernación de Eduardo Duhalde), donde se contaba con un presupuesto superior al millón de dólares diarios para gastos en obras, los que jamás fueron cuestionados por el actual Fiscal de Estado.

 

Szelagowski  estuvo varias veces por ser destituido. En 2007 el diputado bonaerense Carlos Quintana pidió juicio político al Fiscal de Estado por presunto incumplimiento de sus deberes públicos, cuyos argumentos estuvieron basados en dos hechos concretos: por un lado, la transferencia de exenciones impositivas de la empresa de electricidad estatal Segba a la privada Edesur y, por otro, la forma en que Szelagowski resolvió el proceso de usurpación de una planta avícola, que tendría vinculación con violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura.

 

El juicio político no se sustanció, entre otras cuestiones, por haber recibido el Fiscal de Estado el apoyo del Poder Ejecutivo provincial.

 

Más cerca en el tiempo, una causa penal lo imputó de haber cobrado de IOMA 26 mil dólares para implantes dentales.. No lo encontraron culpable y fueron procesados varios integrantes del directorio del IOMA por haber otorgado semejante tratamiento.

 

Signado por la polémica, actualmente cobra más que el propio Gobernador: 53 mil pesos por mes y si se jubila, cobrará unos 45 mil.

 

Una demora que indigna

 

Daniel Paskvan es un ciudadano que estuvo 30 años que reclamando que el Estado provincial se haga cargo del daño que le provocó cuando, en tiempos de la última dictadura, usurpó y vendió todos sus bienes.

 

En 2010 todavía no encontraba una salida a su reclamo. Y consideraba que el gran obstáculo era la Fiscalía de Estado, contra la cual inició varios pedidos de juicios políticos sin eco en la Legislatura, y una denuncia penal que tramitó en la justicia platense con figuras como las de “abandono de persona”, “violación de los deberes del funcionario público” y “abuso de autoridad”, entre otras.

 

Es que en noviembre de 2004, el entonces gobernador Felipe Solá reconoció los hechos a través del decreto 2851 y le dio intervención al Fiscal de Estado para que procediera a formalizar un acuerdo de pago.

 

Szelagowski nunca transitó ese camino, lo que llevó al empresario a realizar varios pedidos de juicio político, sistemáticamente omitidos en la Legislatura. La demora lo llevó a trabar un embargo contra las cuentas provinciales por 20 millones de pesos.

 

Y en 2009 abrió la instancia penal contra el propio Fiscal. Después de que seis jueces se excusaran de llevarla adelante, la Cámara Penal decidió remitir la causa, que lleva el número 21.995, a la UFIC (Unidad Funcional de Investigaciones Complejas) Nº 8, a cargo de Jorge Paulini.

 

Beltrán Benedit, diputado de La Libertad Avanza por Entre Ríos, en una visita a la exposición rural de Federal, en el norte de la provincia.

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