Según el diario El Día, dos conjueces y dos legisladores integrantes del Jurado entendieron que las acusaciones contra el juez Melazo y los fiscales Marcelo Romero y Maribel Furnus, no ameritaban la apertura de un juicio político en su contra.
El resto del cuerpo, una legisladora y el titular de la Suprema Corte de Justicia Eduardo De Lázzari, votaron en sentido contrario.
Sí hubo unanimidad en torno a la propuesta para que lo resuelto sea comunicado a la Suprema Corte con un pedido para que el juez y los fiscales reciban algún tipo de apercibimiento o sanción disciplinaria por su inactividad por meses en la causa.
La presentación fue realizada por el abogado Alejandro Montone, que la semana pasada también interpuso una demanda civil, en representación de Raúl Barnes, quien estuvo detenido en el marco de la causa, por una suma cercana a los 700.000 pesos contra Melazo y los dos fiscales por “daños y perjuicios”.
La investigación sobre la que se fundaron los pedidos de jury, fueron en relación al asesinato de los policías Alejandro Vatalaro, Ricardo Torres Barboza y Pedro Díaz, cometido en septiembre de 2007 en la Planta Transmisora que el Ministerio de Seguridad posee en 7 y 630, donde los efectivos estaban de guardia.
Según esa denuncia, Melazo ordenó en esa causa “medidas de instrucción previamente acordadas con el fiscal Romero y así, lejos de custodiar la efectividad de la regulación del debido proceso, se arrogó funciones propias y exclusivas del ministerio público”.
También se aseguró que “la conducta desplegada por el juez Melazo habría incurrido en el tipo penal que reprime con pena de prisión e inhabilitación al funcionario público que ejerciere funciones correspondientes a otro cargo”.
Por su parte, Melazo dijo que “no hay nada que festejar, estoy preocupado por la falta de independencia del Poder Judicial y la falta de valor y compromiso de algunos jueces y fiscales, muchos ex funcionarios en seguridad, en la lucha contra el narcotráfico”.