En ese sentido la legisladora por Junín aseveró que “no contamos con la información fundamental que pudiera surgir del dictamen de auditoría, que en el propio convenio se establece realizar, dejándose de lado cuestiones no menores como la situación técnica, jurídica, de seguridad, ambiental, patrimonial y económico-financiera de la concesión transferida”.
Además Baro opinó que “se está recibiendo una concesión a ciegas que si bien, en el propio convenio exime a la provincia de toda responsabilidad que pudiera corresponder derivada del contrato de concesión, con fecha anterior al traspaso efectivo del mismo, se desconocen datos centrales acerca de una concesión a la que le restan años de cumplimiento”.
Por otra parte la legisladora radical afirmó que “nos resulta inadmisible que este traspaso sea con la continuidad de la actual concesionaria que lo único que ha hecho es abultar las cuentas de unos pocos y que se ha mostrado vaciada e insolvente, en detrimento de los usuarios, dejando inconclusas obras programadas desde la década del 90”.
Finalmente Baro aclaró que “los problemas que desde hace años plantea esta concesión deberían haberse resuelto antes del traspaso dando de baja el contrato vigente por su incumplimiento reiterado. De este modo, tal como se plantea, se está provocando que los usuarios vuelvan a pagar por obras incumplidas en el contrato original”.