El proyecto que fue elaborado en la Cámara de Diputados, que adhiere a la norma nacional sancionada en mayo, tendrá al ministerio de Salud como autoridad de aplicación y fue un proyecto fusionado desde los diputados Marcelo Feliú y Marcelo Díaz, del FpV y el FAP respectivamente.
La ley establece que si el enfermo no estuviera en condiciones de tomar esa decisión podrá hacerlo su representante legal o bien sus familiares.
En relación a los profesionales de la salud, la ley contempla la objeción de conciencia, es decir, que el médico se niegue a ser partícipe de las prácticas médicas contempladas por esta ley.
También establece que aquella persona que padezca una enfermedad irreversible, incurable o que haya sufrido lesiones que la coloquen en igual situación, tiene derecho a rechazar procedimientos quirúrgicos o de reanimación artificial cuando sean extraordinarios o desproporcionados a las perspectivas de mejoría y produzcan dolor desmesurado.
“Estamos respetando la autonomía y la voluntad de cada persona para decidir sobre su vida en los momentos terminales o de agonía” explicó el diputado Marcelo Feliú sobre lo aprobado hoy en la Cámara Alta.
En la decisión del parlamento provincial mucho tuvo que ver la campaña encarada por Selva Herbón y Susana Bustamante, madres de Camila y Melina respectivamente, para impulsar la sanción de la ley nacional de “muerte digna”, ante los casos irreversibles y de sufrimiento de sus hijas. Ambas madres hoy estuvieron presentes en el Senado Bonaerense para acompañar la votación a la norma.