Según el fiscal, en el dictamen entregado al magistrado, la discutida norma “no conculca los derechos constitucionales de propiedad y de comercio del Grupo Clarín”, por lo que solicitó desestimar el pedido del multimedio en el que se impugna los artículos 41, 45, 48, segundo párrafo, y 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Si esto ocurre, el juez podría llegar a una resolución definitiva en torno a la aplicación de la ley y cumplir con la orden de la Corte Suprema de Justicia.
Según informó DyN, a partir del lunes próximo Alfonso podría emitir una resolución sobre el fondo de la cuestión. El Código Procesal Civil y Comercial Federal le da al juez 40 días para resolver, pero el magistrado se pronunciaría antes de fin de año.
El dictamen de Uriarte no es vinculante, por lo que el juez no está obligado a seguirlo en su fallo.
Una decisión de Alfonso hará caer de inmediato la cautelar que tiene frenada la Ley, pero no implica la inmediata aplicación de la norma en caso de que resuelva a favor de su constitucionalidad.
La apelación a la Cámara podría no darse si una de las partes requiere directamente la intervención de la Corte, que juzgará si la situación es de “gravedad institucional” para aceptarlo y dictará una sentencia definitiva.