Economía

La Anses denunció irregularidades judiciales y administrativas

El Director Ejecutivo de la ANSES, Diego Bossio, efectuó una serie de denuncias ante el fiscal federal Guillermo Marijuan por distintos hechos de defraudación en perjuicio del organismo previsional y los fondos que administra.

“En el marco de la política de transparencia que lleva adelante el Gobierno Nacional, demostramos una vez más ser responsables al efectuar este tipo de denuncias. Defender al Estado también se demuestra comprometiéndonos a analizar, exhaustivamente, lo que se hace dentro del organismo, además de cuidar los intereses públicos hacia afuera”, remarcó Bossio.

 

La primera denuncia, llevada a cabo ante la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (UFISES), se refiere a un caso de reajuste de haber jubilatorio e involucra al ex Coordinador de Juicios Ordinarios del organismo. El implicado habría recibido a título personal el oficio de notificación de parte de una letrada y dilató los tiempos de traslado de la demanda. Esto provocó que la respuesta de la ANSES se realizara de forma tardía y el juez fallara en su contra.

 

Si la demanda hubiera sido contestada en término, no correspondía que el organismo abonará la suma de dinero. Al no cumplir con los plazos, la ANSES experimentó un perjuicio fiscal de $9.000.000.A partir de la investigación interna, se pudo constatar que el acusado tendría una relación de amistad con la abogada previsional interviniente.

 

La otra denuncia se vincula a una serie de irregularidades halladas en expedientes previsionales e involucra a una serie de agentes de la Unidad de Atención Integral (UDAI) Centro de la ANSES, abogados particulares y otros intervinientes. Cabe señalar que, en este caso, se encontró documentación apócrifa y con sellos falsificados presentada ante la delegación. Además, se realizaban verificaciones que daban negativas o no coincidían los dichos de los testigos con la declaración jurada brindada por el supuesto beneficiario.

 

Se pudo descubrir que el abogado previsionalista sería el concubino de la que, en ese momento, fuese coordinadora del sector involucrado.

 

En los dos casos, referidos a problemáticas surgidas en distintas oficinas del organismo, se efectuó el despido de todos los empleados implicados en el accionar irregular.

 

En tal sentido, Bossio afirmó que “es importante que la sociedad sepa que no toleramos este tipo de comportamiento bajo ninguna circunstancia. La ANSES es un organismo de y para los argentinos, y pretender dañar su imagen desde adentro o desde afuera es atentar contra los propios compatriotas. Esto se trata de aprender a defender al Estado en todos los niveles”.

 

Por otra parte, las dos denuncias restantes se refieren a hechos externos, que involucran a estudios jurídicos y a personal del poder judicial.

 

Una de ellas se encuadra contra un estudio jurídico de la Ciudad de Córdoba, a cargo de Gabriel Mongi, por defraudación a la administración pública. El abogado y los supuestos beneficiarios están acusados de falsear declaraciones juradas y de utilizar documentación apócrifa para tramitar jubilaciones. La maniobra consistía en hacer figurar como dadoras de trabajo a las mismas personas que solicitaban la jubilación por empleo doméstico. Se trataba de una cadena de complicidad, organizada por el estudio jurídico. A partir de los controles rutinarios que realiza el organismo, se detectaron las maniobras y se dieron de baja los beneficios. Asimismo, se iniciaron acciones legales contra los acusados.

 

La cuarta demanda se vincula a los delitos de abuso de autoridad y de extorsión por parte de la titular de la Secretaría Nº 1 del Juzgado Federal de Corrientes, María Cecilia Sarmiento. Allí se detectaron una serie de irregularidades referidas a la tramitación de un expediente por reajuste de haberes. En primer lugar, la secretaría del juzgado debería haberse excusado del caso, ya que se trataba de su exsuegro. No obstante, el juez falló vía recurso de amparo a favor del demandante y solicitó que se le aplique el fallo Badaro.

 

Como la aplicación del fallo no implicaba un ajuste del haber del jubilado, el juez, de manera insólita, emitió un nuevo fallo utilizando la figura de “sentencia definitiva complementaria” ordenando el pago del 82% móvil. A esto, se suma una serie de diligencias del juzgado a favor de una de las partes y en infracción al proceso judicial. Por ello, la ANSES presentó el 12 de noviembre, ante el Consejo de la Magistratura, un pedido de intervención al Juzgado Federal N° 1 de la provincia de Corrientes, a cargo del Dr. Carlos V. Soto Dávila. Asimismo, se solicita una auditoría de ese juzgado, ya que el mismo es uno de los pocos del país en los cuales los ajustes de haberes son otorgados por vía del amparo.

 

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