La decisión oficial traerá aparejada una suba de la tarifa para los cientos de miles de vehículos que transitan todos los días por rutas nacionales, pero no registrará impacto en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.
Las subas podrían llegar, en algunos casos, hasta el 200%.
A fines del año pasado, las firmas concesionarias presentaron sus planteos al Gobierno por medio de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y allí solicitaron autorización para subir las tarifas entre un 48 y un 166%.
En esa misma presentación, las empresas reclamaron una renegociación contractual con el Estado y la actualización de los subsidios que ahora la administración de Cristina Kirchner decidió eliminar.
A través de la resolución 140/2012, el administrador general de Vialidad Nacional, Nelson Periotti, le pidió a las empresas concesionarias que elaboran y presenten ante su organismo los nuevos cuadros tarifarios.
La medida afectará desde el 1 de febrero a las rutas nacionales 3, 205, 226, 252, 5, 188, 7, 8, 36, A-005, 19, 38, 34, 5, 12, 16, 34, 9 y 33, según la resolución firmada por Periotti y publicada este lunes.
Las rutas nacionales que ya no contarán con subsidios son controladas por grandes constructoras como Roggio, Iecsa, Isolux y Cartellone.
Asimismo, otras arterias nacionales clave son administradas por compañías como Esuco, América (de Eduardo Eurnekian), Electroingeniería, Petersen (de la familia Eskenazi) y CPC, del empresario Cristóbal López.