Exfuncionarios, empresarios petroleros y una exdiputada del MPN están bajo sospecha por loteos clandestinos en una reserva pública.
Neuquén: políticos y empresarios, detrás de la venta ilegal de tierras en Pulmarí
La venta ilegal de tierras en Pulmarí dejó de ser un rumor de pasillo para convertirse en un escándalo político de alto voltaje en Neuquén. Lo que comenzó como denuncias aisladas por construcciones irregulares en plena cordillera hoy expone un entramado que involucra a exfuncionarios provinciales, empresarios vinculados al negocio petrolero y una exdiputada del Movimiento Popular Neuquino ( MPN).
La maniobra acumula irregularidades. Las tierras pertenecen a la Corporación Interestadual Pulmarí (CIP), un ente integrado por el Estado nacional, la provincia y comunidades mapuches. La Ley 23.612 prohíbe expresamente su venta. Sólo pueden otorgarse concesiones temporarias, mediante concursos públicos y bajo condiciones estrictas.
Sin embargo, durante más de una década se consolidó en esta zona de la Patagonia un mercado paralelo de loteos clandestinos que terminó beneficiando a sectores del poder político y económico de la provincia donde el MPN gobernó durante más de seis décadas.
Pulmarí abarca más de 113.000 hectáreas en la cordillera neuquina, cerca de Aluminé y Villa Pehuenia. Es una reserva estratégica por su valor ambiental, con enorme potencialidad inmobiliaria y para el turismo.
La normativa es clara: las tierras son públicas y comunitarias. No pueden transferirse a privados. Cualquier escritura o contrato de compraventa es, en términos jurídicos, inexistente y potencialmente fraudulento.
Aun así, se detectaron subdivisiones, alambrados y viviendas construidas en zonas protegidas. El resultado: ocupación ilegal de tierras fiscales y daño ambiental en uno de los entornos naturales más sensibles de la provincia.
Según las investigaciones internas y denuncias oficiales, solo 23 familias estaban autorizadas a residir o trabajar en el área, sin derecho a vender parcelas.
Cinco familias habrían iniciado el esquema de ventas ilegales. En los registros se mencionan los apellidos Romero, Casciano, Cuiñas, Fernández y Guzmán.
Estas parcelas fueron comercializadas mediante contratos privados y escrituras realizadas en escribanías identificadas, cuyos nombres aún no trascendieron, simulando derechos de propiedad inexistentes.
Las tierras luego fueron revendidas o convertidas en desarrollos inmobiliarios de fin de semana. Se estima que hay entre 100 y 150 compradores, muchos de alto poder adquisitivo.
Entre los compradores y operadores aparecen figuras con peso político en la provincia. Se menciona a Guillermo Coco, exministro de Energía de Neuquén, señalado como adquirente de un lote. También figuran el exfuncionario provincial Carlos Martínez; Rolando Cherqui, apuntado como comprador y revendedor; y Manuel Cuiñas, vinculado a operaciones inmobiliarias en la zona.
Además, surge el nombre de Olga Guzmán, exdiputada del MPN, vinculada a una de las familias señaladas como vendedoras ilegales.
El listado, aseguran fuentes ligadas a la investigación, se completa con funcionarios judiciales, empresarios ligados a la industria petrolera, columna vertebral de la economía neuquina, y comerciantes de alto perfil.
La hipótesis que manejan en la Corporación Interestadual Pulmarí no habla de desprolijidades administrativas, sino de un entramado de relaciones políticas y económicas que permitió consolidar loteos clandestinos durante años.
El perfil de los beneficiarios no es menor. Muchos son exfuncionarios provinciales o personas cercanas al poder político que gobernó Neuquén durante décadas. Otros mantienen vínculos directos o indirectos con el sector hidrocarburífero.
Algunos compradores no solo adquirieron tierras, sino que las revendieron, generando ganancias en un mercado completamente irregular.
Pulmarí, por su ubicación estratégica y su potencial turístico, se transformó en un botín codiciado para desarrollos inmobiliarios exclusivos, sin demasiadas contemplaciones ambientales.
El esquema salió a la luz tras denuncias de comunidades mapuches y pobladores que alertaron sobre nuevas construcciones, subdivisiones irregulares y movimientos de suelo en zonas protegidas.
Tras el cambio de gobierno provincial en 2023, la CIP avanzó con controles más estrictos y presentó denuncias penales. La postura oficial es tajante: no habrá regularización de propiedades obtenidas mediante fraude.
Las posibles figuras penales incluyen estafa, fraude contra el Estado, falsificación documental, enriquecimiento ilícito y eventual asociación entre privados y funcionarios.
En respuesta a las acusaciones, la propia Corporación Interestadual Pulmarí publicó un comunicado oficial en el que reafirmó que está absolutamente prohibida la comercialización de tierras bajo su jurisdicción y subrayó la vigencia de la Ley Nacional 23.612, que impide cualquier transferencia o cesión de dominio de esos terrenos.
La CIP detalló que las actuaciones administrativas y legales en marcha buscan sancionar posibles maniobras irregulares y evitar que se concreten pagos, reservas o acuerdos informales relacionados con supuestas operaciones inmobiliarias en Pulmarí.
Además, la CIP expresó su preocupación por la circulación de “información falsa y videos difamatorios” que, advirtieron, generan confusión y tensan aún más el clima social en torno al conflicto.
Finalmente, las autoridades remarcaron su compromiso con la defensa del patrimonio territorial, anunciando que continuarán con las presentaciones administrativas, acciones civiles y, de ser necesario, denuncias penales ante los organismos de control competentes para frenar cualquier maniobra que atente contra el modelo de administración participativa y la protección del territorio.