La cautelar que prohíbe la difusión de los audios de Karina Milei es parte de la estrategia presidencial. Las demandas a periodistas para frenar las críticas.
Javier Milei y Karina Milei
Las denuncias que el gobierno de Javier Milei inició contra periodistas, la mayoría por injurias, se actualiza a toda velocidad y convierte a la vía judicial en un escenario central de su disputa contra la crítica. El episodio más reciente se originó a partir de la difusión de audios atribuidos a Karina Milei.
El Ministerio de Seguridad denunció a Jorge Rial y Mauro Federico por la divulgación del material en Carnaval Stream. Lo consideró una “operación de inteligencia no institucional” destinada a “influir ilegítimamente en la opinión pública, alarmar y desinformar”.
Con este argumento pidió una cautelar para prohibir su circulación y ordenó el allanamiento del canal, los domicilios de los periodistas y la incautación del material, en una avanzada contra la libertad de expresión.
No es la primera vez que Rial y Federico son denunciados por el Gobierno. En julio pasado, Milei los querelló a ellos y a Fabián Doman por comentarios sobre su vida sexual, con el argumento de haber lesionado su honor y vulnerado su intimidad.
Doman ya había sido denunciado por el Presidente en 2021 a partir de una supuesta banalización del holocausto. Consultado por Letra P, el periodista dijo no entender la legitimidad de esa denuncia que, aclaró, se encuentra paralizada. Uno de sus abogados explicó a este medio que desde el inicio hubo “una tendencia del juez a favorecer al actor”, es decir, al Presidente.
En el centro de la tormenta judicial está la directora de Futurock Julia Mengolini, quien demandó a Milei -junto a otros funcionarios, legisladores y activistas digitales- por integrar una asociación ilícita destinada a hostigar y amenazar a periodistas críticos.
“Decime que sos parte del periodismo basura sin decirlo. Parece que cuando ella pega con sus mentiras está bien, pero cuando le viene el vuelto llora y quiere ir a la justicia”, había escrito Milei en X.
Milei, sin embargo, la había denunciado dos semanas antes por haber dicho, en 2024, que “vive con ocho perros y está enamorado de su hermana”. La causa está a la espera de resolución del juez Sebastián Casanello, aunque el fiscal Guillermo Marijuan consideró que debe desestimarse. Luego, el Presidente volvió a denunciarla por afirmaciones sobre el uso que hace de metáforas de violación.
En la causa iniciada por Mengolini, el fiscal Fernando Domínguez imputó a Milei, Lilia Lemoine, Santiago Oría y Daniel Parisini, el Gordo Dan, entre otros referentes libertarios.
La ofensiva judicial incluye otra denuncia a la periodista por parte de la flamante presidenta del Garrahan, Mariel Estela Sánchez, por instalar sin permiso equipos de radio en el hall del hospital para una transmisión en apoyo a quienes trabajan en el centro asistencial.
Le imputa ruidos molestos y obstrucción del servicio sanitario, uso indebido de recursos públicos y la filmación de menores sin consentimiento.
En dos meses, Futurock sufrió inspecciones, un ciberataque y agresiones. Por esto, la campaña de intimidación en su contra “es un emblema de la intensificación del hostigamiento a periodistas bajo el gobierno de Milei”, de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras.
En Argentina, la ley 26.551 de 2009 despenalizó las calumnias e injurias cuando involucran asuntos de interés público. La aprobación fue consecuencia directa del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso “Kimel contra Argentina” y establece que no constituyen delito de calumnias ni injurias las expresiones o calificativos lesivos del honor sobre asuntos de interés público.
En este marco, los jueces federales Ariel Lijo y Sebastián Ramos desestimaron en 2024 la denuncia que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, les había hecho a Nancy Pazos y a Darío Villarruel por comentarios que fomentaban “el desorden generalizado en la sociedad”.
De igual modo, las demandas de Milei a Ari Lijalad y a Carlos Pagni por afectar su honor y reputación al compararlo con Adolf Hitler fueron desestimadas por el juez Daniel Rafecas. Los fallos fueron apelados por el Presidente y las causas siguen abiertas.
Desde el oficialismo consideran que “se hace una interpretación abusiva” de la modificación de 2009. "Yo entiendo la libertad de expresión; celebro, en alguna forma, el fallo Kimel de la CIDH y la función crítica del periodismo; ahora, cuando ya se empieza a exceder ese marco de actuación es momento de decir: recuperemos un poco el honor”, afirmó Francisco Oneto, abogado de Milei.
La medida cautelar de Patricio Maraniello fue un paso más lejos: apoyado en el potencial daño a "la intimidad y el honor de las personas involucradas, así como la seguridad institucional", el magistrado prohibió la difusión de audios atribuidos a Karina.
La resolución constituye un caso de censura previa y contradice no sólo la Constitución argentina, sino también tratados internacionales con jerarquía constitucional, como la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que el derecho a la libertad de expresión “no puede estar sujeto de censura previa sino a responsabilidades ulteriores”.
La cautelar fue cuestionada por distintas organizaciones y motivó la reunión de la Comisión de Libertad de Expresión, de la que participaron Rial y Federico. Además, Jorge Fontevecchia, cofundador de Perfil, interpuso un recurso de apelación contra la cautelar.
El propio Oneto, quien no respondió las consultas de este medio, había afirmado en el canal de stream Carajo que “la censura previa es lo que impide, lo que se está proponiendo es consecuencias ulteriores”, al hablar de las denuncias a periodistas.
La comunicación política del gobierno de Milei -sus discursos, gestos públicos y tuits- se proclama libertaria y sin restricciones, en nombre de una supuesta frontalidad brutal.
Pero la política de comunicación -el conjunto de medidas formales e informales que definen cómo se organiza la comunicación nacional- opera en sentido contrario: con autoritarismo llamativo, persigue judicialmente a periodistas críticos, alienta el hostigamiento digital, vacía los medios públicos e interviene el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), entre otras acciones que lejos están de la libertad que proclama.