La iniciativa propone exenciones impositivas, incentivos a la contratación de personal, créditos y beneficios para modernizar la producción en Córdoba.
Martín Llaryora y Fernando Sibilla
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y el ministro de Producción, Fernando Sibilla, presentaron ante la Legislatura provincial un proyecto de ley para crear el Régimen de Incentivo a las Inversiones, la Innovación y el Empleo. La propuesta busca unificar los incentivos industriales.
También se propone facilitar el acceso a los beneficios fiscales y promover nuevas inversiones, la modernización productiva y la incorporación de trabajadores.
La iniciativa está dirigida tanto a las industrias que se radiquen en la provincia como a las empresas que ya desarrollan sus actividades en el territorio cordobés. Entre sus objetivos figuran la compra de maquinaria y equipamiento, la incorporación de tecnologías avanzadas y la instalación de establecimientos en parques industriales.
El proyecto plantea un esquema de promoción que reúne distintas herramientas fiscales y financieras bajo un régimen único. De esta manera, el Gobierno provincial busca establecer condiciones favorables para ampliar la capacidad productiva, estimular la innovación y generar nuevas oportunidades laborales.
Uno de los principales componentes del régimen general contempla exenciones del 100% en los impuestos sobre los Ingresos Brutos, de Sellos e Inmobiliario por un plazo de hasta 10 años para los proyectos que cumplan con los requisitos establecidos.
El período podría extenderse a 15 años para las inversiones radicadas en las zonas del noroeste y el sur contempladas en la iniciativa, así como para las empresas que se instalen en parques industriales. El esquema busca incentivar la radicación de nuevos establecimientos y favorecer la distribución territorial de las inversiones.
La propuesta también incorpora beneficios impositivos por cinco años para los parques y áreas industriales que funcionen bajo una forma jurídica propia. Este punto apunta a fortalecer los espacios destinados a la actividad manufacturera y a generar condiciones favorables para el desarrollo de nuevos proyectos productivos.
El proyecto establece una herramienta específica para las pequeñas y medianas empresas (pymes) que incorporen personal. La iniciativa contempla una asignación estímulo a la capacitación por cada nuevo trabajador contratado a jornada completa y por tiempo indeterminado.
El beneficio equivaldría a un salario mínimo, vital y móvil durante un año. En los proyectos alcanzados por los incentivos incrementales, el plazo se extendería a dos años. La medida busca reducir los costos asociados a la incorporación de empleados y promover la creación de puestos de trabajo formales.
La propuesta combina así los incentivos a la inversión con herramientas orientadas al empleo. El acceso a estas medidas dependerá del cumplimiento de las condiciones que establezca el régimen, una vez que el proyecto complete su tratamiento legislativo.
La iniciativa incorpora un régimen simplificado para empresas cuyos ingresos brutos anuales no superen los $4.500 millones. Para acceder a la exención del impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente a la actividad industrial, las firmas deberán realizar inversiones en activos fijos por un monto equivalente, como mínimo, al 1,2% de la base imponible provincial de esa actividad durante el año anterior.
El beneficio no alcanzaría a las operaciones realizadas con consumidores finales. Con este mecanismo, el proyecto busca facilitar el acceso a los incentivos fiscales para empresas que cumplan con los parámetros económicos y de inversión establecidos.
La propuesta también prevé condiciones para impulsar la incorporación de tecnologías vinculadas con la Industria 4.0, entre ellas la inteligencia artificial, la fabricación aditiva y los sistemas aplicados a los procesos productivos. Esta modalidad está contemplada para empresas categorizadas como pymes dentro del régimen general.
Además de los beneficios tributarios, el proyecto faculta al Poder Ejecutivo provincial a establecer líneas de crédito especiales para los emprendimientos comprendidos en la ley. El financiamiento podría ofrecerse mediante tasas preferenciales o subsidiadas, con el objetivo de facilitar la concreción de inversiones productivas.
La iniciativa también establece que los beneficios otorgados bajo las normas actuales conservarían sus plazos y condiciones. De esta forma, se busca preservar los compromisos asumidos con las empresas que ya participan de los regímenes de promoción vigentes.
Si la Legislatura de Córdoba aprueba el proyecto, el nuevo esquema entraría en vigencia el 1 de enero de 2027 y se extendería hasta el 31 de diciembre de 2036. El tratamiento legislativo será clave para definir la implementación de un régimen que reúne incentivos fiscales, estímulos al empleo y herramientas de financiamiento para impulsar la actividad industrial en la provincia.
