Purgan el Ministerio de Relaciones Exteriores y usan la política exterior como herramienta para estimular la grieta interna. En la ONU, cuatro años de soledad.
Mientras el comisariato ultraderechista cae sobre una Cancillería paralizada de miedo, Javier Milei y Gerardo Werthein ponen finalmente la política exterior en los rieles deseados: seguidismo de Estados Unidos e Israel y "batalla cultural" contra el resto del mundo. El detalle es que eso tiene fuerte impacto local: ignora la tradición diplomática, leyes en vigor y hasta la propia Constitución.
Importantes votaciones registradas en la última semana en la ONU socavaron varios pilares de la diplomacia nacional, como los principios de resolución pacífica de conflictos, el derecho de los pueblos a la autodeterminación, la intangibilidad territorial de los Estados y el multilateralismo. En ese camino, el Gobierno rechazó en el plano externo resoluciones ampliamente compatibles con normas vigentes en el país, presagio de que la promocionada "batalla cultural" contra el marxismo imaginario tendría como blanco final el ordenamiento legal doméstico.
El voto contra el embargo estadounidense a Cuba –atado a la tradición diplomática y al interés nacional– le costó la cabeza a Diana Mondino, pero nunca se aclaró cómo fue que el "triángulo de hierro" –compuesto por el mandatario, Karina Milei y Santiago Caputo, que tenía ampliamente intervenido el Palacio San Martín– no se enteró con antelación de lo que iba a pasar.
Las votaciones en las Naciones Unidas que sellaron la aplicación de la "doctrina Hakuna Matata" –"cuando sientas que el mundo te da la espalda, lo que debes hacer es darle la espalda al mundo– se acumularon esta semana. La mente del influyente secretario de Culto y Civilización (sic), el caputista Nahuel Sotelo, asoma claramente detrás de ellas.
Esas votaciones se realizaron a nivel de comisiones principales de la Asamblea General de las Naciones Unidas, encargadas de tratar asuntos puntuales divididos por áreas temáticas. Sus decisiones constituyen resoluciones de la Asamblea en toda la regla, que no son de cumplimiento obligatorio, al revés de las del Consejo de Seguridad.
Por caso, Argentina votó contra una resolución que establece el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, lo que incluye la instauración de un Estado independiente con reconocimiento formal de la ONU.
Lo hizo junto a otros cinco países –Estados Unidos, Israel, Paraguay, Micronesia y Nauru– y contra la decisión de otros 170. Hubo, además, nueve abstenciones, ninguna correspondiente a las principales "democracias del mundo libre" –las europeas, Canadá, Australia…– definidas por el presidente Milei.
Como se señaló al comienzo, ese posicionamiento es contrario a la normativa vigente.
Argentina reconoció plenamente al Estado de Palestina el 6 de diciembre de 2010 a través de una redacción más cautelosa que la adoptada casi al unísono por Brasil y que lo enmarca "dentro de las fronteras existentes en 1967 y de acuerdo a lo que las partes determinen en el transcurso del proceso de negociación". Es decir que esos límites también quedarán determinados por la voluntad de Israel en una mesa de diálogo.
Aquella postura de Cristina Fernández de Kirchner mantiene vigente en Buenos Aires una embajada de Palestina.
Además, es coherente con un mandato de la Constitución, que en su primera disposición transitoria impone a los sucesivos gobiernos perseguir la recuperación de "la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes".
Esto es así, por un lado, porque el respaldo a la causa nacional palestina –en el marco de un arreglo de dos Estados con Israel– congrega a una amplia mayoría de países que, año a año, acompañan a la Argentina en sus reclamos ante el Comité de Descolonización de la ONU para que el Reino Unido acepte abrir negociaciones. Pero, por el otro, porque entraña, más allá de las conveniencias, principios íntimamente vinculados a la causa Malvinas como el desconocimiento de la ocupación de territorios por la fuerza y su colonización a través de poblaciones implantadas.
Si el año próximo el Comité de Descolonización vuelve a acompañar a la Argentina, no será por los méritos diplomáticos del Gobierno, sino porque hay países que siguen políticas de Estado dictadas por su interés nacional.
Más solitario resultó el voto contra una resolución que llama a la "intensificación de los esfuerzos para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital". De hecho, el argentino fue el único sufragio adverso.
El borrador simplemente "insta" a los Estados miembros a "tomar medidas integrales y con perspectiva de género para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas, y abordar los factores de riesgo mediante la implementación de leyes y políticas". Además, los llama a "tomar medidas apropiadas para prevenir todas las formas de violencia, intimidación y ataques contra las mujeres, en línea y a través de tecnologías digitales, mediante la adopción de leyes y políticas que las protejan de la difamación y el discurso de odio".
La resolución fue aprobada por 170 a 1. Hubo, además, 13 abstenciones –Irán, Siria, Corea del Norte, Rusia, Bielorrusia, Nicaragua, Burundi, Camerún, Libia, Mali, Nigeria, Níger y Senegal– y nueve ausencias –Afganistán, Azerbaiyán, Benín, Dominica, Madagascar, Santo Tomé y Príncipe, Seychelles, Sudán del Sur y Venezuela–.
La Argentina de Milei, Werthein, Caputo y Sotelo se encuentra a la derecha de los países mencionados en la materia. La consejera María Julia Lorenzo tuvo la tarea de fundamentar la singular disidencia, alegando cierta ambigüedad de la redacción que podría amenazar el ejercicio de la libertad de expresión.
Así, el Gobierno desconoce la propia legislación doméstica en la materia, por caso la "ley Olimpia" –26.485–, aprobada un año atrás.
También en absoluta soledad y en contra de 168 países, la Argentina ultraderechista rechazó –otra vez con celo por la precisión del lenguaje– una resolución sobre derechos de los pueblos originarios que llama a "reconocer, respetar, promover y proteger los derechos de los pueblos indígenas y sus territorios, tierras y ecosistemas, salvaguardando al mismo tiempo sus tradiciones, creencias espirituales y conocimientos ancestrales, de reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado, y de garantizar su derecho a participar en la adopción de decisiones sobre asuntos que afecten a sus derechos, con arreglo a la legislación".
Raro: el inciso 17 del artículo 75 de la Constitución Nacional faculta al Congreso a darles reconocimiento a esas comunidades en términos muy similares y hasta más ambiciosos, dado su carácter de preexistentes a la conformación del Estado.
El listado de votos en organismos internacionales que no se condicen con la normativa interna se va haciendo grande.
Esta semana, Milei y Werthein decidieron el retiro de la delegación que asistía a la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático (COP29) que se realiza en Bakú, Azerbaiyán.
A ese foro habían acudido tres técnicos de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, lo que justificaría que Daniel Scioli le quitara el segundo de esos términos a la cartera. También, cuatro diplomáticos de la Cancillería bajo el mando de la embajadora en Azerbaiyán, Mariángeles Bellusci. Todos, ¡afuera!
El caso provocó extrañeza en las demás 139 delegaciones presentes y en la prensa internacional. Algo habían intuido dado el bajísimo perfil –"atemorizado", describieron testigos– con que los argentinos habían participado en los tres días previos a su salida en las negociaciones –por objetivos ambientales y créditos ligados a energías limpias– en el Grupo Sur de países sudamericanos y G-77 + China.
Argentina es signatario del Acuerdo de París sobre cambio climático y otros compromisos internacionales que no casan bien con esa deserción. Con todo, la fuga parece valer la pena: Sotelo advierte que detrás de esos objetivos nobles habría fines "perversos".
Más allá de las amabilidades formales que se prodigarán, posiblemente Milei deba darle explicaciones a Emmanuel Macron sobre esas actitudes. Los presidentes se reunirán en Buenos Aires y la conducta de villano ambiental que el argentino parece decidido a adoptar le podría facilitar al francés la excusa para no aplicar el acuerdo de libre comercio Mercosur-Unión Europea que encuentra en el proteccionismo agrícola de ese y otros países su principal razón.
Ambos participarán desde este lunes en la Cumbre del Grupo de los 20 (G-20) de Río de Janeiro, donde el Presidente estará más solo que Adán en el Día de la Madre y a la espera de la compañía poderosa de Donald Trump.
Argentina viene de desairar a Luiz Inácio Lula da Silva, organizador del evento, con su rechazo –también único– a una Declaración de Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres.
El texto –meramente declarativo– no debe ser tan grave: ni siquiera vieron motivo para oponerse Arabia Saudita, Indonesia, Turquía y Rusia, entre otros miembros del foro.
Así vista y dadas sus contradicciones con la normativa local –lo que incluye la Constitución– y tratados internacionales vigentes, la batalla cultural de los ultras de la Casa Rosada desde la Cancillería parece más motivada por el deseo de dar vuelta como una media la sociedad argentina que de reformar un mundo supuestamente decadente.
