Desde que Cristina Fernández de Kirchner dijo que “Argentina necesita una ley contra el negacionismo”, el tema empezó a moverse en la agenda pública. Una es a través del proyecto de una ley de datos personales que -tal como adelantó Letra P- se tratará este miércoles promovido por el Gobierno y que -si bien ese no es su objetivo central- obliga a respetar el proceso de Memoria, Verdad y Justicia.
A la vez, existe una decena de proyectos en el Congreso presentados desde 2015 hasta la actualidad: cada vez que algún político o funcionario reivindica a la dictadura genocida, cuestiona a las víctimas o la política de derechos humanos, aparece alguna iniciativa. Lo dijo CFK, a fines de junio en el inicio de la campaña de Sergio Massa, cuando se repatrió el avión Skyvan utilizado para los vuelos de la muerte. La frase completa de la vicepresidenta fue: “No la necesitó (la ley) hasta 2015 porque no había nadie que negara”.
Desde ese día, el Congreso recibió dos proyectos. Uno es el de la diputada oficialista por Jujuy Carolina Moisés, presentado un día después de la frase de CFK, y uno más reciente es de la legisladora Gisela Marziotta. Los dos, como los demás que ya están, surgieron sin la consulta a los organismos de derechos humanos y tienen pocas chances y voluntad de recorrer el camino hasta la ley.
Hay otra propuesta que inició un camino inverso y empezó a moverse en los pasillos del Senado y la Cámara de Diputados, pero aún no se presentó. Es el que desde hace un año prepara la agrupación H.I.J.O.S. Con el respaldo de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y que abrió la discusión entre los organismos de derechos humanos.
Mientras surgían proyectos de ley, pero ninguno de sus autores los consultaba, varios de los organismos de derechos humanos locales consideran necesaria una ley antinegacionista.
“Se niega que nuestros padres estén desaparecidos, que hayan sido torturados, que haya habido un plan de apropiación sistemática de menores, se vandalizan sitios y señalizaciones de memoria, y esto nos obliga a levantar la voz nuevamente para decir que esta no es una victoria nuestra solamente, sino que es de toda una sociedad que dice y reafirma que nunca más a este horror”, explicó Carlos Pisoni, referente de la regional porteña de H.I.J.O.S.
“El negacionismo es una infamia", definió a título personal Estela de Carlotto, a días de haber celebrado la restitución de la identidad del nieto 133. La presidenta de Abuelas se declaró a favor de una norma que castigue las expresiones negacionistas o relativistas de los crímenes del terrorismo de Estado, "sobre todo, a quienes disertan públicamente, a quienes están a cargo de la educación e intentan diseminar entre jóvenes mentiras sobre hechos que nos dolieron a todos y que nunca más deben volver a suceder".
Desde Memoria Abierta y el Centro de Estudios Legales y Sociales, Verónica Torrás, coincidió en reforzar la "responsabilidad" que le cabe a funcionarios públicos "de convalidar lo que el propio Estado ha generado en el proceso de verdad y justicia". Sin embargo, se hace una pregunta respecto del conjunto de la ciudadanía: "¿Recurrimos a la ley para penalizar porque sentimos que perdimos la batalla social? Tenemos que ser cuidadosos porque esta vía puede ser engañosa y hasta contraproducente. El debate debe seguir ampliándose, no restringirse”.
H.I.J.O.S. recogió el guante del debate hace más de un año para llegar a un consenso pero en un primer momento hallaron escollos en la punición y en la delimitación del concepto "negacionismo", es decir, qué tomar por expresión negacionista o relativista.
En estos días cerraron una propuesta que cuenta con el aval de Madres y Abuelas –aunque este organismo no ha definido una postura institucional al respecto–, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
Aún no está disponible la letra chica, pero sus impulsores definieron que su corazón es la educación con perspectiva de derechos humanos. "El negacionismo es un problema que se combate con más diálogo, con más educación", indicó Pisoni.
La propuesta modifica el Código Penal para incorporar como delito el negacionismo o relativismo de crímenes contra la humanidad –incluidos los de la dictadura y también los cometidos contra pueblos originarios reconocidos por la Justicia, o los de la Triple A, así como los genocidios en el resto del mundo–. Las sanciones estarían contempladas sólo para los funcionarios públicos y se orientarían hacia la inhabilitación y destitución.
La propuesta tiene al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo a la autoridad de aplicación. Incluso apela a cambiarle el nombre por INADIN para que la sigla incluya la palabra "negacionismo", tal como en su momento lo había propuesto Abuelas de Plaza de Mayo en su anteproyecto de ley de Fortalecimiento y Protección de la Memoria, la Verdad y la Justicia que se presentó con apoyo amplio en 2019, pero quedó en la nada.
La agrupación ya movió el proyecto entre diferentes bloques políticos buscando convertirla en una ley de consenso que comprometa a la dirigencia “con el reconocimiento de un límite que no se debe traspasar”, señaló Pisoni.
Uno de los proyectos previos había sido redactado y presentado en 2019 por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, cuando aún era diputado. La iniciativa estuvo muy cerca de convertirse en el proyecto del Ejecutivo durante los primeros meses de gestión de Alberto Fernández, pero el camino quedó trunco porque no había consenso entre los organismos. “Ni en nuestra propia fuerza política respecto de penalizar o no”, resumió una fuente que siguió de cerca la iniciativa.
Desde la Secretaría impulsaron el debate, difundieron argumentos a través de publicaciones institucionales y encuentros anuales. Tomaron nota de las críticas que venían desde “territorio compañero” y cuando la Vicepresidenta sacó el tema, desempolvaron aquel proyecto de ley, le hicieron las modificaciones pertinentes y lo tienen prácticamente terminado.
El resultado es un proyecto que tipifica al negacionismo como delito, que penaliza a funcionarios públicos y a referentes que sean candidatos a ocupar cargos públicos, con la inhabilitación, y establece capacitación obligatoria en genocidio y crímenes de lesa humanidad para los integrantes de los tres poderes del Estado.
“Una ley es una herramienta adecuada para hacerle frente al negacionismo porque es fundamental que el Estado tome posición en el tema”, apuntó Nicolás Rapetti, director nacional de Coordinación Estratégica de la SDH. Desde allí, entienden que el choque entre penalizar una expresión negacionista y el derecho a la libertad de expresión que señala parte de organismos de derechos humanos, es “una falsa dicotomía”.
“El Estado debe ejercer una regulación sobre lo que se dice en la esfera pública”, definió Rapetti. El documento no está cerrado aún, ni definido cuál será la mano que lo deposite en el Congreso, aunque se confía en que sea impulsado por el Ejecutivo.
La vicepresidenta la reclamó en su primer acto de campaña. En Diputados hay un proyecto presentado por el cordobés Fernández que prevé hasta dos años de cárcel. Los antecedentes.
Se acercó por su cuenta para conocer su identidad. Es hijo de Cristina Navajas, desaparecida tras parir en el Pozo de Banfield, y Julio Santucho, uno de los pocos sobrevivientes del clan santiagueño fundador del PRT-ERP.