La cobertura de vacantes, sin agenda en la Legislatura. La discusión salarial, edilicia y de seguridad, entre los desafíos institucionales urgentes.
El desembarco de Sergio Torres en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (SCBA) marca el inicio de una nueva etapa atravesada por tensiones internas, vacantes sin cubrir y un frente de reclamos que abarca a todo el sistema judicial.
No es una llegada más. Torres ya condujo el máximo tribunal entre 2023 y 2024, pero esta vez lo hace en un contexto mucho más adverso: una Corte desintegrada, con funcionamiento condicionado y en medio de un escenario político donde el gobernador Axel Kicillof comienza a proyectarse a nivel nacional.
La combinación de factores configura un escenario delicado: una Justicia que reclama respuestas urgentes y un Poder Ejecutivo con la mirada puesta más allá de la provincia.
El principal problema que enfrenta la nueva gestión de Torres es estructural: la Corte bonaerense no está completa.
Las vacantes sin cubrir impactan directamente en el funcionamiento del tribunal, que debe resolver causas de alto impacto institucional con una integración reducida. Esta situación no solo ralentiza decisiones clave, sino que también debilita el peso político del máximo órgano judicial.
La designación de nuevos ministros depende del Poder Ejecutivo y de acuerdos políticos en la Legislatura, un proceso que históricamente ha sido lento. En el último tiempo, además, estuvo atravesado por las internas dentro del oficialismo y las diferencias entre los bloques de la oposición.
En ese marco, la presidencia de Torres comienza con un desafío inmediato: sostener la operatividad del tribunal en condiciones de fragilidad institucional.
La crisis no se limita a la integración de la Corte. El sistema judicial bonaerense atraviesa una batería de reclamos simultáneos que involucran a fiscales, jueces, trabajadores y jubilados.
Los fiscales están en pie de guerra por la pérdida del poder adquisitivo y las condiciones laborales, con guardias permanentes que exigen disponibilidad total.
El Colegio de Magistrados reclama ser parte de la discusión paritaria, en un intento por recuperar terreno frente a la inflación.
Los trabajadores judiciales, por su parte, denuncian falta de personal, edificios en mal estado y carencias básicas para el funcionamiento diario de defensorías y juzgados.
A esto se suma el frente abierto por los jubilados judiciales, que advierten una pérdida cercana al 40% en sus haberes tras cambios en el sistema de movilidad.
El resultado es un mapa de conflicto que atraviesa a toda la estructura judicial.
Como si fuera poco, los episodios recientes de violencia en tribunales terminaron de tensionar el escenario.
La toma del juzgado en San Martín, el ataque a un juez tras un juicio por jurados en Florencio Varela y el suicidio de un detenido en tribunales de La Plata dejaron al descubierto las falencias en materia de seguridad e infraestructura.
En respuesta, la Corte avanzó en un convenio con el Ministerio de Seguridad para reforzar la custodia en edificios judiciales.
Pero incluso en ese acuerdo surgieron señales internas llamativas: el tribunal debió recordarles a los magistrados que no pueden utilizar a policías para tareas personales, una advertencia que expone desordenes en el uso de recursos.
El contexto político tampoco ayuda a descomprimir la situación.
Axel Kicillof atraviesa una etapa de consolidación dentro del oficialismo y comienza a ser mencionado como posible candidato presidencial, lo que inevitablemente reconfigura sus prioridades de gestión.
En ese escenario, la resolución de los conflictos judiciales compite con una agenda política más amplia, donde la disputa nacional empieza a ganar protagonismo.
Para la Corte, esto implica un desafío adicional: negociar soluciones con un Ejecutivo que tiene múltiples frentes abiertos y cuya atención no está exclusivamente centrada en la administración de justicia.
La nueva presidencia de Sergio Torres se asienta, así, sobre un equilibrio inestable.
Por un lado, un Poder Judicial que exige respuestas urgentes en materia salarial, edilicia y de seguridad. Por otro, un gobierno provincial condicionado por la coyuntura económica y con proyección política nacional. En el medio, una Corte incompleta que debe sostener su funcionamiento y, al mismo tiempo, ejercer liderazgo institucional.
El desafío no es menor. Torres deberá administrar tensiones internas, impulsar soluciones concretas y, sobre todo, reconstruir la capacidad de respuesta de un sistema que hoy aparece desbordado.
La pregunta de fondo es cuánto margen tendrá para hacerlo en un contexto donde la política y la crisis estructural parecen correr en paralelo. Y donde, cada vez más, la Justicia bonaerense se convierte en un reflejo de las tensiones de toda la provincia.
