Roberto Álvarez estaba acusado de delitos de lesa humanidad en Santa Fe cuando fue citado a declarar como testigo sobre la persecución, los secuestros, los fusilamientos y desapariciones de miembros de la Contraofensiva de Montoneros que la dictadura militar desplegó entre 1979 y 1981. Ante el Tribunal Oral Federal número 4 de San Martín contó que por aquellos años, mientras circulaba en un auto por los caminos que atraviesan Campo de Mayo, se cruzó con una mujer “que estaba caminando por la ruta, con signos de extravío”, y que la llevó a la Delegación de la Policía Federal en San Martín, de la que él era comisario. Esa mujer, Aixa Bona, lo estaba escuchando a través de la transmisión virtual del testimonio. Y lo reconoció como uno de los "tipos" que la trasladó desde Campo de Mayo hasta la delegación. No estaba perdida, estaba secuestrada. Álvarez no era un simple policía, sino un comisario que aportó, desde la Federal, a la inteligencia del Ejército durante el terrorismo de Estado.
El miércoles 7, Álvarez recibió su primera condena por crímenes de lesa humanidad. El mismo tribunal le impuso la pena de 10 años por la privación ilegítima de la libertad de Bona y los tormentos que padeció durante la semana que transitó engrillada a la pata de una cama de hierro en la Delegación de la Policía Federal de San Martín, entre agosto y septiembre de 1980.
Ejército y Policía Federal, "una orquesta afinada"
Gracias a la televisación del medio comunitario La Retaguardia que, desde la pandemia, transmite las audiencias de los juicios por delitos de lesa humanidad, este juicio tuvo más difusión. Pero su importancia en el proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad radica en otro punto: la claridad que suma a la aún demasiado oscura estructura de Inteligencia que sirvió de esqueleto al genocidio de la última dictadura. Una inteligencia que tuvo al Ejército a la cabeza, pero que se nutrió del resto de las fuerzas y su capilaridad para llegar a cada rincón del territorio nacional. Sobre todo de las policiales. En especial, de la Federal. Desde ahí se demuestra que Álvarez no fue un mero comisario.
El análisis de su rol en el esquema genocida no fue sencillo. Uno de los elementos fundamentales en la tarea fue su legajo, la hoja de ruta de su carrera dentro de la fuerza de seguridad. De ese documento surge que Álvarez llegó a la Delegación de la Federal en San Martín en 1979, en el marco de su desempeño dentro del Departamento de Contrainteligencia de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF), en la Ciudad de Buenos Aires. Allí funcionó el centro clandestino “Coordinación Federal”.
El comisario retirado y ahora condenado comenzó a escalar dentro de la inteligencia de la Federal a principios de los años 70. Entre 1972 y 1975 fue principal y subcomisario en la Dirección General de Interior de la SSF, uno de los tres grandes focos desde los que la fuerza organizó sus tareas de espionaje. A partir de 1976, su destino fue la Dirección General de Inteligencia. La otra pata es el Cuerpo de Informaciones.
Durante su alegato, la fiscal Gabriela Sosti planteó que todo este armado, en el que destacó Álvarez con calificaciones sobresalientes, se constituyó en “el brazo armado de la Inteligencia del Ejército” durante la última dictadura. Desde la puesta en marcha del Operativo Independencia, la Federal pasó a depender del Ejército en el marco de la “lucha contra la subversión”: "Ejército y Policía eran una orquesta afinada", subrayó una y otra vez la fiscal. Así, la Policía aportó tanto en tareas de Inteligencia como en participación activa en operativos de secuestro y sesiones de tortura. Los ejemplos sobran: hay policías federales condenados e investigados por crímenes de lesa humanidad en todo el país. La SSF tuvo especial compromiso en el circuito represivo que conformaron los centros clandestinos Club Atlético, Banco y Olimpo.
Con domiciliaria y más cuentas por rendir
El caso de Álvarez confirma, además, la función que las Delegaciones de la Federal distribuidas en el Conurbano y en todo el país tuvieron dentro del esquema represivo del terrorismo de Estado: de inteligencia y operativo. Aportaron patotas, cedieron sus instalaciones para secuestros y torturas. De hecho, muchas están señalizadas como sitios de memoria por haber sido centros clandestinos durante la dictadura.
En agosto de 2020, Bona lo reconoció como uno de los tipos que la trasladó en un auto no identificado desde Campo de Mayo, donde ella había estado cautiva y había sido interrogada bajo tortura, hasta la Delegación de San Martín. Bona había sido secuestrada el 26 de agosto de 1980 mientras intentaba huir con su beba en brazos de la casa en la que vivía junto a su compañero, Gervasio Guadix. La pareja había logrado el exilio en México años antes, pero durante la Contraofensiva de Montoneros recibió órdenes de regresar al país a hacer tareas de prensa y difusión. Guadix fue capturado y asesinado.
Juicio Contraofensiva -día 44- Aixa Bona reconoció a uno de sus secuestradores a través de la TV
Como la sobreviviente lo identificó como represor, el testimonio en calidad de testigo de Álvarez quedó desestimado. Había llegado a decir cosas muy interesantes en las respuestas que le dio a la fiscal de aquel debate, que también fue Sosti. Por ejemplo, que,en los tiempos en que fue comisario de la Delegación de San Martín había visitado “algunas instalaciones de Campo de Mayo”. “Las visitas eran corrientes puesto que funcionaba una comunidad llamada ‘comunidad informativa’ (en donde) había intercambio de información útil a las necesidades del Estado”, relató.
Además de una condena a 10 años de prisión, que por el momento cumplirá en su casa, pues el TOF nada dijo sobre su traslado a cárcel común-, Álvarez enfrentará su exoneración de la fuerza y la baja de la jubilación que recibe por su desempeño. Mientras, esperará el comienzo del juicio por la represión ilegal al movimiento obrero metalúrgico de Villa Constitución, en Santa Fe. Es uno de los veintitantos acusados, entre militares y policías retirados y exdirectivos de la empresa Acindar. Se le endilga participación en la privación de la libertad de 40 personas durante los hechos de 1975.
