16|9|2022

Campo de Mayo: dos fallos como muestra de un mismo plan de exterminio

10 de julio de 2022

10 de julio de 2022

Dos juicios conexos dejaron una veintena de represores condenados. Representantes de las víctimas hablan del volumen “inabarcable” de la estructura genocida.

Dos fallos, a falta de uno, confirmaron esta semana el volumen “inabarcable” y el carácter total de exterminio que adquirió el genocidio durante la última dictadura cívico militar eclesiástica en Campo de Mayo. Con tan solo un día de por medio, la Justicia federal de San Martín condenó a una decena de represores por delitos de lesa humanidad, imprescriptibles, perpetrados en y desde esa guarnición, convertida en centro operativo del plan sistemático de secuestros, torturas y exterminio.

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El lunes el Tribunal Oral Federal integrado por los jueces Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Matías Mancini, dio por probado que desde Campo de Mayo partieron vuelos de la muerte durante la última dictadura y condenó a prisión perpetua al excomandante de Institutos Militares Santiago Omar Riveros y a los pilotos militares del Batallón de Aviación 601 Luis del Valle Arce, Delsis Malacalza y Eduardo Lance tras haberlos hallado responsables de los asesinatos de Adrián Rosace, Adrián Accrescimbeni, Rosa Corvalán y Roberto Arancibia. Entre 1976 y 1977, esas cuatro personas estuvieron secuestradas en El Campito, el más grande de los cinco centros clandestinos que funcionaron en la guarnición, y luego subidas a aviones del Ejército y arrojadas al Mar Argentino o al Río de La Plata. 

 

Dos días después, culminó el juicio oral por la Megacausa Campo de Mayo, un proceso que durante tres años y medio revisó violaciones a los derechos humanos de unas 350 personas durante los años de plomo, contó con centenares de testigos y cerró con condenas para 19 de los 22 acusados que llegaron al final del debate con vida. El Tribunal Oral Federal número 1 de San Martín impuso penas perpetuas para Riveros, Arce, Luis Sadi Pepa, Carlos Javier Tamini, Miguel Conde, Carlos Eduardo José Somoza, Mario Rubén Domínguez, Eugenio Guañabens Perelló, Francisco Rolando Agostino y Luis Pacífico Britos. Para el resto, los jueces Daniel Gutiérrez, Silvina Mayorga y Nada Flores Vega repartieron condenas de entre 20 y 4 años de cárcel. Toda la estructura represiva de Campo de Mayo estuvo representada en este fallo.

 

Ambos veredictos tuvieron en sus planteos medidas de reparación: en Megacausa, el TOF 1 ordenó la reparación de legajos laborales y estudiantiles mientras que el TOF 2 exhortó al diario Clarín a que rectifique una información difundida meses después del secuestro de Arancibia, referida al supuesto “abandono” de los hijos de la víctima. Más allá de las coincidencias puntuales ¿es posible leer ambos veredictos como un todo en relación al proceso de memoria, verdad y justicia sobre Campo de Mayo? Desde el plano jurídico, “sí”, responde Pablo Llonto, abogado querellante en los dos juicios. “Las condenas totales de ambos tribunales ratificaron el carácter exterminador de Campo de Mayo y se supone que las sentencias deberían dialogar entre sí. Uno se imagina que los fundamentos de la Megacausa van a hacer referencia a los vuelos como método final de exterminio y que los de vuelos harán referencia a la existencia de El Campito”, estimó. 

 

La fiscal Gabriela Sosti opinó que los vuelos de la muerte “tendrían que haber integrado” el juicio de la Megacausa, al interpretar que “se trata del principal método de exterminio aplicado por la estructura genocida de Campo de Mayo”; algo que según su análisis habría posibilitado ampliar la cantidad de víctimas atribuibles a la plana mayor del Batallón de Aviación 601. No obstante, dijo, el vínculo se establece igual y amplió: “Si Megacausa da una sensación del volumen inabarcable del terrorismo de Estado desplegado desde Campo de Mayo y la concentración de estructuras operativas del terror con la guarnición como epicentro, las dos condenas juntas en una semana permiten una comprensión más acabada del plan de exterminio”. 

 

Para Llonto, los veredictos confirmaron también “el esfuerzo extra que significó y significa reconstruir lo sucedido en este escenario del terrorismo de Estado por el que pasaron miles de víctimas y del que sobrevivieron muy pocas”. Décadas de lucha, de búsqueda, de paciencia y de espera volcadas en decenas de audiencias judiciales para ganarle al pacto de silencio que rodea Campo de Mayo y en presencia del máximo jerarca de ese pacto, Riveros. “Saben todos qué pasó, pero ése sabe todo”, asintió el abogado. 

 

En tanto, Sosti precisó que “la mayoría de las víctimas eran trabajadores, de orígenes y clase social humilde. Muchas de sus familias, incluso, ni fueron a radicar denuncias ante la Conadep (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) porque debieron ocuparse de subsistir” y reveló que los testimonios en el juicio que culminó el miércoles confirmaron que una gran lista de personas que trabajaban en la metalúrgica Del Carlo fueron secuestradas durante la dictadura pero “no fueron incluidas en el juicio ni figuran en la Conadep”.