El titular de la empresa presentó nuevas pruebas en una causa que busca recuperar dos barcos retenidos ilegalmente desde hace 18 años. Cómo fue la maniobra.
Barcos de la empresa pesquera Conarpesa
El presidente de Conarpesa, Fernando Álvarez Castellano, reactivó una causa judicial iniciada hace casi dos décadas contra el ex gerente general de la empresa Carlos Alberto Rocca, por la apropiación fraudulenta de dos buques que aún continúan operando de forma irregular.
La presentación de nueva documentación apunta a desbloquear el expediente, estancado desde hace años.
La causa N° 046057507/09 tramita en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 23, Secretaría 46, a cargo del juez Fernando Saravia, y se encuentra actualmente en etapa probatoria.
Según detallaron en la empresa, las nuevas pruebas incluyen documentación original firmada por los implicados que demostraría la operación fraudulenta, con lo que se espera un avance sustancial en el expediente.
El conflicto se remonta a más de 18 años, cuando los entonces directores de Conarpesa Raúl Rubén Espinosa Feletto y Guillermo Roberto Schmid, junto al exgerente Rocca, tomaron un crédito de u$s 5 millones sin autorización del titular de la firma, Juan Álvarez, padre del actual presidente. Como garantía ofrecieron a la empresa, valuada en más de u$s 300 millones.
El contrato de crédito con la financiera liderada por Zoilo Cantón y Fernando Jorge Artigou incluía una cláusula que los denunciantes consideraron "abusiva": si no se abonaba la primera cuota, el control total de la empresa pasaría automáticamente a los acreedores.
Rocca, según la denuncia, omitió deliberadamente este primer pago, lo que activó el traspaso inmediato de la empresa a la financiera.
La maniobra se consumó con el desplazamiento de Juan Álvarez, quien fue expulsado de las oficinas.
Tiempo después, Fernando Álvarez Castellano retornó al país desde España y, acompañado por abogados y escribanos, logró recuperar la mayoría del patrimonio a través de una resolución judicial favorable.
Pese a haber revertido gran parte del fraude, Conarpesa no logró hasta ahora la restitución de dos embarcaciones que aún operan bajo otra razón social en poder del grupo acreedor. La empresa considera que estas unidades forman parte del resarcimiento por el daño patrimonial sufrido.
“No se trata sólo de dinero, sino de dignidad, justicia y reparación moral. Se lo prometí a mi padre, y voy a cumplirlo”, afirmó Álvarez Castellano, ratificando su compromiso de llevar la causa hasta las últimas instancias judiciales.
El caso suma un nuevo capítulo con la presentación de pruebas que podrían redefinir el rumbo del proceso tras casi dos décadas de dilaciones.