El fiscal Eduardo Taiano pidió elevar a juicio oral la causa que tiene como protagonista al exinterventor de la Administración General de Puertos (AGP) Gonzalo Mórtola, a quien se investiga por la presunta contratación en forma directa de una empresa sin experiencia para realizar el pliego de licitación del Puerto Buenos Aires por un millón de dólares. Con esta medida, se dan por probadas “en esta instancia del proceso” las acusaciones.
En su dictamen, el fiscal consideró probado que Mórtola "conocía que el proceso de contratación que llevó adelante era ilegal y que tuvo la manifiesta intención de burlar el reglamento de compras y contrataciones de la Administración General de Puertos", donde era Interventor.
Tras el fallo de la Sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal, a cargo de los camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, que en marzo confirmó el procesamiento, ahora se sorteará cuándo y quién llevará adelante la instancia del juicio oral.
Se trata de una denuncia que se presentó en 2018, tras la decisión de Mórtola de contratar "sin licitación ni competencia" –mediante la resolución 129/2016- a una empresa extranjera para realizar la redacción de los pliegos para licitar el futuro del Puerto de Buenos Aires. La causa recayó en el juzgado del juez Federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien procesó en septiembre del año pasado a quien fuera funcionario durante el gobierno de Mauricio Macri.
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El reglamento de contrataciones de la AGP establecía que dicho procedimiento –por el monto– requería de una licitación. Sin embargo, basado en una “urgencia” que nunca se explicó y en lo que Mórtola consideró una capacidad que ninguna otra empresa tenía en el país, se avanzó en la resolución.
De acuerdo a la denuncia, "para cubrir la ilegalidad" contrató a dos asesores que presentaron un informe justificando la experiencia de la empresa como base para la contratación directa. Para los camaristas, ese escrito contiene generalidades como, por ejemplo, que ”todos conocen en el ambiente la probada capacidad de la firma”, pero sin argumentos concretos”.
Basado en eso, Mórtola avanzó pese a los cuestionamientos de los profesionales de la AGP, la SIGEN y el propio Ministerio de Transporte -que era su organismo superior-, lo cual motivó que su balance no fuese aprobado. Ante esto, los tres camaristas y Martínez de Giorgi destacaron que no podía desconocer que estaba incurriendo en una ilegalidad.