En el arranque del tratamiento de la reforma laboral en el Congreso, la Casa Rosada sigue los movimientos de la vicepresidenta en torno a la iniciativa de traspaso del fuero laboral.
En el entorno de Javier Milei sospechan que detrás de una maniobra administrativa de Victoria Villarruel se esconde un acuerdo entre la vicepresidenta y el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, para sabotear el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires.
Las gestiones oficiales encabezadas por Patricia Bullrich y la mesa política libertaria lograron acercar posiciones en las últimas horas y le allanó, al menos hasta ahora, el camino de aprobación al proyecto de reforma laboral. Las negociaciones con los popes sindicales y los principales gobernadores, realizados por Casa Rosada y por los operadores parlamentario, aceitaron el camino para reunir los votos necesarios.
Para alcanzar el número mágico, el Ejecutivo accedió a introducir 28 modificaciones en el proyecto que cambia de raíz la legislación laboral, en función de la demanda de gobernadores y la CGT. Sin embargo, en el estribo del tratamiento del proyecto en la cámara alta entró en un banco de niebla por un movimiento imprevista, quizás el más inesperado.
Uno de los cambios introducidos por el gobierno tuvo que ver no tanto con la negociación política sino con la publicación del convenio para el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. El acuerdo era una cuenta pendiente de la postergada transferencia de competencias prevista en la Constitución porteña de 1996, pero también responde a un viejo anhelo de estudios jurídicos ligados al sector empresario, que coinciden con macristas y libertarios en calificar al fuero laboral nacional como funcional a los intereses sindicales.
Así, una de las modificaciones introducidas al proyecto original fue el artículo 91 que sostiene que la Justicia Nacional del Trabajo seguiría vigente hasta que se formalizara el acuerdo de transferencia de competencias a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y luego se avanzaría en su disolución progresiva. Firmado y publicado en el Boletín Oficial, el acuerdo dejaba en offside la redacción de ese artículo.
La novedad fue informada inmediatamente al Senado para que se modificase la iniciativa antes de su publicación, sin embargo, el equipo de la vicepresidenta no lo incluyó en la ley madre. Al contrario, lo presentó como un proyecto autónomo, lo que motivó un nuevo conflicto con Villarruel, cuyo movimiento podría demorar o alterar el tratamiento del traspaso del fuero laboral a la órbita de la Ciudad.
En la Casa Rosada apuntan al secretario parlamentario Agustín Giustinian, como el responsable operativo de la maniobra aunque dan por descontado que detrás de él está la propia vicepresidenta. La sospecha más firme es que, a contramano de los intereses del gobierno, Villarruel está tendiendo puentes con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, aprovechando que el traspaso es un tema ultrasensible en el Poder Judicial, dado que implica un impacto fuerte sobre organización judicial y un cambio radical en uno de los fueros clásicos.
