El organismo maneja 600 hectáreas en el lago Salto Grande. Una parte es de la Nación y un freno contractual vuelve la zona impermeable a inversiones privadas.
Entre Ríos: divorcio exprés entre los gremios docentes y Rogelio Frigerio
Rogelio Frigerio junto a Eduardo Cristina y Gastón Grantón mientras recorren las termas de la CODESAL. Detrás, Mauricio Colello.
Una joya turística yace sobre las costas del lago de Salto Grande, al norte de Entre Ríos. El predio incluye lago, termas y un hábitat natural único en la costa del Uruguay, con atractivos que cualquier provincia envidiaría. Pero un limbo administrativo frena su despegue y repele la llegada de inversiones privadas. El gobierno de Rogelio Frigerio puso la mira y designó a cargo a Mauricio Colello, su mano derecha.
La Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) es el organismo provincial que se ocupa de administrar esas casi 600 hectáreas a la vera del lago, nacido artificialmente a raíz de la construcción de la represa hidroeléctrica que lleva el mismo nombre. La obra faraónica dejó como contraparte un vergel turístico que enamora a cuanta persona ponga un pie en él. Sin embargo, a lo largo de los años, el predio no logró despegar porque ningún gobierno consiguió que la Nación ceda las tierras que están bajo su órbita.
El predio que maneja la CODESAL incluye termas, playas habilitadas, zonas de camping y pesca y un espacio natural con flora y fauna autóctonas. Se encuentra a unos 14 kilómetros de Concordia y muy cerca de la frontera internacional con Uruguay.
Las tierras en donde están las termas y el lago pertenecen al gobierno nacional que construyó la represa y creó el lago, a fines de los 70. En 2004, la Nación cedió las tierras a la provincia en comodato para su explotación por treinta años. Ahora, la potencialidad turística del lugar encuentra un freno administrativo porque el contrato vence en 10 años. La poca previsibilidad ahuyenta el desembarco de inversiones privadas y el desafío de Frigerio será conseguir que Javier Milei promueva la donación por ley.
Mientras tanto, la opción que el gobernador tiene sobre la mesa es la prórroga del comodato por otros 30 años más -el máximo posible- a partir del vencimiento en 2034. Según supo Letra P, eso se concretará en breve y las negociaciones ya están cerradas con Alejandro Daneri, presidente de la Delegación Argentina de CTM, dueña de las tierras.
Para este año, el organismo proyectó un presupuesto anual aproximado de unos 500 millones de pesos, que salen de dos fuentes específicas: un 50% del tesoro provincial y otro 50% de fondos propios, que se componen de los ingresos por lo recaudado de la explotación del lugar (entradas a las termas, cantinas, etc.). Ese presupuesto es habitualmente ampliado y entre un 60% y 70% se destina al pago de sueldos y a mantenimiento.
Personas involucradas con el manejo interno reconocieron a este medio que ese presupuesto es a las claras insuficiente para pensar, al mismo tiempo, obras e inversiones propias. Por eso, la estrategia de Colello es normalizar administrativamente el organismo -hay zonas con tomas ilegales, como el camping La Tortuga Alegre, entre otras- para habilitar la llegada de capitales privados que exigen de mínima estabilidad jurídica y normativa.
La CODESAL actúa bajo la órbita de la secretaría General de la Gobernación, a cargo de Colello. Hasta hace unos meses, dependía del Ministerio de Gobierno, pero en mayo Frigerio decidió poner a Colello al frente, que tiene además más feeling político con Eduardo Cristina, el hombre que maneja el organismo en Concordia.
La presencia de Cristina en CODESAL es polémica porque no tiene designación oficial. Se maneja como el hombre que decide y ejecuta y hasta aparece en las fotos y comunicaciones oficiales, pero en los papeles el designado es Gastón Grantón, un hombre de su riñón.
El desembarco oficial de Cristina fue fallido porque no cumplía con la promesa de ficha limpia que Frigerio había exigido para su gabinete. Frigerio lo nombró, pero rápidamente se conoció que el Tribunal Oral de Paraná lo había sentenciado a pagar 18 millones de pesos en el marco de una causa conocida como Aduana Paralela, que databa de veinte años atrás -en su actividad privada, Cristina ejerce como despachante de Aduana-. La causa se retomó en octubre del año pasado, en plena campaña política en la que Cristina participó en la interna de Juntos como precandidato a intendente de Concordia. En esa interna fue derrotado por otro aliado de Frigerio, el radical Francisco Azcué, exfiscal y actual jefe comunal.
En el gobierno provincial minimizan el historial de Cristina en Tribunales y sostienen que encajaría en los parámetros de ficha limpia porque no quedaron antecedente registrados tras el pago de la multa. Aseguran que fue una decisión personal la de participar de CODESAL ad honorem.