El ministro inició un esquema atípico para desarmar la empresa carguera estatal y venderla por partes. Trenes de remate y responsables designados.
Seis meses después de haber autorizado el procedimiento para su privatización total, el ministro Toto Caputo delineó quiénes y cómo harán las acciones preparatorias para concretar la salida estatal de la empresa ferroviaria Belgrano Cargas y Logística. El proceso durará un año y supone el desguace de la compañía.
Por medio de la resolución 1049/25, Caputo fijó un año de plazo para privatizar la ferroviaria que opera las líneas de cargas Belgrano, San Martín y Urquiza y repartió las tareas para su desguace entre la Secretaría de Transporte y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP).
Anunciada en octubre del año pasado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, la puesta en marcha formal de la transformación del Belgrano Cargas se dio recién a mediados de febrero mediante el decreto 67/25 que autorizó el procedimiento para su "privatización total" que estaba contemplado en la ley Bases.
Con una extensión total de 7.600 kilómetros de vías operativas y 4.429 personas en su plantilla, la empresa Belgrano Cargas está estructurada sobre la base de tres líneas estratégicas de cargas.
La privatización diseñada para la ferroviaria estatal contiene un formato atípico de desintegración en varias unidades de negocios que no registra antecedentes en otros sistemas ferroviarios del mundo.
El esquema prevé para cada línea: la concesión de las vías e inmuebles aledaños a operadoras privadas que se encargarán de los arreglos y mantenimiento con el cobro de pajes; el traspaso de los talleres a concesionarias que se ocuparán de las reparaciones y el alistamiento de trenes; y la venta de locomotoras y vagones a cuatro grupos distintos que se harán cargo de su puesta a punto y alquiler de las formaciones a los cargadores que demanden sus servicios.
De esta forma, cada una de las líneas que actualmente están integradas verticalmente bajo la administración del Belgrano Cargas quedarán fragmentadas en varias unidades de negocios que tendrían que funcionar sin fallas y con una coordinación casi perfecta para no se vean afectadas las corridas de los trenes.
La resolución de Caputo instruyó a la Secretaría de Transporte, que comanda el empresario mendocino del sector asegurador Luis Pierrini, para que lleve adelante estas acciones:
A su vez, Caputo dispuso que la ATEP, que conduce el ex gerente corporativo del Grupo Vila-Manzano y ex interventor de Télam Diego Chaher, tendrá como tareas:
Además, se estableció que, con la intervención previa de la ATEP, el área de Transporte tendrá a su cargo "la elaboración y tramitación de la documentación licitatoria, técnica y contractual” que demandará la transformación de Belgrano Cargas.
Pese a que los papeles señalan que se trata de una privatización total, el mecanismo armado por la gestión libertaria prevé que el Estado seguirá teniendo participación e injerencia en el futuro funcionamiento privado del Belgrano Cargas.
Según la letra chica de la resolución de Economía, la recaudación proveniente de las ventas de locomotoras y vagones tendría que volcarse a la infraestructura ferroviaria.
Si se cumple la norma, los ingresos obtenidos en los remates del material tractivo y rodante deberán destinarse a una cuenta fiduciaria del Banco Nación, con el objetivo de financiar un paquete específico de obras a ejecutar sobre las vías concesionadas.
