Desde que Javier Milei asumió la presidencia se tensaron los vínculos de las fuerzas productivas con los diferentes niveles del Estado debido a la discusión por los recursos. El tironeo de la frazada tiene varias manos encima y se evidenció en la zona núcleo, puntualmente en la actividad agroexportadora de Santa Fe, donde cerealeras, trabajadores, municipios y hasta el Estado nacional no se ponen de acuerdo.
El nervio por el cual discute la dirigencia es el dinero. No hay tironeo por poder o política, sino por plata en un escenario incierto. El Caputazo amagó con subir retenciones a las economías regionales y, después de darse cuenta de la que se les venía con el campo, se dieron vuelta y le subieron dos puntos al diferencial de soja industrializada.
Hicieron la más fácil, la que dijeron que no harían, la que va en contra del liberalismo. Aunque fue parejo: también pasaron motosierra a los que más tienen. Las cerealeras pusieron el grito en el cielo y siguieron cruzadas con el nuevo Gobierno después de que la semana anterior le habían negado anticipación de liquidaciones.
“Es una muy mala noticia para la economía del país. La principal industria exportadora se verá castigada por la suba de impuestos y eso va a limitar severamente el flujo de divisas y atentará contra el empleo industrial de la soja”, explicó la Cámara Aceitera (Ciara) y puso el factor empleo sobre la mesa.
Tampoco recibieron beneficios con el decretazo. Como contó Letra P, las cerealeras esperaban la desregulación de la política exportadora y qué mejor marco que el mega DNU. Solo se contentaron porque se le prohibió al Ejecutivo establecer “prohibiciones o cupos a las exportaciones por fundamentos económicos", tal como pedían. Se podría decir que demasiado habían ligado con la devaluación que llevó el dólar exportador de 400 a 800 pesos.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, también se quedó regulando. Dijo que “esperaba que entre las primeras medidas de una agenda de cambios hubiera una reforma impositiva por ley que incluyera una rebaja de impuestos a la producción, como es el caso de las retenciones al campo”. ¿Si las subieron hace una semana, por qué las bajarían ahora?
Hay un episodio que grafica la agitada situación. Los municipios santafesinos del sistema portuario agroexportador, desde Arroyo Seco hasta Puerto General San Martín, excepto Rosario, decidieron elevar la tasa que le cobran a cada camión que ingresa a los puertos y pasa por su ciudad de 5.000 a 9.000 pesos.
Esto generó un pataleo importante de la Cámara de Puertos Privados, que funciona como agente de retención de la tasa, y, lo acompañaron la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, Cámara de Comercio, Industria y Servicios de San Lorenzo y Ciara. En un comunicado sostienen que “afectará sensiblemente los costos de los transportistas de carga y por ende el de los productores”.
Además argumentan que terminará “erosionando la competitividad de las exportaciones del complejo agroindustrial argentino, principal generador de divisas de nuestro país”. Suena exagerado que 4.000 pesos pongan en juego la competitividad del sector.
Las autoridades de Timbúes, San Martín, San Lorenzo, Villa Gobernador Gálvez, Punta Alvear, General Lagos y Arroyo Seco, que acuerdan el valor de la tasa, descartan que tenga impacto en los costos.
“Es casi el 1 por 1.000. Un camión carga 30 toneladas de soja que son alrededor de 10.000 dólares. Acá se les cobra 9.000 pesos. Es irrisorio”, explicó Alberto Ricci de Villa Gobernador Gálvez. Lo que plantean es que los vehículos pesados que van al puerto, sobre todo en el cordón norte, circulan por el ejido urbano, perjudicando al vecino, complicando el tránsito, y deteriorando las calles.
“Hacemos mantenimiento de caminos, los agentes de tránsito, iluminación, tareas de mantenimiento”, explican. Sin embargo, el comunicado de las cámaras empresarias sostiene “que no se condice con ninguna contraprestación efectiva” y que es meramente “recaudatorio”.
Los municipios no dan el brazo a torcer. “Si no pagan la tasa, bueno, que entren cómo puedan”, sostuvo un intendente. Otro fue más duro con el planteo: “Se evitará que pasen por la ciudad. Que armen un puerto seco y que desde ahí entren la mercadería en tren”. Toda una muestra de la disputa por recursos, ya sea por recaudar o por no querer perder más.
A su vez, en este ambiente en el que todos están a la defensiva, la dirigencia gremial empieza a levantar la guardia. La actividad aceitera tiene uno de los sindicatos más combativos y de mejores salarios, por lo que la posible quita de Ganancias ya empezó a carburar.
“Si los trabajadores aceiteros volvemos a pagar el impuesto al salario, deberá ser el sector empresario quien se haga cargo”, avisa en un comunicado, como otras veces, la Federación Aceitera y el Sindicato de Aceiteros de San Lorenzo (Soea). Hay antecedentes de medidas de fuerza intensas con paro en las terminales portuarias. En caso de llegar a esa situación, el gobernador Pullaro dio un mensaje que conecta directamente: "No voy a reprimir la protesta social cuando no cruce los límites. Tampoco permitiré que me corten la autopista o el ingreso a puerto". Todo está conectado a 220 y puede saltar un chispazo en cualquier momento.
