La Casa Gris celebró un acuerdo con los municipios para cobrar una tasa única de acceso a los puertos. La patronal del agro teme más costos para la producción.
El gobierno de Santa Fe anunció con bombos y platillos el lanzamiento de un "sistema planificado y moderno" para arreglar las fatigadas rutas de la provincia que conducen a las zonas portuarias, desde donde sale el 80% de la producción nacional de granos. En concreto, la Casa Gris pretende unificar el cobro de una tasa de acceso a los camiones que transportan la cosecha y, con esos fondos, hacer obras.
Antes, la gestión de Maximiliano Pullaro debió limar asperezas varias con los intendentes de las ciudades portuarias, especialmente en el Gran Rosario, ya que son ellos los que actualmente monopolizan el cobro de dicha tasa de acceso a los puertos y atrapan la totalidad de los fondos. Después de reuniones varias -la última el jueves de la semana pasada- hubo acuerdo.
El propio Pullaro encabezó el encuentro en la sede de Gobierno de Rosario, junto a los ministros de Obras Públicas, Lisandro Enrico; de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; y de Economía, Pablo Olivares. El scrum de intendentes y jefes comunales estuvo conformado por Leonardo Raimundo (San Lorenzo), Alberto Ricci (Villa Gobernador Gálvez), Carlos De Grandis (Puerto General San Martín), Antonio Fiorenza (Timbúes), Daniel Tonelli (Arroyo Seco), Carlos Pighín (Alvear) y Natalia Giovacchini (vicepresidenta de General Lagos). También tuvo una silla el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Pablo Bortolato.
El acuerdo con las localidades por donde pasan los camiones no fue precisamente un lecho de rosas. Hubo, incluso, intendentes que reaccionaron con enojo. La fumata blanca llegó, confiaron fuentes en estricto off the record, cuando las intendencias y comunas se garantizaron seguir cobrando su tasa vial.
"La provincia se ocupará de unificar una tasa de acceso a los puertos, pero los municipios van a seguir cobrando su propia tasa vial, porque esos fondos son necesarios para arreglar las calles que rompen los camiones, limpiar los granos que caen, fumigar para evitar las ratas, arreglar luces y cualquier otro incidente que surja", aclaró la misma fuente.
“La reunión generó conclusiones positivas y el consenso fue en buen tono, con buena predisposición de cada una de las partes", clarificó Enrico. "Coincidimos en que es el momento de dar una vuelta de página con este tema e ir hacia un circuito portuario moderno, que tenga un plan de obras progresivo en plazos, que minimice los problemas ambientales y los cascos urbanos que se le generan a las ciudades que son atravesadas por rutas portuarias”, agregó.
Como anticipó Letra P en noviembre del año pasado, el gobernador Pullaro pretende cambiar las reglas de juego en las rutas por las que transitan alrededor de dos millones de camiones procedentes de 13 provincias por temporada de cosecha.
"La idea central -explicó Enrico- fue lograr un acuerdo para unificar un circuito de ingreso por rutas a los puertos". Según el ministro, la propuesta "tiene en un horizonte cercano comenzar a trabajar en pos de recuperar la infraestructura vial, y a su vez, desarrollar un plan de obras con la intencionalidad de propiciar una circulación segura y ordenada para la gran cantidad de camiones que ingresan a la zona de puertos”.
Por delante, resta confeccionar un proyecto de ley para que sea tratado en la Legislatura en cuya letra fina se instrumentalice el intríngulis que la Casa Gris tiene que desatar. La figura elegida sería un fideicomiso, conformado por el gobierno provincial, los municipios y comunas, la Bolsa de Comercio de Rosario, las agroexportadoras y los transportistas. Los fondos recaudados serían destinados exclusivamente para obras de infraestructura. "Tenemos que hacer todo lo que está postergado, como rotondas, puentes y doble carriles", detalló Enrico.
La pregunta que queda flotando en el aire es quién, o quiénes, pagarán esa tasa. ¿Las agroexportadoras? ¿Los camiones? ¿Los productores agropecuarios?
Ahí es donde al mantel de la mesa de consensos le aparece una arruga: la Sociedad Rural Argentina. La entidad del agro emitió este martes un comunicado -cuidado y ambiguo, vale decir- en el que abre el paraguas ante lo que denominó " un fideicomiso para financiar el mantenimiento de las rutas que conectan con los puertos del Gran Rosario".
"Entendemos la importancia estratégica de contar con una infraestructura vial adecuada, eficiente y sostenible, especialmente en regiones clave para la exportación agroindustria", se ataja la centenaria entidad y agrega que "el estado de las rutas y accesos portuarios es un factor determinante para la competitividad del sector".
Trascartón, llegan los reproches. Primero, pide que los productores agropecuarios "formen parte activa de este tipo de iniciativas, participando en los espacios de discusión y construcción de soluciones que impactan directamente en su actividad". Después, advierte que "la implementación de una nueva tasa sobre el transporte de cargas implicaría, en los hechos, un aumento adicional de los costos logísticos que recaerá directa o indirectamente sobre los productores agropecuarios, en un contexto ya marcado por una elevada presión impositiva".
"El financiamiento de la infraestructura productiva debe formar parte de una política integral, en la que el Estado nacional y provincial asuman su responsabilidad en la provisión de bienes públicos esenciales", lanza el comunicado de la SRA que, de todos modos, reafirma su "disposición al diálogo constructivo con el objetivo de encontrar soluciones que mejoren la infraestructura sin comprometer la sustentabilidad económica de los productores".
