La Sociedad Rural acompaña a la industria forestal. Proyectos y un reclamo: derogación de la Ley de Tierras que impide la instalación de grandes plantas.
La industria forestal espera el RIGI de Javier Milei
El sector foresto industrial del campo encaja pleno en el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) que propone Javier Milei en la ley ómnibus XS. También reactiva controversias pasadas con la promesa de más de u$s2.500 millones para construir una gran planta productora de pasta celulósica en la Mesopotamia si se aprueba la norma.
"El RIGI aplica en desarrollo de clusters forestales, en los que se instalan las industrias procesadoras del bosque y su madera: aserraderos, chiperas, energías renovables, plantas de celulosa, industria de placas aglomerados, fábricas de muebles”, dijo Marcos Pereda, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), al ser consultado por Letra P.
Así el campo apoya el RIGI y muestra la lógica del respaldo de los gobernadores mesopotámicos: Hugo Passalacqua (Misiones),Gustavo Valdés (Corrientes) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). La industria forestal tiene presencia también en Chaco, Formosa, Santiago del Estero y, en menor medida, en Salta.
“El desarrollo forestal tiene su zona núcleo en la Mesopotamia, ahí está el 80% de la actividad del sector; y hay excedente de madera para abastecer dos plantas de fabricación de celulosa. Los bosques ya producen 30 millones de metros cúbicos de madera por año y el consumo es de 17 millones”, detalló Daniel Maradei del Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos. El especialista fue director nacional de Desarrollo Foresto Industrial durante la gestión de Alberto Fernández y quien redactó la Ley N°25.080 de promoción del sector, vigente desde 1998.
Desde 2005 la industria celulósica de la región recibió u$s28.000 en inversiones para la radicaron de plantas en Chile, Brasil, Uruguay y también en Paraguay. Argentina quedó afuera luego del conflicto social y político en Gualeguaychú por la instalación de la pastera de la empresa finlandesa Botnia, el segundo productor mundial de pasta celulósica, que luego optó por quedarse en la ciudad uruguaya de Fray Bentos.
“Uruguay tiene tres plantas de fabricación de pasta celulósica y generan divisas por unos u$s5.000 millones, más el empleo y el desarrollo de toda la cadena productiva”, explicó Pereda y agregó: “Un aserradero clase A de exportación de madera para China ronda los u$s250 millones, una planta de celulosa como las que hay en Uruguay son de u$s2.500 millones. Son inversiones que generan divisas, empleo y producción”.
Hay un consenso histórico de los gobiernos desde el inicio de la democracia sobre el potencial de la industria forestal en Argentina. Todas las gestiones redactaron planes estratégicos para el sector.
Maradei explicó que la instalación de una planta de pasta celulósica "genera un encadenamiento productivo hacia la industria de la madera, debido a que las fábricas sólo utilizan troncos de hasta 16 centímetros de diámetro. El resto del árbol se puede utilizar para la fabricación de tableros de madera, la fabricación de muebles o la construcción de viviendas".
“En el hemisferio sur la celulosa se fabrica con bosques implantados que se crean para abastecer a las fábricas, son como cualquier cultivo, pero con más tiempo de madurez”, dijo Maradei a Letra P. Son bosques de pinos y eucaliptus y, en menor proporción, sauces y álamos.
El RIGI incluido en la ómnibus XS, que aprobó la Cámara de Diputados y espera tratamiento en el Senado, busca atraer inversión extranjera directa (IED) para explotar recursos naturales. Tal como contó Letra P, el centro de estudios Fundar advirtió sobre "las contradicciones del régimen por excesivo, por no capturar la renta de las inversiones, por descuidar el medioambiente y por amenazar la industria nacional.
Argentina tiene ventajas comparativas respecto de otros países: tierras más baratas, suelos muy ricos que generan tasas altas de crecimiento de las plantaciones forestales; incluso mejores que otros con desarrollo forestal fuerte como Chile y Nueva Zelanda. El sector implica el 1,3% del valor bruto de producción y genera el 3% del empleo industrial. Además tiene mercado interno y la balanza exterior deficitaria por casi u$s800 millones, por la importación de papel marrón para cajas.
Durante la gestión albertista preguntaron condiciones de instalación tres proyectos de mega plantas de celulosa. Uno de capitales chinos; otro de japoneses; y un tercero del grupo forestal chileno CMPC, que iba a poner una fábrica de celulosa en Santo Tomé, Corrientes, con una inversión de u$s4.000 millones. Finalmente, decidió instalarse en Brasil.
Según Maradei, todos declinaron de sus proyectos con la argumentación de que la Ley de Tierras (26.737) les impide comprar las hectáreas necesarias para implantar los bosques y abastecer las plantas.
“La industria celulósica no se instala porque los inversores extranjeros no pueden comprar tierras. Yo discutí con el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, que sostiene que la Ley de Tierras está derogada”, dijo Maradei. Por el contrario la Cámara Federal de La Plata ratificó que el artículo 154 del DNU 70/23 es inconstitucional.
“Ningún inversor va a arriesgarse con el proyecto si no tiene la posibilidad de tener su propia tierra”, afirmó Maradei y detalló que una planta “requiere entre el 50 y 70% de bosques propios, porque no quieren depender de proveedores. Necesitan 200 mil hectáreas y la actual Ley de Tierras, en Corrientes, por ejemplo, sólo les permite comprar 10 mil hectáreas”.