La ley permite que se incorporen integrantes del Gobierno, algo vedado en esquemas anteriores. Cambia la relación entre la ARCA y las personas contribuyentes.
El jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro desregulador Federico Sturzenegger fueron los primeros funcionarios en sumarse al régimen de Inocencia Fiscal impulsado por Toto Caputo, un esquema que busca atraer dólares al circuito formal y que, a diferencia de los blanqueos tradicionales, no excluye a funcionarios y dirigentes políticos.
La herramienta quedó habilitada con la ley 27.799 y su reglamentación de febrero. El nuevo sistema modifica la fiscalización del impuesto a las Ganancias, reduce la capacidad estatal para cuestionar variaciones patrimoniales y consumos declarados, y redefine los criterios de control sobre las personas adheridas.
El principal cambio introducido por la ley es la creación del Régimen Simplificado de Ganancias, destinado a personas contribuyentes con un patrimonio de hasta $10.000 millones.
Quienes se adhieran quedan protegidos frente a fiscalizaciones vinculadas con sus variaciones patrimoniales y sus niveles de consumo. En cambio, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se concentrará exclusivamente en los ingresos facturados y declarados por el contribuyente para determinar el impuesto a pagar.
La normativa también establece un "efecto liberatorio": una vez aceptada y pagada en término la declaración propuesta por el organismo recaudador, el contribuyente queda liberado de reclamos posteriores, salvo que se detecte la omisión de ingresos facturados.
La ley también elevó de manera significativa los montos mínimos para que una conducta sea considerada delito tributario.
En el caso de la evasión simple, el piso pasó de $1,5 millones a $100 millones, mientras que para la evasión agravada se elevó de $15 millones a $1000 millones. Además, el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias se redujo de cinco a tres años.
La reglamentación prevé, además, distintos mecanismos para extinguir la acción penal. la ARCA puede abstenerse de iniciar denuncias si el contribuyente cancela la deuda y los intereses, beneficio que podrá utilizarse una sola vez. Si todavía no existe una denuncia formal, también es posible evitar una causa penal pagando la deuda más un recargo del 50% dentro de los 30 días posteriores a la notificación.
La iniciativa forma parte de la estrategia del equipo económico para fomentar el ingreso de divisas que permanecen fuera del circuito formal y generar incentivos para que las personas contribuyentes blanqueen activos sin temor a futuras investigaciones patrimoniales.
Como contrapartida al relajamiento de los controles, el régimen contempla un endurecimiento de las multas para quienes presenten sus declaraciones fuera de término.
La adhesión de Adorni y Sturzenegger fue interpretada dentro del oficialismo como una señal de respaldo político a una de las herramientas más defendidas por Caputo, quien sostiene que el nuevo esquema busca reemplazar el control sobre el patrimonio por un sistema centrado en la facturación y el cumplimiento impositivo.
