El gobernador empuja un proyecto de ley para garantizar la venta de productos del sector. Las grandes empresas, en contra. Disputa e intereses.
El proyecto de Axel Kicillof para apuntalar a las pymes
El proyecto de ley de góndolas que el gobernador Axel Kicillof envió a la Legislatura bonaerense con la intención de garantizar la presencia de productos de micro y pymes en supermercados reabrió la disputa entre grandes cadenas y fábricas que se oponen a las regulaciones y sus pequeños proveedores potenciales.
Entre las entidades que no quieren ninguna regulación entre proveedores y comerciantes están la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa (CAME), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM).
Quienes sí aprueban el tratamiento por ley de la relación entre las pymes y las grandes superficies del canal moderno de comercialización se alistan la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) e Industriales Pymes Argentinos (IPA).
Fernando Savore, de la Federación de Almaceneros bonaerense (FABA), advirtió: “El problema es que nosotros les pagamos a las pymes al momento que nos dejan la mercadería y los supermercados les dan un cheque a 60 días y los desfinancian". "El otro problema es la escala que les exigen y las pymes no pueden cumplir”, agregó.
El proyecto de ley de Góndolas en estudio en el Senado bonaerense obliga a las cadenas de supermercados y a los establecimientos de más de 300 metros cuadrados a contar con la oferta de productos elaborados por pymes y microemprendimientos en los rubros de alimentos, bebidas, higiene personal, limpieza del hogar y textiles, fundamentalmente.
La iniciativa también busca imponer estas condiciones en los canales digitales de ventas.
“Las normativas regulatorias de Estado suelen generar más conflictos que soluciones y crean inestabilidad económica al cambiar las reglas del juego constantemente”, explicaron a Letra P fuentes de la COPAL y plantearon: “Para promover el comercio, la competitividad y el desarrollo de las pymes deben reducir la carga tributaria”.
COPAL reúne a 2.000 empresas fabricantes de alimentos y bebidas, donde mandan gigantes como Coca Cola, Arcor, Molinos, Unilever y Pepsico, entre otros.
“No estamos de acuerdo con una ley de góndolas provincial. Ya hay pymes que le venden a los supermercados", dijo a Letra P el vocero de CAME, Salvador Femenía.
"Con eso ya está bien", justificó y reconoció: "Tenemos la experiencia de que las grandes superficies maltratan bastante a las pymes que logran colocar productos finales en góndolas”. La evidencia tangible de este tema son las segundas marcas que ofrecen los supermercados.
La Asociación de Supermercados Unidos adelantó que está "muy en contra del proyecto" y advirtió que puede ser “inconstitucional y afectar el derecho de libre comercio”.
Con este y otro argumento, quienes integran esa cámara enviaron una carta al Senado provincial. Detallaron, además, que "el 76% de los proveedores de productos generales y el 92% de los de marca propia son pymes".
ASU agrupa a supermercadistas líderes como COTO, Cencosud (Jumbo, Disco y Vea), Carrefour, Changomás y empresas regionales como La Anónima, Toledo, El Nene, La Genovesa, Nueva Estrella y Monarca.
Las asociadas a esta entidad afirman que el proyecto de ley que Kicillof envió a la Legislatura puede tener “efectos iatrogénicos”, o sea, males producidos por quien los quiere curar.
Los mayoristas de CADAM también se oponen con énfasis. “La ley nacional fue un claro ejemplo de que no funciona el sistema de imposición y no benefició a las pymes".
"No entendemos por qué se intenta recrear algo que ya fracasó y ahora pretendan, además, condicionar el origen de los productos”, cuestionan y concluyen: "En un contexto de crisis, lo que necesitamos es que los gobiernos nos saquen la mano de encima".
CADAM nuclea a Nini, Yaguar, Maxiconsumo, Macro, Diarco y otros conocidos del país.
Gustavo Casciotti, de Apyme Mar del Plata, fundamentó el apoyo a la iniciativa de Kicillof en el hecho de que el decretazo 70/23 de Milei eliminó la ley de Góndolas nacional, el Compre Pyme y dejó "indefensas a las pymes".
"Es muy complejo para nuestro sector ingresar a las grandes cadenas y en la ley debe quedar establecido el tema de los plazos de pago, que es crucial”, puntualizó.
El dirigente marplatense afirmó que “las grandes superficies obturan el ingreso de las pymes y eso también va en contra de los consumidores que se pierden de mejores precios" y destacó que el proyecto de Kicillof exija un máximo de cinco proveedores por producto.
"Vemos muchas marcas en góndolas, pero son de un solo grupo económico. El aumento del precio está relacionado con la concentración de la oferta y la posición dominante de quienes fijan precios muy por encima de su estructura de costos”, planteó.
Daniel Rosato, de IPA, coincidió que "hay una condición oligopólica del mercado, que excluye a las PyMEs e impide a la sociedad a tener una mayor variedad de productos y precios".