Apoyo de las distribuidoras de gas al reclamo de intendentes. Pulseada con el ministro por el desdoblamiento de las facturas. Plan de ajustes tarifarios.
En medio de las críticas del ministro de Economía, Toto Caputo, por el cobro de tasas locales en las boletas de servicios públicos; intendentes del Gran Buenos Aires que forman parte de la Federación Argentina de Municipios (FAM) consiguieron un apoyo inesperado de las empresas gasíferas.
En el marco de las revisiones tarifarias quinquenales que se tratarán en una audiencia pública la próxima semana, Caputo impulsa una modificación reglamentaria para que las boletas de gas lleguen desdobladas a los hogares. Por un lado, los ítems e impuestos nacionales específicos del servicio; y, por otro, los recargos y tasas municipales.
Para apuntalar esta movida, el titular del Palacio de Hacienda evalúa eximir de los cortes del suministro a las personas usuarias que decidan no pagar la parte correspondiente a las tasas locales.
Al fijar posición de cara a la audiencia pública, Metrogas, Naturgy, Gasnor, Gasnea, Gas Cuyana, Gas del Centro, Camuzzi Pampeana, Camuzzi Sur, Litoral Gas y Redengas rechazaron la jugada de Caputo por considerarla “improcedente, inconveniente y de difícil implementación por su alta complejidad técnica”.
Más allá del costado político, la pulseada por las tasas también tiene aristas económicas y legales contrapuestas. La administración mileísta quiere suprimirlas para bajar la carga fiscal y reforzar el descenso inflacionario.
Caputo sostiene que las tasas que impusieron los gobiernos locales a las distribuidoras de gas y electricidad no se ajustan a las normas nacionales y deben ser dadas de baja.
Las autoridades municipales, en tanto, defienden la autonomía local y justifican los recargos en los servicios públicos en la necesidad de contar con recursos propios para afrontar gastos y atender la reanudación de las obras que paralizadas por la motosierra de Javier Milei.
Entre otras medidas, el Ministerio de Economía inició acciones legales contra la Municipalidad de Lomas de Zamora y el gobierno bonaerense por la implementación de la tasa vial en la venta de combustibles líquidos.
La cartera económica fijó, además, nuevas disposiciones que prohíben a los entes reguladores y a las prestatarias de servicios añadir nuevas tasas o recargos tarifarios.
La mayoría de las intendencias del conurbano respondieron con presentaciones de recursos de amparo destinados a mantener el cobro de tasas en las boletas de luz y gas.
El rechazo de las gasíferas a la pretensión oficial de segmentar las facturas para que usuarios residenciales decidan si quieren o no pagar las tasas locales representó un punto a favor que no esperaban quienes están a cargo de los municipios.
Además de señalar la falta de tacto de la administración libertaria, que no chequeó previamente como iban a reaccionar las empresas, a los intendentes les llamó la atención que haya sido Metrogas, la principal distribuidora de gas del país y bajo el control de YPF, la que encabezara el rechazo al desdoblamiento de las boletas.
Las distribuidoras plantean cuatro objeciones:
En cuanto a los ajustes tarifarios para afrontar las inversiones, planes de obras y gastos operativos de los próximos cinco años; las distribuidoras solicitaron un aumento en sus ingresos específicos que oscila entre el 38% y 49,5%.
En el caso de las transportadoras TGS y TGN, los incrementos se ubican entre el 22,7% y 52%.
Estos aumentos implicarían un impacto en las boletas finales del 13% al 20%.
En principio, el Gobierno sólo estaría dispuesto a admitir un traslado máximo a las facturas del orden del 10%, lo cual llevaría a un recorte de las obras e inversiones planificadas hasta 2030.
Además, las empresas pidieron desechar el ajuste semestral por mayores costos de operación que prevé el marco regulatorio y mantener el actual esquema de actualización mensual que se viene aplicando desde 2024.
En este caso, la gestión libertaria ya avisó que está de acuerdo con el planteo para que las facturas de gas sigan aumentando todos los meses, más allá de la suba que se apruebe por la revisión quinquenal.
