Las grandes cerealeras pujan con el Gobierno por un cambio en la negociación paritaria, la nueva ley de biocombustibles, el Belgrano Cargas y la Hidrovía.
Mientras Javier Milei y Toto Caputo cuentan cuántos dólares entrarán por la liquidación de la cosecha gruesa, las grandes cerealeras agroexportadoras persiguen cuatro objetivos a la vez: entrar al mercado local de biocombustibles, ganar la privatización del Belgrano Cargas, doblegar al gremio de aceiteros en la paritaria del sector y bajar los costos logísticos de la Hidrovía.
Son apuestas estratégicas que muestran el poderío de las grandes multinacionales y las empresas locales que dominan la exportación de soja, maíz, girasol y trigo; sacan del apuro al gobierno de turno con sus liquidaciones anticipadas (nunca gratuitas) y, ahora, ven campo libre para avanzar con algunos reclamos históricos.
La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro Exportador de Cereales (CIARA-CEC) es un actor protagónico de la política económica argentina, porque controla la canilla de dólares con la que distintos gobiernos tapan los huecos crónicos de divisas. Tiene una treintena de asociados, pero un puñado de empresas domina la conversación: Cargill, Bunge (ahora fusionada con Viterra), Louis Dreyfus, COFCO y las nacionales Aceitera General Deheza (AGD), de Roberto Urquía, y Molinos Agro, el brazo exportador de la familia Pérez Companc.
Bajo la presidencia de Gustavo Idígoras, las empresas que integran la CIARA-CEC aportaron u$s 7000 millones de emergencia en septiembre, al agotar en dos días la ventana de retenciones cero que Caputo implementó de urgencia para conseguir dólares y llegar con aire a las elecciones. Luego, parte de ese beneficio se trasladó a productores, aunque no al precio pleno que hubiera correspondido sin retenciones. Habían hecho lo mismo con Sergio Massa como ministro en las distintas ediciones del “dólar soja”.
Con distintos mecanismos financieros, son las primeras beneficiarias de cada baja de retenciones, al trasladarle al productor -en todo o en parte- cada recorte impositivo. También se apropian del diferencial de derechos de exportación entre el poroto y los subproductos, al descontarle al dueño de la materia prima el impuesto completo y, luego, pagar el tributo correspondiente a la venta de harina o aceite, un par de puntos inferior.
Según cálculos de la economista Natalia Pérez Barreda, del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), entre diciembre de 2023 y mayo de 2026, la transferencia de ingresos por rebaja de derechos de exportación superó los u$s 5000 millones. Fue dinero que dejó de cobrar el Estado.
Mientras aminora el ritmo de liquidación de la cosecha gruesa y el Banco Central compra menos divisas, Idígoras atiende varios frentes a la vez. Quizás el más sensible para las empresas sea la paritaria. CIARA-CEC intenta doblegar a la Federación de Trabajadores Aceiteros, la organización que conduce Daniel Yofra y que, desde hace más de una década, negocia cada actualización salarial con una canasta básica propia, compuesta por bienes y servicios de clase media. Esa canasta llevaría el salario inicial a $2,8 millones, según los cálculos del gremio.
Esta vez, reforma laboral de por medio, la negociación está árida. En el gremio la emparentan con las pujas de 2015 y 2020, que redundaron en huelgas de casi un mes que paralizaron los puertos. Es un gremio de pocas personas trabajadoras, en comparación con los sectores de comercios o los “gordos”, pero con mucha capacidad de daño por trabajar en el estratégico productor de dólares. El periodista Pablo Waisberg contó esas luchas y el impacto que tuvieron en las relaciones entre el capital y el trabajo en el libro Aceiteros.
El año pasado, CIARA-CEC quiso desvincular la negociación de esa canasta básica aceitera, sin éxito. Ahora, va por la revancha. La Cámara propuso, ante funcionarios de la Secretaría de Trabajo, actualizar salarios todos los meses por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El gremio se opone.
En la intervención directa de la subsecretaria de Trabajo, Claudia Testa, el gremio lee euna voluntad del Gobierno de resolver la negociación sin que escale el conflicto. La semana pasada, la funcionaria convocó a una instancia presencial en la Bolsa de Comercio de Rosario. Las audiencias suelen ser por zoom. Ni en el cuerpo a cuerpo las empresas se movieron de su voluntad de negociar por IPC. “La canasta no se aplica nunca y es de un mundo en el que la mujer no trabaja, la familia tipo de cuatro personas tiene educación privada y se va de vacaciones seguido”, le dijo Idígoras a Los Perfiles del Poder, el newsletter semanal de Economía de Letra P (suscripción gratis, acá). “En periodos de inflación muy elevada, las diferencias entre esa canasta y el IPC se absorbían en tres meses, pero ahora es distinto”, justificó.
El gremio de Yofra interpreta que las empresas quieren aprovechar esta instancia para arrancarle al Gobierno otra baja de retenciones o ver hasta dónde aplica la reforma laboral. Sergio Arelovich, economista que asesora al sindicato y participa de la negociación, no le encuentra sentido a la discusión. “El impacto económico de la actualización que pretendemos es del 0,1% de las ventas declaradas por las empresas”, señaló.
Quienes negocian volverán a encontrarse, de manera virtual, este martes, y el jueves vence la conciliación obligatoria. Nadie sabe qué puede ocurrir. La nueva ley laboral obligaría al gremio a mantener dotaciones mínimas ante una huelga. Hay quienes le recomiendan a Yofra no lanzar un paro del 100% para no forzar de más a un gobierno que parece dispuesto a arreglar. Las empresas tampoco saben cómo sería una huelga. El gremio se reconoce dentro de los sectores “trascendentales”, que deberían mantener dotaciones del 50% en operación con la nueva ley. Las empresas sostienen que pueden ser consideradas “esenciales”, al tener actividad en el puerto. En ese caso, la dotación mínima sería del 70%. En todo caso, nadie sabe cómo funcionaría una planta de crushing con el 50% de la gente. Es una moneda en el aire por un pedacito de la facturación de las grandes empresas.
En paralelo, Idígoras y compañía pujan en el Congreso para cambiar la ley de biocombustibles. Letra P viene contando el debate que acaba de iniciar en el Senado, por un proyecto de ley de la Secretaría de Energía que empuja Patricia Bullrich y acompañan las compañías nucleadas en CIARA-CEC.
El texto aumenta mínimamente el porcentaje de corte de biodiésel, del 7,5 al 10%, y, más importante, abre la puerta para que las grandes agroexportadoras puedan vender biocombustible en el mercado interno, algo que tiene prohibido desde hace más de 20 años.
No es el único proyecto que busca cambiar la situación actual. Los gobernadores de las provincias productoras de bioetanol y biodiésel tienen la llave: Córdoba, Tucumán y Santa Fe.
La ley vigente, sancionada en 2020, ratificó las cuotas de mercado que rigen desde 2003, con el OK de Carbio, la cámara de biocombustibles que representa a las grandes aceiteras focalizadas, hasta hace una década, en el mercado exterior.
La norma dispone un cupo obligatorio, un precio regulado y un mercado repartido entre empresas pymes, medianas y grandes nacionales y no integradas, es decir, que compran el aceite para hacer el combustible. El Gobierno, con la venia de YPF y otras petroleras, quiere que las agroexportadoras ahora vendan al mercado doméstico.
Las multinacionales pujan para abrir ese mercado porque la exportación a Estados Unidos se cerró hace una década y Europa también frenó las compras al Mercosur. Las empresas locales resisten, con banca de los gobernadores. El santafesino Maximiliano Pullaro propuso un camino alternativo, con un 40% del mercado reservado a las compañías no integradas. Todo está en discusión.
Dentro de CIARA-CEC también hay discusiones. Bunge, una de las empresas dominantes, es la principal proveedora de aceite de las plantas de biocombustibles que venden al mercado interno. Entrega el 60% del insumo. Perdería ese negocio y debería negociar un cupo inferior para vender biocombustible con un nuevo plexo normativo. Sería una gran perdedora, interpretan quienes le compran el aceite.
Idígoras hace equilibrio en esa interna. “Queremos ser parte del abastecimiento del mercado interno y todos los proyectos lo permitirán, con bemoles. El que escribió la Secretaría de Energía prevé que el corte llegue al 10% y nosotros queremos más”, dijo. “Hasta diciembre de 2030, habrá un cupo para que las fábricas que no invirtieron en plantas de aceite hagan su proceso natural de adaptación”, añadió. “Habrá un plazo suficiente para que cualquier empresa pueda invertir en una planta de aceite o se asocie con alguna”, sostuvo.
Las empresas que abastecen al mercado doméstico advierten que están en desventaja. “Tener la propiedad del aceite hace imposible la competencia entre integradas y no integradas”, le dijo a este medio Federico Martelli, director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb). “Las no integradas tienen que comprar el aceite al competidor, pierden cualquier discusión; además, Cargill no paga Ingresos Brutos ni impuesto al Cheque por ese aceite que ya tiene en su planta”, añadió.
Federico Pucciariello, presidente de Energy Essential Holding, lo vincula a las retenciones. “Son el verdadero distorsionador del mercado, porque Ciara le descuenta el 100% (de los derechos de exportación) al productor y paga el impuesto solo por lo que exporta; todo lo que vende al mercado interno está subsidiado”, justificó.
CIARA-CEC tiene intereses en dos de las grandes privatizaciones de Javier Milei: la hidrovía y el Belgrano Cargas.
Las empresas que la integran siguieron de cerca todo el proceso de adjudicación de la Vía Navegable Troncal (VNT), que da salida al 80% de las exportaciones, y ahora puja por bajar el costo del peaje un 15% adicional. Para eso, envió una carta al ministro Caputo para pedirle que el Gobierno no le cobre IVA a Jan De Nul por las tareas de dragado.
Las exportaciones no pagan IVA, pero los trabajos internos, sí. Ese impuesto se traslada al precio del peaje, por lo que encarece el costo de las cerealeras. “La concesión de los noventa eximió al dragado del pago de IVA, al considerarlo un servicio al comercio exterior”, dijo Idígoras. “Iniciamos gestiones con el Ministerio de Economía para ir al mismo régimen, porque en el pliego no estuvo previsto”, agregó. “Eso bajaría la tarifa un 15% adicional”, añadió.
Además, CIARA-CEC quiere integrar el consejo de control que la autoridad portuaria implementará para supervisar la concesión y las obras. “Es un consejo donde vamos a estar sentados, con mandato, para ver la evolución de las obras, sus costos y los impactos económicos y ambientales. Son trabajos a 25 años y queremos que salgan bien”, dijo Idígoras.
CIARA-CEC también espera que el Gobierno publique los pliegos, demorados, para privatizar el Belgrano Cargas. Como contó Letra P hace una semana, las cerealeras grandes acompañarán a AGD -ya gestiona el carguero Nuevo Central Argentino (NCA)- en una oferta para manejar los trenes cargueros que llevan la cosecha. Pujan con el Grupo México, que presiona para gestionar toda la red.
La publicación de los pliegos estaba prevista para mayo; luego, para junio, y se estira. Una versión es que el Gobierno la dilata porque los pliegos chocan con los intereses de los mexicanos, que prometen una inversión de u$s 3000 millones para operar todo el sistema carguero y no quieren una licitación divida en partes que habilite el sistema de open access, por el cual un operador podría hacer pasar sus convoyes por las vías de otra concesión a cambio de una tarifa. Otra, que falta coordinación entre las autoridades de Transporte.
Son muchos frentes abiertos para las dueñas de la soja y el resto de los cultivos, pero esta vez se sienten con resto para dar todas las peleas.
FUENTE: el mundial
