En una nueva medida para limitar la injerencia estatal en el mercado eléctrico, el interventor designado por Javier Milei en el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Darío Arrué, ordenó retirar al personal técnico de ese organismo de las bases operativas de Edenor y Edesur.
La decisión de Arrué, quien desde su llegada al ente regulador acumula una serie de episodios polémicos, implica una reducción significativa del control sobre la calidad del servicio de las distribuidoras del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)
A través de una resolución interna, el interventor del ENRE dispuso el retiro de todo el personal técnico que desarrollaba funciones en las bases operativas de las empresas distribuidoras Edesur y Edenor.
Resistencia de Edenor y Edesur
La medida representa una concesión gubernamental a las empresas que resistieron históricamente la presencia de técnicos del organismo regulador en sus instalaciones y disminución de la capacidad de monitoreo oficial para verificar el funcionamiento de las compañías distribuidoras.
La remoción de 35 especialistas significa, además, un retroceso en la capacidad de supervisión que el ENRE había logrado ejercer sobre las inversiones, mantenimiento y reparaciones del servicio eléctrico.
La disolución del área técnica del ENRE pone fin a una década de producción in situ de información verificada sobre el trabajo realizado por las empresas en relación con las inversiones y la atención de contingencias, que se inició durante la crisis del verano de 2013/14 que sacudió al mercado energético.
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Cuadrilla de operarios de Edesur
Durante los meses de primavera y verano de esos años, se extendieron los cortes del suministro eléctrico, principalmente en el AMBA. Esta situación obligó al Gobierno a extremar los controles sobre las distribuidoras y redundaron en multas millonarias por la mala calidad del servicio y la falta de inversiones.
Aumentos y falta de control
Ahora, con la decisión oficial, el ENRE revertirá la capacidad de fiscalización y pasará a depender exclusivamente de la información que le provean las distribuidoras, sin poder contrastar con verificaciones y relevamientos propios. Esto, advierten fuentes del sector, va a disminuir la capacidad del organismo para supervisar adecuadamente las inversiones, el mantenimiento y las reparaciones que realicen las empresas.
La resolución coincide con el aumento del 300% en el Valor Agregado de Distribución (VAD), que se traduce en un salto tarifario para las personas usuarias en favor de las distribuidoras; todo en contra de la lógica administrativa que sostiene que se requiere de una supervisión eficaz de las inversiones para mejorar la calidad del servicio eléctrico en compañías que ya vienen siendo cuestionadas por la prestación brindada.
Los funcionarios de Javier Milei
La decisión de Arrué está en sintonía con la orientación general de la administración libertaria en materia energética. Como venía contando Letra P, la designación del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, vino acompañada por una escuadra operativa donde predominan ex gerentes de Techint (Paolo Rocca); ex directivos de Corporación América (Eduardo Eurnekian) y de Pampa Energía (Marcelo Mindlin); y ejecutivos que llegaron de los grupos Caputo, Central Puerto y el estudio Conte Grand.
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Cuadrilla de operarios de Edenor
A ese esquema se sumaron una serie de técnicos colocados por Rodríguez Chirillo en empresas estatales de energía, entre los que se cuenta al interventor del ENRE. A poco de asumir, Arrué realizó una serie de movimientos internos en el ente a su cargo que generaron revuelo en el sector por la designación de amigos con contratos millonarios.
Así, durante enero, sin la aprobación administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Arrué puso en vigencia una nueva estructura organizativa del ENRE que le permitió reformular todas la áreas, desplazar a personal de carrera y ascender a personas de su confianza y con experiencia técnica escasa.