Los países encaran estrategias para la IA. Javier Milei promete energía barata, pero desatiende el potencial local. El Congreso, bien, gracias.
“La inteligencia artificial (IA) es pura genialidad. Tenemos que hacer crecer a ese bebé y dejar que se esfuerce, no podemos detenerlo con reglas estúpidas”, dijo hace unos días el presidente de Estados Unidos, Donald Trump al anunciar su Plan de Acción de Inteligencia Artificial.
El programa se propone una desregulación agresiva de la industria, enfocada en desandar la agenda de una IA responsable propuesta por el expresidente Joe Biden y a reforzar la alianza con Silicon Valley luego de su pelea con Elon Musk.
Con la nueva ola de desarrollos que suponen los sistemas y modelos basados en IA, los países -y Argentina no es excepción- están definiendo si serán sólo las grandes empresas las que tomarán las próximas decisiones o habrá algún actor más, en forma de alguna intervención estatal, para moldear y limitarlas.
Estados Unidos lo tiene claro: su nueva estrategia es que el mercado decida. China, también: las innovaciones son parte de un fuerte plan estatal de inversión y regulaciones destinadas a proteger los derechos de las personas que utilizan los servicios tecnológicos.
Europa optó por un modelo enfocado en los derechos humanos con el Acta de IA, la ley de Servicios Digitales y el Reglamento General de protección de datos conformando un entramado regulatorio que genera debates internos y un “efecto Bruselas” aspiracional hacia el exterior.
En el Congreso existen 39 proyectos de ley de variada intensidad regulatoria. El debate “regular vs. innovar” se repite en las discusiones sobre la IA.
Legisladores alineados con el oficialismo rechazan una regulación excesiva, al advertir que podría asfixiar a las empresas tecnológicas y desalentar su confianza e inversión en el país.
Los argumentos se basan en una premisa discutible: que los países que regulan mucho crecen poco. Sin embargo, los datos los contradicen rápidamente: China crece un 5 %, impulsada por nuevas tecnologías y con un nivel alto de regulación.
Estados Unidos prefiere no intervenir en los negocios de las big tech y crece al 2,8 %. Y Europa -donde la IA Act recién entrará en vigencia en agosto y que, paradójicamente, es acusada de ahogar con leyes a las industrias- apenas logra alcanzar un 1% de crecimiento anual.
El problema es tan nuevo que la evidencia supuesta todavía no permite concluir cuál es el camino correcto.
Los debates en la Comisión de Ciencia y Tecnología, así como en foros y paneles sobre la cuestión, suelen quedar atrapados en el falso dilema: regular mucho o poco.
La dicotomía aleja otras preguntas fundamentales: qué infraestructuras se necesitan, qué modelos energéticos, qué esquemas de datos, cómo crear y sostener recursos humanos y –sí, también- qué leyes deben tenerse.
El problema no es regular: el problema es que la propuesta de no ahogar con leyes a la innovación tecnológica esconde dos cosas. La primera, que se necesita una estrategia de desarrollo clara. La segunda, que mientras no se actúa formalmente para darle un marco a las tecnologías, ellas igual siguen su camino, moldeadas por decisiones políticas diarias.
Cualquier decisión que afecte a las políticas de ciencia, tecnología, economía o educación regula de facto la IA.
La regulación no puede ser un primer paso aislado. Debe ser a la vez parte y consecuencia de una estrategia de inteligencia artificial que marque rumbo. Antes de regular, se necesita una estrategia de IA. Otros países de la región, tan distintos como Uruguay, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana o Perú ya tienen la suya.
Argentina intentó construir esta estrategia varias veces: lo hizo durante los gobiernos nacionales de Mauricio Macri y Alberto Fernández, y con el alcalde Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad. Pero nunca se llegó a consolidarla.
No es fácil. Una estrategia obliga a sentar en la mesa al Estado, al sector privado, a la sociedad civil y a la academia para llegar a un consenso sobre qué tipo de desarrollo se quiere impulsar.
Esto destapa cuestiones vitales. ¿Quién va a invertir en las infraestructuras, los centros de datos, los recursos humanos? ¿Quién y cómo va a proteger los datos de las personas? ¿Vamos a aprovechar los recursos que ya tenemos? ¿Cómo intervendrían las universidades nacionales o empresas públicas para que sumen a la estrategia? ¿O que el mercado se encargue de todo?
En términos de infraestructura y energía, los desarrollos actuales de IA están llevando al sector tecnológico en su conjunto a consumir el 1,4% de la energía del mundo, una cifra que crece año a año. Por lo tanto, cualquier estrategia de IA nacional tiene que definir su matriz energética.
Por empezar: ¿de dónde va a salir la energía y de qué tipo va a ser? El actual presidente de Nucleoeléctrica Argentina, Demian Reidel, lo tiene claro: "No vamos a ser líderes globales en IA, pero sí podemos ser un hub de IA, tener centros de datos”.
El plan del exasesor presidencial es que Argentina sirva para que grandes empresas como OpenAI, Amazon o Google puedan nutrirse de energía para sus desarrollos, como ya está ocurriendo en la Patagonia chilena.
“No queremos tiros en los pies con regulaciones que no le importan a nadie", agrega Reidel.
De llevar adelante su plan, Reidel estaría ya definiendo una decisión a favor de un modelo: el de un país que utiliza sus recursos naturales para ser un proveedor más en la cadena de valor de las grandes tecnológicas mundiales.
Otra pregunta central es la gobernanza y la protección de datos. Aquí el punto de partida es alarmante: la legislación nacional de datos personales data de 2000. Si bien hay un proyecto de actualización presentado en 2023, que contemplaría mayores y mejores garantías para las personas, el Congreso no avanzó ni tiene pensado hacerlo en su tratamiento, al menos en el corto o mediano plazo.
En cualquier estrategia de IA, una ley de datos actualizada viene antes de todo. Mientras tanto, los desarrollos públicos y privados avanzan sin freno y los datos circulan sin garantías, sin transparencia y sin un Estado con capacidad real para protegerlos.
Así se acumulan decisiones críticas sin control democrático, mientras el vacío regulatorio se ensancha en áreas tan sensibles como la salud, la educación y la seguridad pública.
Contar con una supervisión adecuada de los datos que utilizan estos sistemas es vital. Sin ella, los errores y sesgos de las tecnologías (voluntarios o involuntarios) producen más desigualdad, especialmente entre las personas que ya la sufren: niños, mujeres, personas pobres, migrantes.
La regulación de la IA suele plantearse como un problema aislado del resto de las políticas en general y de las de ciencia y tecnología en particular. El problema no es lineal sino una estructura en capas complejas y anidadas, cual muñeca rusa.
No es posible subirse a la carrera de la IA sin considerar una política de desarrollo tecnológico nacional explícita, articulada y contrarregresiva. A su vez, no puede pensarse separada de una política educativa, una energética o una de datos. Pretender avanzar sin este entramado es correr sin rumbo.
Ante este panorama, Argentina cuenta con mucho más que fuentes de energía para beneficio de otros. Está lejos de ser un país sin potencial: tiene formación científica, recursos tecnológicos e infraestructuras clave (ARSAT o INVAP, por caso).
El problema, estratégicamente silenciado por quienes saltean los debates para centrase sólo en las regulaciones es que actualmente estos recursos están siendo desfinanciados o desaprovechados.
Por ejemplo, se detuvo la ampliación de la Red Federal de Fibra Óptica de ARSAT, se congelaron los proyectos satelitales, se suspendieron inversiones y se mantuvieron los salarios paralizados desde agosto de 2024, lo que provocó la salida del 25% del personal técnico calificado y agravó la fuga de cerebros.
También, en 2024, la inversión en educación cayó un 40% del PBI. Así, se desalientan a universidades nacionales, como la Universidad Nacional de Córdoba, que cuentan con investigadores de altísimo nivel en supercómputo, reconocidos por la comunidad y los medios internacionales.
Estos y otros podrían ser proveedores de capacidades muy valoradas por el mercado. Pero sin inversión no hay política tecnológica posible.
Al comienzo de su mandato, el presidente Javier Milei dijo que quería que Argentina fuera uno de los cuatro polos de inteligencia artificial del mundo. Por ahora, no sólo no sucede, sino que incluso se están desaprovechando y demoliendo peldaños que permitirían avanzar hacia ese horizonte.
Si legisladores, especialistas o la oposición quieren dar un debate estratégico sobre la política tecnológica del país, necesitan evitar el falso dilema de la regulación.
La IA no es sólo una herramienta: es una fuerza estructurante que reconfigura las relaciones sociales, las decisiones públicas y las formas de ejercer derechos.
Si no se la moldea democráticamente, seguirá su camino, pero en manos de quienes la regulen de facto con la excusa de no regular nada. Y lo hará profundizando las desigualdades existentes, amplificando brechas y dejando fuera del juego a quienes ya parten en condiciones de desventaja.
