Economía busca dólares no declarados, pero las entidades deben cumplir normas y regulaciones que chocan con las pretensiones libertarias.
Toto Caputo apura la implementación de la Ley de Inocencia Fiscal aprobada por el Congreso, con el objetivo de facilitar el uso de dólares no declarados y así reforzar las reservas. La iniciativa apunta a captar alrededor de u$s 2000 millones anuales, aunque su alcance real dependerá de la reglamentación y de la respuesta del sistema financiero.
La ley sancionada en el Congreso eleva los umbrales penales de evasión, reduce plazos de prescripción y crea un régimen simplificado de Ganancias que habilita el uso de dólares no declarados hasta ciertos montos. Sin embargo, especialistas advierten que no es un blanqueo, que no alcanza a monotributistas y que las normas antilavado siguen condicionando a los bancos.
El nuevo marco establece un terreno en el que las transacciones anuales por debajo de $100 millones —equivalentes a unos u$s 65.000— pueden realizarse con mayor libertad, sin necesidad de justificar el origen de los fondos. De acuerdo con el análisis de Max Capital, "no se trata de un blanqueo, sino de una flexibilización focalizada que apunta a incorporar dólares no declarados a la economía formal" hasta determinados montos.
El Gobierno espera que este esquema favorezca una remonetización de la economía a través del uso de dólares y proyecta flujos cercanos a u$s 2000 millones anuales, con impacto principalmente en la intermediación financiera y el crédito.
"En cuanto a la remonetización, consideramos que el consumo podría haber estado parcialmente limitado por la necesidad de justificar el origen de los fondos, pero los argentinos en general han encontrado mecanismos para eludir esas restricciones, por lo que el impacto directo debería ser marginal", estima la consultora.
Desde el punto de vista técnico, el alcance del régimen es uno de los primeros límites señalados por los especialistas. El tributarista Sebastián Domínguez explicó en declaraciones radiales, que la ley no está pensada para monotributistas, sino para contribuyentes inscriptos en el impuesto a las Ganancias que opten por el nuevo régimen.
Domínguez advirtió que, pese a la sanción de la ley, el impacto final dependerá de la reglamentación: “Sin la reglamentación, falta conocer el alcance definitivo de esto, porque puede haber exclusiones”.
Uno de los principales puntos de tensión está en la convivencia entre la ley aprobada y el régimen antilavado vigente. Domínguez remarcó que las entidades financieras todavía están obligadas a cumplir con las normas de la Unidad de Información Financiera (UIF). “Si se superan los u$s 10.000, el banco tiene que pedir información”, señaló y aclaró que ni siquiera el Banco Nación puede apartarse de esas reglas.
“Argentina tampoco puede separarse de los lineamientos del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional)”, sostuvo el tributarista, en referencia a los estándares internacionales contra el lavado de dinero. En ese marco, consideró que la recomendación práctica es evitar canalizar operaciones en efectivo a través de los bancos, ya que los movimientos podrían ser informados a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El economista Federico Pastrana le dijo a Letra P que "el Gobierno necesita financiamiento en dólares y engrosar las reservas. Esto le sirve para las dos cosas”, aunque se mostró pesimista respecto de una relajación efectiva en los controles bancarios. Según explicó, gran parte de la normativa de prevención del lavado de dinero es de origen internacional y los bancos adhieren a esos estándares, lo que limita el margen de acción local.
El contador Gustavo Diez, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la UBA, también expresó reparos. Señaló que no recomienda el régimen a su clientela y enfatizó que "no puede interpretarse como un blanqueo, sino como un cambio en los umbrales de persecución fiscal".
Entre los principales cambios técnicos, la norma eleva los umbrales a partir de los cuales se configura el delito de evasión fiscal simple a $100 millones, mientras que la evasión agravada pasa a $1.000 millones. También se incrementan los montos para la evasión de aportes a la seguridad social y para el uso indebido de deducciones impositivas. En paralelo, se reduce el plazo de prescripción de la evasión fiscal a tres años.
El ministro de Economía defendió la ley como una corrección a décadas de regulación excesiva. “Argentina es un país que desde hace décadas regula para la excepción, y le hace padecer el costo de esta locura a todos sus ciudadanos”, afirmó.
En la misma línea, el extitular de la ARCA, Juan Pazo —uno de los creadores de la ley, según confirmaron a este medio fuentes oficiales— sostuvo en entrevistas radiales durante el fin de semana que el país avanza hacia un modelo de “inocencia fiscal”, que reemplaza un “sistema de control masivo e ineficiente”. Calificó al esquema anterior como un “régimen soviético” que trataba a todos los ciudadanos “como presuntos delincuentes” y saturaba al organismo recaudador con “información irrelevante”.
Con la ley ya sancionada, el foco ahora está puesto en la reglamentación y en la reacción del sistema financiero, en un contexto en el que el incentivo, según advierten especialistas, podría no ser la bancarización de los dólares, sino su utilización por fuera del sistema formal.
