TIERRA DEL FUEGO

El negocio de la pesca cobra interés para Javier Milei: ¿casta o competencia?

Un conflicto por una carga de merluza negra llamó la atención del gobierno central. Lobby de tres, la necesidad de divisas y una decisión urgente.

Un conflicto desatado en Tierra del Fuego a raíz de la pesca de merluza negra por parte de un buque con bandera argentina apunta a convertirse en un foco de importante interés para el gobierno del presidente Javier Milei.

El buque Tai An fue recientemente denunciado por tres empresas competidoras que lo acusan de pesca ilegal., pero el problema de fondo va más allá de la merluza negra. Están en juego años y años de un negocio cartelizado donde las mismas compañías, amparados por el gobierno de turno, se reparten las cuotas de pesca y no dejan ingresar nuevos jugadores.

Tal vez por este motivo, el director nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, Julián Suarez, renunció a su cargo luego que se lo asociara de forma directa a las tres empresas denunciantes del caso de la merluza negra: Pesantar, Estremar y Argenova. Las tres compañías y sus respectivos accionistas se encuentran ahora siendo observadas con detenimiento.

Bajo la lupa de Javier MIlei

El Presidente ya puso los ojos sobre el tema y solicitó al recientemente nombrado subsecretario de Pesca, Antonio López Cazorla, que se ocupe del tema y encuentre urgentemente una solución al conflicto.

El Gobierno afronta entonces una nueva polémica, en este caso en torno a la merluza negra. Debe tomar una decisión rápida dado que las 160 toneladas pescadas por Tai An se encuentran frenadas en Tierra del Fuego a la espera de una resolución de López Cazorla.

Autorizar su comercialización y exportación generaría importantes divisas para el país: el cargamento está valuado en cuatro millones de dólares.

Un negocio alambrado

El lobby de la industria pesquera, que maneja el sector desde siempre, acusa a Prodesur (dueña del Tai An y empleadora de 600 personas de nacionalidad argentina) de pescar en forma ilegal y fuera de cupo.

Prodesur, por su parte, dice que la pesca que realizó cuenta con todos los permisos y se encuadra en las normativas vigentes.

La ley prohíbe devolver lo pescado al mar por lo cual el gobierno de Milei debe resolver de forma inmediata el destino de la carga. O autoriza su comercialización o deberá ser desechada.

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