A un mercado cerrado, marcado por la hegemonía de un puñado de compañías aseguradoras, el gobierno de Javier Milei le sumó ahora una nueva medida que le exige a las nuevas compañías una mayor masa de recursos para poder seguir jugando en el sector.
Una resolución de la Superintendencia del Seguro le exige a las "nuevas" ART un fondeo especial y condiciona el mercado. El rol de Guillermo Plate. El link con Caputo.
El superintendente del Seguro, Guillermo Plate, designado por Javier Milei, modificó las reglas en el sector de las aseguradoras de riesgos de trabajo.
A un mercado cerrado, marcado por la hegemonía de un puñado de compañías aseguradoras, el gobierno de Javier Milei le sumó ahora una nueva medida que le exige a las nuevas compañías una mayor masa de recursos para poder seguir jugando en el sector.
Semanas atrás y casi sin trascendencia pública, el titular de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), Guillermo Plate, hizo un movimiento que promete cartelizar aún más, si esto fuera posible, el mercado de las aseguradoras de riesgos de trabajo (ART). A través de la publicación en el Boletín Oficial de una resolución del organismo que conduce, le limpió la competencia a las principales empresas del sector.
La resolución 127 vio la luz inicialmente el 15 de marzo, fue oficializada un mes y medio después y modificó la normativa de funcionamiento de las ART introduciendo cambios en las condiciones contables de las empresas que operan ese tipo de servicios. Bajo el argumento de asegurar la solvencia de las nuevas compañías frente a posibles litigios, Plate incluyó la fórmula para calcular la reserva por juicios a futuro sólo para las compañías nuevas. Es decir, aumentó los montos del capital con que deben contar las nuevas compañías prestadoras para responder ante eventuales siniestros.
Los cambios introducidos en la resolución implican que las compañías deberán triplicar los recursos que destinan a esa reserva durante cinco años, a razón de un 3% en el primer año; 2,25% en el segundo; 1,5% en el tercero; 0,75%, en el cuarto y 0,45% en el último año. La modificación impacta sobre todo el sector, pero en particular sobre tres compañías. Se trata de Andina, San Francisco y Paraná, que en los últimos dos años lograron romper el nicho de una actividad que se mueve al ritmo de la Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (UART).
Con menos de cinco años ofreciendo estos servicios, las tres empresas quedan en abierta desigualdad frente al resto, ya que deberán poner a disposición una suma de dinero proporcionalmente mayor a sus competidoras más antiguas, a pesar de que hoy están expuestas a una menor litigiosidad por la antigüedad en la actividad.
De hecho, fuentes del sector asegurador no descartan que alguna de estas empresas recurra a la Justicia para resolver el tema porque la medida afecta la seguridad jurídica y la proyección financiera. En un sector cerrado al ingreso de nuevos jugadores, para poder participar estas compañías debieron presentar y negociar durante más de un año con la línea técnica de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, hoy a cargo del exfuncionario macrista y albertista Gustavo Morón, sus planes de negocios para el siguiente lustro. Ahora, las proyecciones acordadas y las hojas de ruta vuelven a foja cero, con el agravante de una virtual "sanción" financiera.
El mercado de las ART es un nicho cautivo manejado por la UART, la cámara que agrupa a las principales prestadoras del país, que tiene históricamente una ascendencia muy importante sobre las autoridades de la SSN, el organismo que maneja en última instancia la normativa que rige a la actividad.
Prevención, del Grupo Sancor, Galeno, Omint y Swiss Medical son en la práctica quienes velan por seguir manteniendo el negocio en manos de la decena de compañías que hoy están habilitadas para brindar pólizas. Además, son los pulpos que mantienen un lobby permanente para mantener el esquema cerrado. En 2022, este conjunto de empresas logró el respaldo de la Justicia para mantener cerrado el ingreso de nuevos jugadores. El argumento fue que sufrían "estrés financiero" por la decisión del Gobierno de considerar al Covid-19 como enfermedad laboral durante la pandemia.
Plate sabe bien quiénes y cómo juegan en la actividad. Durante el gobierno de Mauricio Macri fue el número dos del organismo que hoy conduce, secundando entonces a Juan Alberto Pazo, un abogado muy cercano a Luis Toto Caputo que hoy pisa fuerte en la cartera económica y a quien señalan como el jefe político del actual superintendente, a través de quien mantiene el control del sector.