Con la audiencia pública del gas prevista para este lunes, la administración de Javier Milei abre la llave de los tarifazos que recaerán sobre los servicios públicos esenciales en los dos primeros meses del año; y que, se prevé, desde marzo tendrán actualizaciones mensuales atadas a la inflación mayorista.
El flamante interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Carlos Casares, estará al frente de la audiencia donde transportadoras y distribuidoras expondrán los aumentos que necesitan para este año, a la espera de la resolución de las autoridades de Energía. El funcionario es ex gerente de los negocios de gas de Tecpetrol, la petrolera de Techint; y ex director del ente y subsecretario de Hidrocarburos entre 2017 y 2020.
Para no correr riesgos, y tal como sucedió durante la gestión del Frente de Todos con el argumento de la pandemia, el Enargas dispuso que la audiencia se realizará en modalidad virtual y tendrá carácter no vinculante para la definición de los nuevos cuadros tarifarios.
A diferencia de las audiencias realizadas entre 2021 y 2023, donde el eje central fue “garantizar la prestación del servicio y proteger los intereses de los usuarios”, la reunión deliberativa tendrá un objetivo distinto y alineado con el rumbo económico de la administración libertaria: “Establecer mecanismos para la sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, mantener los niveles de ingresos de las empresas y cubrir las necesidades de inversión del servicio en condiciones técnicas y económicas adecuadas”.
Sin datos clave
El Gobierno llegará a la audiencia sin haber mostrado dos datos clave para poder afinar los cálculos de los aumentos que prevé trasladar a las boletas. Uno es el nuevo precio del gas en boca de pozo, que se tomará en cuenta para la facturación de los consumos; el otro, es el alcance de la poda de subsidios que anunció el ministro de Economía, Toto Caputo para los consumos hogareños a partir de este año.
La falta de precisión de esas variables y las fórmulas de actualización que utilizaron las gasíferas para solicitar los ajustes transitorios, dispararon hipótesis diversas de incrementos en las boletas que, por el momento, no pueden tomarse por definitivas.
Un informe reciente del Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA-Conicet reveló que ningún segmento residencial está abonando una tarifa que cubra la totalidad del precio del gas natural. En promedio, la cobertura del costo de abastecimiento del gas llega al 47% en los hogares N1(altos ingresos); mientras que en los N2 (sectores bajos) alcanza solo al 14% y en los N3 (clase media) al 18%.
Propuestas de las gasíferas
En el caso de Metrogas y Naturgy, las gasíferas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los aumentos finales pedidos para los cargos fijos y variables de los clientes residenciales oscilarían entre un 120% y 230%. A eso debería agregarse el ajuste correspondiente al transporte y la actualización del precio de gas que tiene que establecer el Gobierno y que no podrá eludir el impacto de la devaluación del 120% de mediados de diciembre.
Un dato novedoso y que se sentirá en los bolsillos de los hogares es que, a partir de marzo y una vez que se apliquen los nuevos valores, las subas tarifarias por los servicios de distribución y transporte pasarán a ser mensuales un índice de actualización automático y permanente.
Los tiempos en juego marcan que el Enargas debe entregar un informe final en los últimos días de enero para que el titular de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, autorice las nuevas tarifas a partir de febrero. Antes, el 15 de enero, será el turno del esquema de participación ciudadana para los aumentos y quita de subsidios en colectivos y trenes; y 11 días después, tendrá lugar la audiencia del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para definir los ajustes de Edenor y Edesur.