Desafío a Toto Caputo: el Senado sancionó la ley de discapacidad por unanimidad y le prohíbe ajustar
Con apoyo de todos los bloques, la cámara alta aprobó el proyecto consensuado en Diputados. El ministro de Economía pidió modificaciones y fue ignorado.
Patricia Bullrich y Juliana Di Tullio, en la sesión del Senado, en la que se aprobó la ley de discapacidad que no quiere Toto Caputo.
Toto Caputo tuvo una dura derrota en el Congreso, con un mensaje de todas las bancadas, incluida la de La Libertad Avanza. Por unanimidad, el Senado convirtió en ley el proyecto de fortalecimiento integral del sistema de discapacidad, que fue consensuado en Diputados pese a la resistencia del ministro de Economía, quien pidió cambios hasta último momento.
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La iniciativa fue sancionada por 71 votos, la totalidad de los presentes. Además del oficialismo, se sumaron la UCR, el PRO, el peronismo y los partidos provinciales. También votó a favor la cordobesa Alejandra Vigo (Provincias Unidas), aunque sus coterráneos de Diputados no había apoyado, por un pedido de las organizaciones de la provincia. "Esto es un acuerdo político y social", celebró la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.
El proyecto fue impulsado por el oficialismo en Diputados, para evitar que el peronismo pudiera aprobar la prórroga de la emergencia en Discapacidad, que vence el 31 de diciembre. Esa norma fue sancionada el año pasado y vetada por Javier Milei, quien recién la aplicó tras un fallo de la justicia federal de Campana, en febrero.
Los aliados que tiene el Gobierno en la Cámara baja introdujeron todos los derechos de esa norma en la iniciativa que finalmente fue convertida en ley. Seguirán las prestaciones con aumentos por inflación y pensiones compatibles con el empleo. Fueron ignorados los intentos de Milei para flexibilizar el sistema.
La norma compromete al Gobierno a cumplir con los artículos de la emergencia que ignoró, como el que obliga a pagar una compensación a los prestadores por las pérdidas de 2024. Y exige incluir las partidas en cada proyecto de presupuesto, sin excepción.
Toto Caputo sigue acudiendo al ajuste para cumplir con el superávit fiscal.
Con esa caja se pagan las terapias, con la administración del Ministerio de Salud, que, además, debe hacerse cargo de quienes no tienen cobertura, mediante el programa Incluir Salud. Así funciona hace tres décadas, a partir de la ley 24.901.
Milei pidió modificarla y chocó con la resistencia de su propio bloque. Envió al Senado un proyecto para flexibilizar las terapias que nunca se trató. Fue escrito por el ministro de Salud, Mario Lugones, quien antes de ocupar el cargo era dueño de una empresa de medicina prepaga. Es cercano a los principales sindicalistas de la salud.
Molesto por ese fracaso, Toto Caputo incorporó el texto de esa iniciativa a un capítulo del proyecto de presupuesto 2027, que el propio oficialismo eliminó del dictamen final el último martes. Con esta ley, el Presidente no tendrá más opciones que mantener el sistema de terapias que cuestiona.
En cuanto a pensiones, se mantienen los parámetros de la emergencia. Se paga el 70% de la jubilación más baja a quienes tengan un Certificado Único de Discapacidad (CUD) y no perciban más de dos salarios mínimos, vitales y móviles.
En Diputados, se acordó exigir una auditoría de los pensionados y la opción de un estudio socioeconómico. Pero en caso de darles de baja, se deberá esperar la respuesta a la notificación. En la Casa Rosada habían pedido habilitar la suspensión preventiva. No fue aceptada.
Los límites para Milei
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el proyecto tiene un impacto fiscal mínimo: $600.000 millones para 2027 (0,04% del PBI) y más de $1,2 billones anuales a partir de 2028 (0,07% del PBI). El número podría ser menor si el Gobierno logra auditar los gastos con mayor efectividad.
Bullrich ignoró presiones de Toto Caputo hasta los últimos días para no tratar el proyecto o al menos hacerle cambios. La senadora ni siquiera abrió una carpeta que le envió el ministro con las modificaciones sugeridas. "Logramos que las familias no estén dos años recorriendo juzgados. Estuvieron dos años en lucha, es cierto, pero fue un péndulo para que tampoco nos pasemos al infinito y vuelva la inflación", celebró la jefa del bloque oficialista.
Se trata de un aporte por única vez por la desactualización de los aranceles en 2024. Nunca se depositó un peso. El exsecretario de Discapacidad, Alejandro Vilches, reconoció durante su presentación en Diputados que Toto Caputo no quería pagar.
Todos los oradores oficialistas celebraron la ley, como si las quejas de Caputo no hubieran sido reales. "La única forma de salir de la emergencia en discapacidad es con reglas estables, generando previsibilidad. Este proyecto crea un régimen que asegura la continuidad de las prestaciones, pensiones, coberturas y su compatibilidad con el trabajo", inauguró el debate el libertario Agustín Monteverde, quien preside la Comisión de Presupuesto.
“Este proyecto brinda al régimen de discapacidad estabilidad, actualización de los aranceles, reglas claras para las pensiones, compatibilidad con el empleo formal, determina de dónde salen los recursos, las medidas de control, auditorías y transparencia”, agregó Nadia Márquez, la senadora que responde a Karina Milei, quien defendió este acuerdo en la mesa política y se enfrentó a Caputo.
La voz de la oposición
La oposición atacó al Gobierno y ocasionó una queja de Bullrich, quien pidió tomar el camino del diálogo de León XIV. “Toda ley es perfectible y estará en nosotros hacer los aportes que la mejoren, pero hay que entender que la dignidad humana es la autonomía de la persona y la protección de los derechos", sostuvo Alicia Kirchner.
Lucía Corpacci sostuvo que “el problema es que el Programa Incluir Salud, donde se atienden las personas con discapacidad, tiene un recorte real del 13% ¿Cómo van a hacer para pagar la prestación que adeudan y pagar la prestación real si no modifican eso en el Presupuesto?", se preguntó la exgobernadora.
El pampeano Daniel Bensusán, del PJ, admitió que hubiera preferido "otro texto mejor, más integral, pero queremos garantizar las prestaciones y los beneficios a las personas con discapacidad. Equilibrio fiscal sí, pero respetando la dignidad humana”, sentenció.
Flavia Royón, cercana al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, celebró "la madurez política de haber superado la discusión y podamos estar tratando una ley que dé certezas, que dé previsibilidad".