El Gobierno suspendió los fondos del Espacio Memoria y puso en riesgo el funcionamiento del lugar. Organismos de DD.HH. denuncian un "ataque sistemático".
Javier Milei contra la ESMA
Las banderas de memoria, verdad y justicia son el principal blanco de la batalla cultural de Javier Milei y Victoria Villarruel y, también, un chivo expiatorio con el que Gobierno trata de desviar la atención de las derrotas que el “fenómeno barrial” viene sufriendo cada vez más seguido.
El ataque a la ESMA, símbolo de la lucha por los derechos humanos, volvió al centro de la escena esta semana, con fake news y la suspensión del presupuesto que mantiene el Espacio de Memoria en funcionamiento.
“Cortamos con una caja millonaria gestionada por 13 organismos de Derechos Humanos, que gastó más de $3.000 millones de pesos anuales de los contribuyentes, sin ser fiscalizados ni supervisados”, se despachó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, este jueves, en relación a la decisión del Gobierno nacional de suspender las transferencias de recursos financieros correspondientes por presupuesto al Espacio Memoria y Promoción a los Derechos Humanos que desde hace más de una década funciona en la Escuela de Mecánica de la Armada, uno de los principales centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de la última dictadura.
La noticia había llegado por vía administrativa a los trabajadores y representantes de organismos de derechos humanos que integran la dirección del espacio con el argumento de una supuesta auditoría. Lo que sorprende es que las decisiones dentro del espacio son compartidas entre los organismos, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno nacional, las tres patas del Ente Público Autárquico, autoridad máxima del lugar. El posteo de Cúneo Libarona llegó para avivar la humareda. Justo fue puesto a circular con las cartas del Ejecutivo sobre los pliegos de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo, los candidatos a la Corte Suprema que el Ejecutivo, echadas.
La dirección tripartita fue el eje central de la respuesta de los organismos de derechos humanos al ataque oficialista, que siempre acude al negacionismo como herramienta identitaria para que su núcleo duro de votantes no empiece a olfatear debilidad. “Desde el Directorio de Organismos de derechos humanos nos vemos en la necesidad de aclarar que la administración de los fondos del Ente Público tripartito en todas sus actuaciones cuenta con las firmas de las tres partes integrantes que incluyen a la de la ciudad de Buenos Aires y al secretario de derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños”, puntualizaron en un comunicado que difundieron el jueves por la tarde. Baños comparte el ente con Natacha Steinberg por parte del Gobierno porteño y Gabriela Alegre como delegada de los organismos.
El Ente Público, que fue creado para “la definición y ejecución de las políticas de Memoria” dentro del predio recuperado para uso público en 2004 y que garantiza el funcionamiento del Espacio Memoria y Derechos Humanos de la ESMA, cuenta con $3.908 millones garantizados del Tesoro Nacional para cubrir salarios de trabajadores, servicios, proveedores y mantenimiento para todo el año. La partida se aseguró el 15 de enero pasado vía decisión administrativa. Según advirtieron los organismos, los fondos suspendidos por el Ministerio de Justicia “corresponden casi en su totalidad a los salarios de los 176 trabajadores y trabajadoras a través de quienes se sostienen a diario las políticas de Memoria, verdad y justicia”.
La suspensión de los recursos es un recorte encubierto, llevado a cabo en base a la necesidad de “auditar” la ejecución presupuestaria sin denuncia concreta y omitiendo que cada peso gastado contó con el aval de los ejecutivos nacional y porteño. “Esperamos que la situación presupuestaria pueda normalizarse para garantizar los sueldos del personal”, advirtieron desde el directorio de organismos. Es que sin recursos para sueldos el lugar corre riesgo de dejar de funcionar.
Este ataque difamatorio y concreto se suma a los ya sufridos por diversas áreas vinculadas a las políticas públicas de memoria, verdad y justicia que el gobierno de Milei y Villarruel aplicó desde su desembarco en el Gobierno nacional. Las autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación tuvo prácticamente el mismo mecanismo para cerrar las puertas del Centro Cultural Haroldo Conti, con sede en el Espacio Memoria y derechos Humanos de la ESMA: la realización de una auditoría general y la promesa de reabrir, algo que no ha sucedido hasta el momento. A eso hay que sumarle la reducción de más de la mitad de la planta de trabajadores, con despidos sostenidos durante 2024 y el comienzo de 2025, poniendo el riesgo la preservación del espacio, de los archivos vinculados a los crímenes del terrorismo de Estado y a la memoria en general.