Exigió un DNU para definir cómo implementar un fallo de la Corte que habilita al Tribunal Superior porteño a recibir apelaciones.
El procurador general Eduardo Casal visitó la bicameral de seguimiento del Ministerio Público y confirmó que el conflicto con la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires no tiene tregua. Para solucionarlo, el funcionario, que ejerce en forma interina desde 2017, pidió a Javier Milei la emisión de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
La controversia surgió por el caso Levinas, un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que el 27 de diciembre de 2024 dispuso que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (TSJ) pueda revisar las sentencias dictadas por la Justicia Nacional, como la Civil, comercial y laboral.
Los fiscales se niegan a cumplir con este procedimiento, aun cuando la reciente reforma laboral incluyó un artículo que adhiere a esta interpretación del máximo tribunal.
“Nuestras leyes orgánicas nos habilitan a intervenir ante los Tribunales Federales y nacionales. No en otras jurisdicciones. Se le pidió a la Corte una espera hasta que se sancione una ley, pero ratificó la doctrina. Es por eso que el 19 de mayo pedí un DNU al Presidente. Necesitamos esta intervención a fin de no perjudicar el ejercicio de la acción”, sostuvo Casal.
La reunión se realizó en el edificio anexo de Diputados, con la coordinación del diputado Sebastián Galmarini, de Unión por la Patria. Casal ocupa su cargo en forma interina porque el Congreso nunca acordó un reemplazo. Asumió cuando renunció su antecesora, Alejandra Gils Carbó, que había sido votada cinco años antes en el Senado.
Su conflicto con la justicia porteña representa su momento más tenso y no tiene una solución inmediata. Además, roza intereses de la alianza oficialista, porque Mauricio Macri es uno de los más interesados en empoderar al Tribunal porteño.
“Pedimos un DNU porque es una situación de emergencia. Y lo comunicamos también a esta comisión bicameral, porque efectivamente el Congreso está habilitado para sancionar la legislación”, sostuvo el Procurador.
El secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación, Juan Manuel Olima Espel, explicó los problemas operativos del fallo de la Corte. “Los abogados no saben si interponer extraordinario ni al Tribunal. Los sistemas de justicia de la ciudad no están conectados a la justicia nacional con mecanismos de notificación alternativos”, alertó.
Olime Espel sostuvo que cuando el fiscal general no coincide con el Procurador el problema no tiene solución. Sólo hubo preguntas de Galmarini y de su compañero de bloque, Diego Giuliano. El resto de las bancadas no participó del cuestionario.
Olima Espel fue el encargado de realizar el informe de gestión. “Hoy no existe delito complejo que no lleve aparejado una investigación financiera y el ataque a eslabones superiores de las cadenas, que muchas veces es lo que se necesita para desarmar las organizaciones criminales y no caer en el último eslabón”.
El secretario de la Procuración General de la Nación a cargo de la Secretaría Técnica y Disciplinaria, Juan Manuel Casanovas, expuso sobre “la transformación institucional que ha implicado para el Ministerio Público Fiscal la implementación del Código Procesal Penal Federal. Fue muy importante y radical”, destacó.
El funcionario aprovechó para pedir más recursos. “En el Ministerio Público Fiscal de la Nación somos seis mil personas nada más para atender todo el narcotráfico y toda la criminalidad organizada de toda la Argentina”.
