Laura Colazo, del Partido Verde, cambió su voto y habilitó la aprobación del Financiamiento Educativo.
Colazo justificó su decisión en la necesidad de contar con herramientas para sostener el sistema educativo, aunque aclaró que la ley no representa una solución definitiva. "Sabemos que esta ley no es la panacea, no va a venir a cubrir todas las necesidades que tiene el sistema educativo de la provincia", aclaró después de la sanción.
La legisladora también explicó que su espacio había realizado consultas durante el cuarto intermedio, particularmente sobre el impacto de la modificación tributaria que alcanza al Banco de Tierra del Fuego. Según señaló, recibió garantías de que el costo no será trasladado a los clientes mediante comisiones, tasas o servicios financieros.
Una ausencia determinante
El segundo factor imprescindible fue la ausencia de Raúl Von der Thusen. El legislador de Somos Fueguinos comunicó que no podría participar de la sesión por razones de salud y acompañamiento familiar. Su ausencia fue informada formalmente al comienzo de la jornada y recibió expresiones de solidaridad de sus pares.
No obstante, desde el punto de vista estrictamente parlamentario, su banca vacía tuvo consecuencias concretas sobre el resultado: con 14 legisladores presentes, la votación terminó siete a siete.
La ausencia del diputado Raúl Von der Thusen permitió el avance del proyecto de Melella.
Los votos afirmativos fueron los de María Laura Colazo, Gisela Dos Santos, Tomás García, Federico Greve, Myriam Martínez, Juan Carlos Pino y María Victoria Vuoto. En contra se pronunciaron Natalia Gracianía, Matías Lapadula, Jorge Lechman, Damián Löffler, Luciano Selzer, Federico Sciurano y Pablo Villegas.
El empate dejó la definición en manos de la presidenta de la sesión. Vuoto, que ya había votado afirmativamente como legisladora, utilizó su facultad constitucional de desempate y terminó de asegurar la sanción. Su intervención fue absolutamente decisiva: sin ese segundo voto, la iniciativa no se convertía en ley.
De la urgencia al cuarto intermedio
El recorrido legislativo estuvo lejos de ser lineal. El Ejecutivo había enviado el proyecto original con tratamiento de urgencia, una herramienta que buscaba acelerar su aprobación y que, de acuerdo con el mecanismo constitucional, podía permitir su entrada en vigencia si la Legislatura no lo rechazaba dentro del plazo establecido.
En una primera instancia, el oficialismo había conseguido sostener ese mecanismo. Sin embargo, el escenario cambió el 2 de noviembre, cuando una moción impulsada por el legislador del Movimiento Popular Fueguino Pablo Villegas logró reunir nueve votos para quitarle el tratamiento de urgencia. Entre quienes acompañaron esa decisión estuvieron Federico Sciurano, Von der Thusen y Colazo, que modificaron o consolidaron sus posiciones respecto de las discusiones anteriores.
Aquella decisión representó un revés para Melella. El proyecto dejó de tener el camino acelerado que pretendía el Ejecutivo y quedó sujeto a la construcción de una mayoría parlamentaria que todavía no existía.
Al día siguiente, durante la sexta sesión ordinaria, la iniciativa volvió al recinto, pero tampoco consiguió avanzar. Las diferencias sobre las nuevas fuentes de financiamiento, el impacto tributario y la distribución de los recursos impidieron reunir los votos necesarios.
Los cambios al proyecto original
La aprobación llegó después de una reformulación sustancial del texto enviado por el Ejecutivo. El proyecto inicial tenía 13 artículos y estaba enfocado principalmente en establecer las fuentes tributarias para financiar el sistema educativo. La versión finalmente sancionada, pasó a tener 26 artículos e incorporó mecanismos de planificación, control y participación institucional.
Uno de los cambios centrales fue la redistribución de los recursos provenientes del gravamen del 3,4% sobre los Ingresos Brutos a la actividad de distribución de gas. En el proyecto original, la totalidad de esa recaudación se destinaba al Fondo Educativo. El texto definitivo creó el Fondo Provincial de Infraestructuras y estableció que el 40% de esa alícuota se destine a infraestructura escolar, mientras que el 60% restante se utilice para obras de redes de gas natural y conexiones domiciliarias. También incorporó una cláusula para dejar de cobrar el gravamen si el ente regulador nacional autoriza su traslado a las facturas de los usuarios.
Victoria Vuoto desempató la votación en la Legislatura de Tierra del Fuego.
En el caso del Banco de Tierra del Fuego, se mantuvo el aporte adicional del 3% en Ingresos Brutos, pero se incorporó una prohibición expresa para impedir que la entidad traslade ese costo a sus clientes mediante mayores comisiones, tasas o cargos por servicios financieros.
También cambió la distribución prevista para los recursos. El proyecto original establecía pisos mínimos del 50% para salarios docentes, 25% para infraestructura escolar y 15% para equipamiento tecnológico. La versión aprobada reconfiguró esos porcentajes en un esquema orientativo del 40% para fortalecimiento salarial, 40% para infraestructura y mantenimiento y 20% para equipamiento y recursos pedagógicos.
El dictamen incorporó, además, como fuente específica de financiamiento los Ingresos Brutos generados por Terra Ignis Energía SA y precisó que el aporte del Impuesto Inmobiliario corresponde al sector rural, con una actualización anual de su base imponible según el IPC del INDEC de septiembre.
Entre las novedades institucionales aparecen la creación del Observatorio de Financiamiento Educativo, con participación de legisladores, autoridades de Educación, Economía, AREF y representantes de los trabajadores docentes, y la obligación de publicar informes trimestrales de Transparencia Activa sobre la recaudación, el destino de los recursos y la evolución salarial.
La norma también mantiene la meta de alcanzar una inversión educativa equivalente al 7,80% del Producto Bruto Geográfico en cinco ejercicios e incorpora una cláusula de protección laboral: la relación entre matrícula y cantidad de cargos docentes podrá utilizarse como indicador de planificación, pero no como criterio automático para reducir cargos u horas cátedra.
Melella y Vuoto, una sociedad política que se consolida
La aprobación también dejó expuesta la consolidación del entendimiento político entre Gustavo Melella y Walter Vuoto. El intendente de Ushuaia había intervenido públicamente en la discusión durante los días previos a la sesión, con un respaldo explícito a la iniciativa del Ejecutivo y un pedido de acompañamiento a los legisladores.
A través de sus redes sociales, Vuoto defendió la necesidad de garantizar recursos para salarios docentes, infraestructura y equipamiento escolar. Planteó que la educación pública requiere inversión, planificación y una política de Estado sostenida en el tiempo. Su posicionamiento significó involucrarse directamente en una discusión que tenía al gobernador en una situación parlamentaria comprometida y respaldar una de sus principales apuestas de gestión.
El dato adquiere mayor dimensión por el papel de su hermana, María Victoria Vuoto, en la Legislatura. La legisladora justicialista no sólo integra el espacio político del intendente, sino que se convirtió en una de las principales voces del sector en el Parlamento y terminó siendo la pieza institucional que permitió aprobar la ley.
El entendimiento también se proyecta sobre el escenario político de 2027. En una provincia donde el gobernador transita la última etapa de su mandato y los distintos espacios comienzan a reordenarse, la coincidencia entre FORJA y el sector del PJ que responde a Vuoto constituye una sociedad política con peso propio. La aprobación del financiamiento educativo ofrece una evidencia concreta de esa articulación, aunque no implica por sí sola un acuerdo electoral cerrado.
Melella celebró la sanción
Tras conocerse el resultado, el gobernador celebró la aprobación y agradeció a los legisladores que acompañaron la iniciativa, así como a docentes, estudiantes y familias.
"Hoy, con la aprobación de la Ley de Financiamiento Educativo, Tierra del Fuego dio un paso importante para darle más recursos y previsibilidad a la educación pública", expresó.
El mandatario vinculó la sanción con el compromiso asumido durante el conflicto docente y sostuvo que la norma permitirá avanzar en mejoras salariales, infraestructura y materiales educativos. También defendió el esquema de financiamiento frente a las críticas por las nuevas cargas tributarias: "No es un impuestazo, es una herramienta para darle recursos y previsibilidad a nuestro sistema educativo", afirmó.
"En un momento económico tan difícil, gobernar es decidir qué vamos a cuidar. Para nosotros, la educación pública es una prioridad", agregó.
La sanción representa un alivio político para el Ejecutivo y permite al gobernador mostrar un resultado concreto frente al compromiso asumido con el SUTEF después de un conflicto que paralizó durante semanas el sistema educativo provincial. El sindicato consiguió el respaldo legislativo que reclamaba y el Gobierno obtuvo una herramienta de financiamiento que ahora deberá implementar.