SEGURIDAD

Stelatto intimó a la Policía de la Misiones y amenazó con quitar las cámaras de videovigilancia de Posadas

El intendente quiere hacer valer una ordenanza que choca con la ley provincial. Cuestionamientos jurídicos y constitucionales. La deuda que reclamó la fuerza.

Por decisión del intendente Leonardo Stelatto, la Municipalidad de Posadas intimó a la Policía de Misiones por la instalación de cámaras de seguridad y abrió un conflicto institucional que puso en discusión los límites de las atribuciones municipales frente a las responsabilidades provinciales en materia de seguridad pública. La fuerza reclama una deuda cercana a los $2.300 millones.

La administración municipal pretendió aplicar una ordenanza sobre dispositivos de videovigilancia utilizados por el sistema de prevención y monitoreo del 911. Desde la conducción policial cuestionaron esa intervención y sostuvieron que una disposición local no podía condicionar el cumplimiento de sus funciones. Aferrado a la ordenanza municipal, el intendente aseguró que la gestión municipal podría "evaluar la revocación de los permisos de uso del espacio público por reiterado incumplimiento a los requerimientos formulados". Es decir, quitar las cámaras.

El punto central de la discusión está relacionado con la jerarquía de las normas en esa provincia del Norte Grande. Los críticos al accionar de Stelatto advierten que una ordenanza municipal no puede prevalecer sobre la constitución provincial, las leyes provinciales ni el marco jurídico que regulaba el orden público y las responsabilidades del Estado en materia de seguridad. La autonomía municipal, señalan, reconoce facultades para regular cuestiones propias de la ciudad, pero no otorga atribuciones ilimitadas ni habilitaba al Ejecutivo local a desconocer disposiciones de jerarquía superior.

La Jefatura de Policía fundamenta su postura en la ley que regula la instalación de videocámaras y sistemas de captación de imágenes en Misiones. Su artículo 13 establece obligaciones para los propietarios de bienes afectados por estas instalaciones, quienes debían facilitar su colocación y mantenimiento, con las autorizaciones judiciales e indemnizaciones que correspondieran legalmente.

Esa es la postura que sostienen desde la Jefatura, desde donde entienden que la seguridad pública constituía una responsabilidad provincial y que las exigencias municipales debían adecuarse al régimen legal vigente. En esa interpretación, una ordenanza no podía convertirse en una herramienta para obstaculizar el despliegue de dispositivos destinados a la prevención del delito.

El planteo municipal por las cámaras

Uno de los aspectos más llamativos del episodio fue que los dispositivos cuestionados formaban parte del sistema de prevención que los propios vecinos reclamaban ampliar en diferentes barrios de Posadas. La Policía sostiene que su instalación responde a una demanda permanente de mayor seguridad y se estaba realizando de manera progresiva. Los equipos fueron adquiridos con fondos públicos, instalados y mantenidos por personal especializado de la Dirección de Operaciones 911. Además, utilizaban postes pertenecientes a Energía de Misiones (EMSA), un elemento que también formó parte de la discusión sobre la infraestructura necesaria para su funcionamiento.

En ese contexto, a muchos les resultó al menos llamativo que la administración de Stelatto intimara a la fuerza provincial por colocar cámaras destinadas a proteger a los habitantes de la capital misionera. La intimación abrió, además, interrogantes sobre las exigencias administrativas y económicas que pretendía aplicar el Ejecutivo municipal y sus consecuencias para el funcionamiento del sistema 911.

La deuda de la Municipalidad

Con todo, el enfrentamiento parece estar lejos de ser nuevo. Según informó el portal C6Digital, la Jefatura de Policía reclamó formalmente a la administración municipal una deuda acumulada de aproximadamente $2.300 millones. El monto corresponde, según la fuerza provincial, a obligaciones pendientes vinculadas con procedimientos, actuaciones y pericias de Policía Científica relacionadas con el Juzgado de Faltas, además de compromisos derivados de convenios por multas de tránsito.

El intendnete de Posadas abrió un conflicto institucional en Misiones.

Desde la fuerza, también destacaron que el personal de Tránsito municipal requiere con frecuencia la intervención del 911 para operativos y acontecimientos que superaban a la Municipal en su capacidad de respuesta. La Jefatura también aclaró que los servicios policiales adicionales se cumplen fuera del horario habitual de los efectivos y requieren una remuneración específica. De fondo, se advierte que la utilización de personal de las guardias ordinarias para esas tareas podía afectar la cobertura de seguridad destinada a la población.

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