Un recuerdo marca fuerte las ideas de María Cecilia Vranicich, elegida por el gobernador Omar Perotti para ser la próxima fiscal general de Santa Fe, sobre los asuntos públicos. Algo que ocurrió el primer día que cumplió una función en el Estado. Fue cuando entró con Héctor Superti, primer ministro de Justicia del gobierno de Hermes Binner, al despacho que ambos ocuparían. Superti se acercó al escritorio, descolgó el crucifijo que dominaba la pared a su espalda y con ademán respetuoso lo guardó en un armario.
Esa gestión en Justicia, a finales de 2007, tenía como primera misión instalar un sistema de enjuiciamiento oral en la provincia que dejara atrás la impunidad y el oscurantismo del escrito. En esa módica anécdota del primer día estaban las contraseñas del modelo de gestión que esta mujer asegura apreciar: un principio de acción no marcado por el favoritismo a un sector, firmeza para encarar los objetivos y frugalidad en los gestos.
Si en dos semanas la Legislatura santafesina aprueba su pliego, Vranicich conducirá la persecución penal en la provincia. Y para eso no solo hacen falta objetivos técnicos sino también solvencia política. Más en un distrito que tiene en la seguridad pública un terreno donde los partidos políticos resbalan en arenas movedizas, donde tirándose con bravuconadas y muecas de sabelotodo el muerto se asusta del degollado, y en el que Perotti y el actual fiscal general, Jorge Baclini, con Santa Fe afianzada en las páginas de los portales del mundo por su violencia, llevan más de dos años sin reunirse.
En ese sentido, la candidata a conducir el Ministerio Público de la Acusación (MPA) arranca con dos cualidades importantes para comandarlo: provenir del riñón de la reforma penal que se instaló en 2014 y tener vínculos con la política que gestó en los seis años que lleva como auditora general de gestión del MPA lo que la ha colocado, en relaciones siempre tensas aunque respetuosas con la Legislatura, donde nadie tiene ahora que conocerla.
Una cuestión central en la que deberá reparar Vranicich es el modo de articulación de los cinco fiscales regionales de la provincia. Lo dijo en el concurso: estos no pueden ser llaneros solitarios que definan acciones de persecución del delito en base a criterios personales o a las lógicas exclusivas de su jurisdicción. No afecta lo mismo a Rosario, con su crisis epidémica en los delitos de sangre, que a Reconquista, donde las ofensas sexuales y el robo de ganado son prioridad. Se necesita de un consenso sobre cómo pararse ante las principales problemáticas y moverse en un sentido coherente. Estas son el delito complejo, la violencia, la inserción de las economías ilegales en las legales y las prioridades de actuación de los fiscales de grado que son los que investigan y litigan.
Y dos temas capitales: uno, la relación sinuosa de fiscales y policía: es una noticia reiterada que brigadistas policiales que colaboran con los fiscales son detectados por pasar información a actores del delito; dos, el rol del Organismo de Investigaciones, que asiste a fiscales en delitos complejos y que es vital para avanzar en trámites contra la violencia, pero muy en especial para franjas de influencia a los que el sistema penal roza mucho menos.
El fiscal general en Santa Fe no define políticas específicas sobre un delito concreto. Vale decir, no actúa sobre los casos, no puede dar instrucciones sobre cómo manejar un trámite ni guiar una investigación. Lo que sí debe hacer es velar en que haya una unidad de actuación en la persecución. Hoy, en algunos escalones no la hay. Pasó en los años previos con los legajos contra el juego clandestino, un campo sensible, porque es allí donde está requerido para ser imputado el senador provincial Armando Traferri, importante actor del justicialismo ortodoxo que resistió con apoyo del Senado presentarse ante un juez.
La unidad de actuación en un órgano de persecución implica que ante dilemas lógicos de política criminal un criterio debe prevalecer. Un ejemplo central lo da el caso del exministro de Seguridad Marcelo Sain. Junto a nueve miembros de su equipo, está imputado de receptación ilegal de información por perfilar a ciudadanos no afectados por investigaciones penales.
Esto actualmente divide aguas en el MPA. Los fiscales que imputaron en Santa Fe dicen que tal cosa es de completa ilegalidad si no media orden de un fiscal, pero en Rosario hay una idea, debatible aunque legítima, de que el Ministerio de Seguridad debe tener atribuciones para realizar seguimientos de personas que aparezcan conectadas al delito aunque no haya requerimiento fiscal por un principio de prevención. Esas diferencias, dejó entender Vranicich en el concurso, deben ser zanjadas de cuajo. Ese será su trabajo.
El caso Sain como antecedente
Justamente, el tema Sain fue un asunto que le dejó a la política santafesina referencias fuertes de Vranicich. Como auditora del MPA le tocó a ella dictaminar sobre algo que la Legislatura pedía: el rechazo a que el exministro retornara, luego de su gestión en Seguridad, a su cargo concursado en el Organismo de Investigaciones. Vranicich jugó en contra del pedido de la mayoría legislativa con un argumento técnico: su cargo carecía de atribuciones para adoptar sanciones por actos que Sain había desplegado como funcionario de un poder del Estado diferente. Baclini le pidió una reconsideración, pero ella dictaminó en el mismo sentido. Finalmente le asignó a otro fiscal el caso, Rubén Martínez de Reconquista, que sí abrió el proceso disciplinario. A Sain lo terminaría echando la Legislatura.
Vranicich no avanzó por un criterio técnico contra Sain pero sí lo hizo contra Débora Cotichini, colaboradora estrecha del exministro, a la que le solicitó la destitución por pasarle información sensible desde el Organismo de Investigaciones.
Esto deja de alguna manera a la candidata a fiscal general en una posición un tanto autónoma y distante para la Legislatura y el Ejecutivo: la que puede dar tener un criterio propio. Se mantuvo hasta el final en contra de sancionar a Sain, pero sí propició sanciones con su funcionaria de confianza. Manteniéndose en posición contraria al propio Sain y al fiscal Luis Schiappa Pietra, gran amigo personal, compañero de cátedra docente y exsocio de estudio jurídico, que en este sumario había sido testigo en favor de Cotichini.
Intervino en trámites disciplinarios a fiscales que la Comisión de Acuerdos de la Legislatura pedía. Pero también pidió sanciones contra otros a los que algunos legisladores cuidaron de modo notorio. Por ejemplo Mauro Blanco, fiscal venadense descubierto por mantener relaciones con narcotraficantes, primero sostenido aunque ante la evidencia de la condena que recibió destituido sin más remedio por la Asamblea Legislativa, o Melisa Serena, de San Lorenzo, que está imputada por no perseguir delitos relacionados con el juego clandestino y puertos secos en esa jurisdicción, pero aún sin sanción y en funciones.
Desde que hace dos semanas el gobernador envió los pliegos a la Legislatura la política, que había anunciado sus desconfianzas en torno a las autoridades de los órganos del sistema penal, mantiene un constatable sosiego. La mayoría de los nombres propuestos no generaron disensos audibles. El 12 de abril la Comisión de Acuerdos de la Legislatura entrevistará a los propuestos y el 13 la Asamblea Legislativa votará a los aspirantes. Algo inesperadamente, una exfuncionaria del Frente Progresista, hija del exintendente peronista de un pueblo de Caseros que festejó el triunfo de Perotti, casi con certeza dentro de dos semanas comenzará a guiar a todos los fiscales santafesinos.
