Tensión social en Tolar Grande por el temor a la pérdida de empleos, que afectaría la economía de 100 familias. La multinacional, en la mira.
Salta: denuncian que Aramark viola la ley de Compre Local y hay riesgo de paro minero
La comunidad de Tolar Grande, en el norte de Salta, denunció una maniobra empresarial que podría derivar en la paralización de la actividad minera en varias localidades de la provincia.
La firma Mansfield Minera, a cargo del proyecto Lindero, adjudicó el servicio de alimentación a Central Andino SRL, una empresa sin antecedentes legales en la provincia y vinculada directamente a la multinacional estadounidense Aramark. Según consta en registros oficiales, la empresa fue creada después del anuncio a la comunidad, en aparente violación de la Ley provincial Nº 7645 de Compre y Contrate Trabajo Salteño.
La decisión encendió la alarma en Tolar Grande, una comunidad que históricamente ha defendido el desarrollo productivo con base local. La adjudicación del contrato a una firma sin raíces en la provincia dejó en la incertidumbre laboral a casi 100 familias que trabajan en el servicio de comedor y alimentación del campamento minero.
Ante esta situación, Gerónimo Arjona, diputado por el departamento de Los Andes, pidió la intervención de la Secretaría de Minería y del gobierno de la provincia para asegurar el cumplimiento de la legislación. “Si no consensuamos entre autoridades y organismos, esto puede perjudicar mucho a la gente del territorio. Lo que buscamos es que el desarrollo minero deje beneficios reales en la zona”, sostuvo.
Asimismo, la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), seccional Salta, se declaró en estado de alerta y emitió un comunicado donde rechaza el accionar de Mansfield y expresa su solidaridad con la comunidad afectada. “Estamos evaluando medidas concretas para resguardar la licencia social que tanto trabajo llevó construir en localidades como Tolar y donde se pone en riesgo el bien más preciado: el trabajo de nuestros representados”, señaló Eduardo Gerónimo, secretario general del gremio.
Por su parte, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) expresó su acompañamiento a las comunidades mineras y advirtió que no permanecerá indiferente ante una decisión empresarial que, de no rectificarse, podría escalar a manifestaciones masivas e incluso a un paro minero provincial.
La ley salteña vigente exige que los proveedores adjudicados en obras y servicios tengan al menos dos años de actividad registrada en la provincia, tributen impuestos locales, tengan sede en Salta y estén inscriptos como proveedores. Ninguna de estas condiciones cumplía Central Andino SRL al momento de su adjudicación. De hecho, según el Boletín Oficial, la empresa fue registrada legalmente cuatro días después del anuncio a la comunidad.
Organizaciones sindicales y representantes locales sostienen que se trata de una maniobra para “disfrazar” a Aramark, prestadora del servicio de alimentación en la mina Veladero (San Juan), como una firma local, con el único fin de eludir la normativa de compre local y desplazar a proveedores salteños legítimos. La comunidad sostiene que esta decisión desconoce años de diálogo y compromiso entre pueblos originarios, trabajadores y empresas para desarrollar proveedores locales en zonas alejadas y vulnerables.
El caso expone nuevamente a Aramark, que pese a su prolongada presencia en el país, ha sido señalada en reiteradas ocasiones por no integrar proveedores locales ni mostrar un compromiso claro con el desarrollo territorial, contradiciendo así los principios de la minería moderna vinculados al respeto, la transparencia y la sostenibilidad.