La Legislatura transfirió activos de YPF al Grupo Quintana y reflotó el debate para modificar el reparto de ganancias. La fórmula de la polémica.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, se saluda con la intendenta de Catriel, Daniela Salzotto.
La transferencia de activos entre YPF y el Grupo Quintana, aprobado en la última sesión del año por la Legislatura de Río Negro, reflotó la discusión por el reparto de las regalías petroleras entre municipios, un debate que genera tensión entre distritos productores con la gobernación que comanda Alberto Weretilneck.
“Más temprano que tarde, vamos a tener que dar el debate de cómo se distribuyen las regalías”, se sinceró el jefe de la bancada oficialista, Facundo López, en referencia a la ley que regula la distribución de fondos generados por la explotación de petróleo y gas, cuando cerraba la lista de oradores de 2024 en el parlamento local.
El acuerdo final es parte de un grupo de activos que la petrolera estatal dejó en manos de otras operadoras como la de Quintana o Aconcagua, empresas relacionadas al lado B de Vaca Muerta.
Estación Fernández Oro (EFO), es el área más importante en producción que tiene la provincia pero que hoy sufre un declive natural. Representa el 30% del gas y el 7% del petróleo que se produce en Río Negro. En la última sesión legislativa del año, pasó de manos en su operación y provocó un incipiente debate sobre el manejo de los fondos.
Cuando la bancada de Juntos Somos Río Negro (JSRN), que defiende a Weretilneck en el recinto, detalló la inversión de 92 millones de dólares en diez años por parte de la nueva operadora del yacimiento, los ánimos se exaltaron. Diversas bancadas, que representan en mayor o menor medida a jefaturas comunales, citaron el planteo que los municipios productores llevan adelante.
Río Negro tiene una particular ley para repartir las regalías petroleras, con una cuenta que exaspera a las intendencias: se reparte un 10% de las ganancias, que llega de diversa forma a las localidades. Los municipios productores (Catriel, Allen, General Roca, Campo Grande, General Fernández Oro, Cinco Saltos, Cervantes, Contralmirante Cordero y Cipolletti) reciben un 35% de ese número, el 65% restante es enviado a todas las ciudades y comisiones de fomento.
La ecuación no les cae en gracia a los distritos donde se genera la producción, sobre todo en el Catriel, sitio histórico para la extracción de crudo, o Allen, donde se encuentra el yacimiento EFO.
Los distritos productores hace tiempo que protestan para que se les eleve el porcentaje de ingresos. Allen y Catriel, según el paso de los gobiernos, son los que se manifiestan al unísono para pedir el aumento en relación al impacto que produce la actividad.
En el caso de Catriel, el pasivo ambiental es un problema de arrastre que provoca zozobra entre la dirigencia. La intendenta de esa localidad, la peronista Daniela Salzotto, es una de las voces destacadas en la pelea por el cambio del reparto de las regalías. “Producimos el 68% de los hidrocarburos y no recibimos lo que merecemos”, lanzó en el transcurso del año.
Las estruendosas declaraciones de Salzotto se dieron en el intento del debate para incorporar a otros municipios en el reparto de la producción. Similar actitud presentó el intendente allense, Marcelo Román, una reciente incorporación a las fuerzas del cielo.
Román, a mediados de año se fotografió con Salzotto y María Emilia Soria, otra de las intendentas de un ejido con producción de hidrocarburos, para meter presión. Hoy afronta el reclamo desde las filas de La Libertad Avanza, espacio al que saltó tras imponerse en una apretada elección con la histórica lista 3.
"Legislen para el pueblo", dijo Román en un debate de comisiones de este año, cuando parecía que las regalías cambiaban a favor de las ciudades productoras. Por ahora, sus declaraciones apenas fueron una expresión coyuntural.
A la espera de un nuevo esquema en el reparto, las intendencias toman notas de los planteos del oficialismo para discutir destino de las regalías. Quizás, el 2025, cuando Weretilneck ponga mucho en juego, pueda ser una oportunidad para modificar la normativa que ya tiene más de 20 años.