Funcionarios reconocen que fue “la más grande” y “transversal” de la era Milei. El ataque directo al kirchnerismo y la UCR no prendió. La Casa Rosada, una tapera.
Marcha universitaria contra el gobierno de Javier Milei.
La masividad y transversalidad de la marcha universitaria, que copó la Plaza de Mayo y adyacencias y se ganó su propia cadena nacional, hizo mella en el gobierno. No lo habían logrado las dos movilizaciones de la CGT ni las protestas de autoconvocados, por lo que la estrategia de autodefensa libertaria se centró en repetir como un mantra que “la casta” estuvo detrás de la convocatoria.
Desde temprano, incluso mucho antes de que el frustrado protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich se pusiera en marcha, distintos funcionarios de la Casa Rosada se esforzaron por desvincular la movilización de los estudiantes y asociarla de manera directa a Axel Kicillof y Sergio Massa, gobernador bonaerense y exministro de Economía peronista, respectivamente, y a Martín Lousteau, senador radical que conduce al vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, otro de los apuntados.
Según pudo saber Letra P, esa fue la bajada de línea política que salió esta mañana de la mesa chica del presidente Javier Milei, quien dejó su despacho en el primer piso de Balcarce 50 a las 14.30, mucho antes del acto de cierre de la movilización, quizá con la intención de desairar lo que fue una jornada masiva (según la organización, unas 800 mil personas se congregaron en la Ciudad para protestar). Buena parte del gabinete, incluido el ministro de Interior, Guillermo Francos, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem, salieron por la explanada del edificio que da a la Avenida Rivadavia dos horas después.
“Esta es una marcha cien por ciento política. Nosotros estamos con los estudiantes y a favor de la calidad educativa en las universidades, pero no de aquellos que quieren sostener con esto sus curros y privilegios”, chicaneó un funcionario con despacho en la Casa Rosada a metros de la marea humana.
Consultado por este medio en su habitual conferencia de prensa, el vocero Manuel Adorni había hecho punta en la estrategia gubernamental por bajarle el precio a la movilización que a la postre excedió largamente la presencia de “la política”. Fue cuando mencionó -leyendo una lista que tenía en una hoja- a quienes habían dicho que irían a la marcha, dirigentes de Unión por la Patria como Kicillof y Massa, además de organizaciones sociales, sindicatos e integrantes de otras fuerzas políticas. Eso, según Adorni, “le da legitimidad al Presidente” ya que son “casi un tren fantasma”.
La metáfora elegida por el funcionario que escolta diariamente a Karina Milei, principal estratega territorial del gobierno y una de las pocas que se quedó en la Casa Rosada hasta último momento de la manifestación, daba cuenta de la estrategia para intentar desacreditar la manifestación.
“Si alguien cree que esas personas o grupos le puede quitar legitimidad a un gobierno o cualquier otro... Es extraño, es casi un tren fantasma”, chicaneó Adorni al reiterar que estos dirigentes de la oposición “transformaron” la jornada en un “acto político”. La jornada, que fue un acto político a la que se sumó la política, recién comenzaba.
Con todo, si bien ningún integrante de La Libertad Avanza lo dijo públicamente, en el funcionariado de la Casa Rosada admitieron que la comunidad educativa ganó la agenda pública como no lo había logrado ningún otro colectivo. Hubo quienes admitieron a este medio la potencia política que a la jornada le dio el número de participantes y, más aún, la transversalidad política de los movilizados. “Es la marcha más importante que tuvimos en contra desde que arrancó nuestro gobierno”, comentó off the record un integrante del gabinete un rato antes de la lectura del documento, cuando ya no era posible el avance de las columnas hacia la plaza.
La puesta en escena que pergeñó el gobierno en la previa a la marcha incluyó también la instalación de un tema controvertido, que fue muy mal recibido por la comunidad educativa: un pedido de auditoría sobre la UBA y otras universidades públicas, para intentar demostrar supuestas irregularidades en el manejo de sus cuentas y contrataciones de personal.
Ese anuncio que se había hecho hace unos pocos días, admitieron ahora fuentes oficiales de la Casa Rosada, fue otra de las estrategias para instalar el tema, toda vez que admitieron que el Ejecutivo no sólo que no tiene potestad para auditar un ente autónomo como una universidad, sino tampoco voluntad política de hacerlo. “Es algo que deberá resolver la AGN y la UBA”, concluyeron.
Un funcionario que siguió el tema explicó que, de todos modos, cumplieron con el objetivo que se plantearon: “Instalamos el tema, que se esté hablando de eso ahora no es poca cosa”. La postura está completamente en línea con la habitual estrategia de Milei, y sobre todo de su consultor político estrella, Santiago Caputo, que busca todo el tiempo ganar “la batalla cultural” a la oposición.
El protocolo antipiquetes de Bullrich también fue un tema central de debate cruzado en la Casa Rosada. Es que mientras algunas voces oficiales se esmeraban en decir que se aplicaría en los mismo términos y con las mismas metodologías que en ocasiones anteriores -en las que con tal de evitar los cortes de tránsito hubo fuertes operativos en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires e incluso represión en los alrededores del Congreso-, en el Ministerio de Seguridad decidieron no tensionar demasiado.
Las vallas alrededor de la sede de gobierno y el grueso de efectivos policiales se desplegaron a poco de que se leyera el documento de la marcha y no 24 horas antes como suele hacerse de manera habitual.