Fue uno de los pliegos que aprobó el Senado la semana pasada. Sus terminales judiciales y el compromiso con quienes sufren abuso, violencia y trata.
La semana pasada, el Gobierno dio un primer paso en su desembarco en el Poder Judicial con la aprobación de los pliegos de 74 nuevos magistrados federales. Algunos casos más sonados se llevaron la marca, pero el paquete incluyó el nombre de Juan Ignacio Lazzaneo, que se estrenará en la Defensoría Pública de Víctimas de Entre Ríos.
Podría decirse, sin bajarle el precio, que la aprobación de su pliego pasó sin generar ruido, ya que no se trata de un cargo sensible. No hubo pedidos desde sectores de la política ni lazos de parentesco o relaciones laborales que impulsaran a Lazzaneo, un exdefensor público y actual juez de ejecución de penas de Concordia.
El pliego había sido remitido por el presidente Javier Milei y pasó sin estridencias por el Senado, con el voto unánime de 64 senadores, entre los que se contaron los libertarios entrerrianos Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida. El registro parlamentario anotó como ausente al peronista Adán Bahl.
Lazzaneo tiene 41 años; nació en Paraná, es hijo de un músico y una abogada, de quienes dice haber heredado sus dos grandes pasiones: “La conjunción del derecho y la sensibilidad que tiene el arte”, tal como expuso en su audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos del Senado.
Egresó como abogado de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) en 2012, es especialista en derecho penal por la Universidad de Belgrano y especialista en ejecución penal y derecho penitenciario por la Universidad de Barcelona.
En su currículum exhibe haber ingresado al Poder Judicial entrerriano en 2010, como meritorio, siendo estudiante y sin salario; luego fue escribiente y asistente en materia penal en la Defensoría General hasta que fue designado como defensor público y se desempeñó en Paraná, Concordia y Gualeguaychú, por concurso y en el marco del sistema acusatorio, que rige en la provincia desde 2007 y tendrá vigencia en la Justicia Federal a partir de junio de 2027. Concursó para la defensoría federal de primera instancia de Concepción del Uruguay, quedó en terna y esperó cinco años hasta que el entonces presidente Alberto Fernández mandó un pliego que no era el suyo.
Desde 2021 está interinamente al frente del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Concordia, designado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) en uso de facultades constitucionales para la cobertura de vacantes.
No dirá el currículum que su pareja, Mariana Carbonell, es hija de un ex presidente del alto cuerpo de la justicia entrerriana: Martín Francisco Carbonell, designado por el gobernador peronista Gustavo Bordet, de quien es amigo, y jubilado en 2024, tras permanecer cinco años en el cargo.
Lazzaneo es también docente universitario: entre otras, en la Universidad de la República, en Uruguay; además, es autor de los libros Conducta y concepto (2018), El proceso disciplinario en el derecho penitenciario y en la ejecución penal (2021) y Cuestiones críticas de la ejecución penal (2021), donde analiza la legislación argentina sobre la ejecución de la pena privativa de la libertad en base a jurisprudencia y bibliografía; entre otros artículos y publicaciones.
El Defensor Público de Víctimas es una figura creada mediante la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos Número 27.372, sancionada a mediados de 2017, para garantizar, entre otras cuestiones, la asistencia jurídica a quienes resulten damnificados por delitos graves.
La ley prevé dotar al organismo de centros de protección y de asistencia a las víctimas de delitos como narcotráfico, trata de personas o crímenes de lesa humanidad, los que deberán contar con médicos, psicólogos, asistentes sociales e investigadores especializados; y les asegura también la representación jurídica a través de la figura del defensor público de víctimas.
Concretamente, los damnificados de un delito tienen derecho a contar con patrocinio legal gratuito tanto durante el proceso como en el período de ejecución de la pena, podrán constituirse como querellantes, participar de las declaraciones de los testigos (a través de su abogado) y deberán ser notificados sobre las excarcelaciones, los permisos de libertad condicional o las salidas transitorias a que aspiren acusados y condenados.
En su exposición ante la comisión, Lazzaneo afirmó que trabajará “siempre con el despacho abierto para los fiscales, los defensores y, sobre todo, para las víctimas”, e hizo hincapié “en el compromiso sobresaliente para este grupo de personas muy vulnerables, sobre todo víctimas de trata de personas, violencia de género, abusos sexuales”.
Tras la promulgación de la ley, la Defensoría General de la Nación abrió los concursos de antecedentes y oposición para nombrar a 24 defensores públicos de las víctimas, uno por cada provincia. La ley también prevé la posibilidad de sumar defensores públicos coadyuvantes, cuando el jefe de los defensores lo considere necesario, para asegurar una efectiva prestación del servicio de justicia.
En Entre Ríos, el concurso se inició en 2018 y la terna recién se remitió al Poder Ejecutivo el 16 de octubre de 2025. La nominación de Lazzaneo completa el trámite y cubre una de 13 vacantes en la provincia, que representan el 38 por ciento de los cargos. Es esperable que en el próximo bloque se apruebe la designación de Pedro Rebollo como fiscal federal de Gualeguaychú, cuyo pliego ya fue analizado en comisión.
