La titular de Seguridad modificó a sola firma la policía, Gendarmería, Servicio Penitenciario, PSA y Prefectura. El peronismo dice que excedió la ley bases.
Patricia Bullrich tendrá una nueva pelea en el Congreso durante el segundo semestre: Unión por la Patria (UP) anunció que buscará reunir mayoría en ambas cámaras e intentará derogar los decretos firmados por la ministra de Seguridad para redefinir el funcionamiento de las fuerzas de seguridad, amparándose en las facultades delegadas de la ley bases.
El debate se dio en la comisión bicameral de fiscalización de los órganos y actividades de seguridad interior, presidida por el senador Martín Goerling Lara (PRO). Diego Fleitas Ortiz de Rozas, director de Transformación Institucional del Ministerio de Seguridad de la Nación, defendió los cuatro decretos delegados que le asignaron nuevas funciones en la policía federal, la Gendarmería Nacional, el Servicio Penitenciario, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Prefectura Naval Argentina.
Se trata de modificaciones generales en funcionamiento de las fuerzas, con nuevas atribuciones, escalafones y hasta cambios de procedimientos, que habilitan a Bullrich a firmar nuevos protocolos. UP insistió en que la emergencia en seguridad no fue parte de la ley bases y por lo tanto los decretos no son válidos.
"Además, la Constitución impide firmar decretos en materia penal", anunció Carolina Gaillard, de UP. Los decretos delegados, al igual que los DNU, deben debatirse en la bicameral de trámite legislativo, aunque pasados los diez días de su publicación una mayoría está habilitada a tratarlos en los recintos, dónde pueden aprobarlos o rechazarlos con una mayoría simple.
Es el plan de UP y el primer decreto en tratarse sería la reforma la Policía Federal, que podría ser incorporado al próximo pedido de sesión. El diputado Santiago Pauli, única voz oficialista de la comisión, se lamentó de no haber debatido estos temas antes en el Congreso, aunque no confió en la oposición. "Ya tuvimos proyectos que apuntaban a más seguridad y no lo logramos".
La reunión de la bicameral se inició con una defensa de Ortiz de Rosas sobre los decretos que derivó en un fuerte intercambio con los representantes de UP. El funcionario informó que las medidas buscaron "redefinir las misiones y reestructuración" de las fuerzas; "priorizar recursos"; y lograr el "fortalecimientos de recursos humanos", la "modernización técnica" y una nueva "gobernanza".
El delegado de Bullrich contó la necesidad de transferir recursos al área de investigación y proteger el talento humano mediante un escalafón de profesionales. Lamentó que la mayoría del presupuesto se esfume en salarios. Ante una pregunta del senador Kirchnerista Oscar Parrilli, Ortiz de Rosas dijo que tiene a cargo más de 90 mil efectivos. Hay 30 mil en la policía, 40 mil en Gendarmería, 5.500 en la PSA y 21 mil prefectos.
El diputado José Glinski, de UP, sostuvo que estas reformas debieron llevarse a cabo con proyectos que se aprueben en el Congreso. "Se tomaron atribuciones que exceden la ley bases, porque no fue incluida la emergencia en Seguridad. Son ilegales. Hay una extralimitación", sostuvo el exjefe de la PSA. Sin perder la calma, Ortiz de Rosas sostuvo que las fuerzas federales se encuentran dentro de la estructura de la Nación y, por lo tanto, están entre las facultades de reorganización que tiene el poder Ejecutivo.
La respuesta le costó un duro cruce con Juan Marino, de UP. "Si es una reforma histórica, como dice Bullrich, debe pasar por el Congreso", sostuvo el diputado y enumeró fragmentos de los decretos que no le convencen. "Dice textualmente que la Policía Federal puede 'registrar y calificar a las personas de una actividad que la policía debe reprimir'", leyó y pidió explicaciones. El funcionario recordó que ese era el texto de la ley marco vigente y lo copiaron textual. "No íbamos a estar escribiendo uno nuevo", se justificó.
La misma respuesta brindó Ortiz de Rosas a Marino para fundamentar por qué se sostiene la facultad de retener hasta tres días a sospechosos. El director se escabulló cuando el diputado lo consultó por la base de datos personales que tendría la policía federal. "En el marco de la investigación pueden surgir de forma voluntaria y mediante un acto judicial", aclaró el funcionario.
Si bien la reunión nunca salió de cauce, UP se fue de libreto para pedir explicaciones por el disparo que recibió el fotógrafo Pablo Grillo durante una de las manifestaciones realizadas en las inmediaciones del Congreso. "Fue un accidente lamentable. No vamos las fuerzas federales a disparar sobre un periodista. Las situaciones de orden público son complejas", respondió Ortiz de Rosas ante una pregunta del diputado Leopoldo Moreau.
El legislador lo consultó además sobre la información recolectada por el Ministerio de Seguridad durante las manifestaciones. "No podemos hacer tareas de inteligencia. Nos limitamos a la prevención", se defendió el funcionario.
La reunión terminó con la exposición del exsuboficial mayor de la Policía de Misiones, Ramón Oscar Amarilla, quien estuvo preso tras una protesta salarial realizada en su provincia, acusado de sedición. Este año Amarilla fue candidato en la elección legislativa y salió de la cárcel para asumir su banca. Lo acompañó el suboficial de Misiones Germán Palavecino.
"Ordenaron mi detención involucrandome con un grupo de WhatsApp, del que no formo parte. Han violado todos mis derechos constitucionales y humanos. Estuve ocho meses y 24 días privado de la libertad. Estamos siendo perseguidos todos: hay personas que se tuvieron que ir de la provincia por pensar diferente", denunció Amarilla.
El expolicía acusó por la persecución al ministro de Gobierno, Marcelo Pérez; y al gobernador Hugo Passalaqcua. "Soy el primer diputado que ha ganado en una unidad penal", celebró. La visita de Amarilla fue pedida por la senadora Edith Terenzi, de Provincias Unidas, cercana al gobernador Ignacio Torres (Chubut).
Los policías recibieron la solidaridad de Parrilli. "Yo he sufrido persecución y ahora la sufre Cristina Fernández de Kirchner. Los senadores Lara, Terenzi y Glinski anunciaron que crearán una subcomisión para evaluar el funcionamiento de las policías provinciales, que no están bajo el control del Congreso.
