La jueza de Familia de Caleta Olivia dictaminó la falta de pruebas y se pronunció contra el allanamiento dispuesto por el gobierno provincial. El factor K.
Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz
La jueza de Familia de Caleta Olivia, Rosa González, resolvió archivar la investigación en torno a la Fundación Hogar Valdocco de Cañadón Seco, que días atrás fue objeto de un violento allanamiento impulsado por el gobierno de Claudio Vidal del que participaron integrantes del gabinete del gobernador de Santa Cruz.
Tras una exhaustiva evaluación, la magistrada concluyó que no existen indicios de delitos en la situación del grupo de niños y niñas que residen en dicha institución de la Patagonia austral, aunque sugirió mejoras en el enfoque educativo. La decisión de la Justicia dejó mal parada a la administración de Vidal, quien desde que asumió en la gobernación el 10 de diciembre de 2023 viene sosteniendo una política de caza de brujas sobre toda aquella figura u organización ligada al kirchnerismo, al que le endilga todos los males de la provincia y de su gestión.
Como contó este medio, a principios de mes el gobierno provincial desplegó un desproporcionado operativo, sin orden judicial, en el hogar que alberga más de 50 niños y niñas en situación de vulnerabilidad, en un hecho que generó fuerte preocupación entre las autoridades de la institución y su personal, entre ellos el padre Juan Carlos Molina, quien forma parte hace más de 20 años de la entidad.
Según relató el cura en diálogo con Letra P, en el lugar viven y se escolarizan unos 70 jóvenes en situación de vulnerabilidad, todos de forma regular, con las actuaciones judiciales en los casos que es requerido y las autorizaciones necesarias en los demás casos. La fundación tiene otras cuatro casas: una más en Santa Cruz, dos en Chaco y una en Haití, donde viven chicos y chicas de diferentes provincias.
Sin embargo, el martes 5 la justicia informó que todos los menores deberían ir a declarar durante un mes. La institución recurrió a la Defensoría de la Niñez. Al día siguiente, la Jueza a cargo con personal de la Defensoría fue al hogar, pero la sorpresa llegó cuando también irrumpieron al menos seis integrantes del gabinete de Vidal, además de otros funcionarios.
“Apareció el ministro de Seguridad de la provincia con la policía, las ministras de Desarrollo Social y de Salud, la presidenta del Consejo de Educación, el secretario de Estado para la comunicación con su cámara, todo un operativo tipo allanamiento. Compulsivamente empiezan a recorrer la casa, a hacer preguntas capciosas a los menores, filmarlos, seis ministros se suben a un avión para venir hasta acá”, relató entonces Molina.
La investigación había sido iniciada por una denuncia del Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz junto con el Fiscal de Estado, quienes alertaron sobre posibles vulneraciones a los derechos de los menores de edad, en su mayoría pertenecientes a la comunidad wichí. Sin embargo, ahora la magistrada, luego de visitar el hogar y entrevistar a niños y niñas, constató que las necesidades básicas estaban cubiertas.
No obstante, en su resolución, González destacó la necesidad de adaptar el sistema educativo del hogar, proponiendo un enfoque de educación intercultural bilingüe que contemple la identidad cultural de los niños.
Durante la audiencia, los menores manifestaron su interés en aprender oficios y en otros casos su deseo de continuar sus estudios formales y participar en actividades recreativas. La jueza subrayó que, pese a las dificultades, los menores tienen un fuerte deseo de "cumplir sus sueños".
La jueza remitió el caso a la Oficina de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Opidnnya) y a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) para que continúen con el acompañamiento institucional y garanticen el bienestar de la población que se hospeda en el hogar.
Por su parte, el gobierno de Santa Cruz, quien viene de un drástico cambio de gabinete hace pocas semanas tras un escándalo que involucró al exministro Julio Gutiérrez, expresó su desacuerdo con la decisión de la jueza. En el Ejecutivo aseguraron que la inspección realizada a principios de noviembre evidenció algunas falencias en la institución, lo que justificaría un seguimiento judicial más profundo.
Finalmente, el Ejecutivo afirmó que continuará monitoreando la situación para asegurar que las recomendaciones hechas por la Justicia sean cumplidas, en consonancia con la ley de protección infantil.
Sin embargo, aún resuenan las palabras de Molina tras el allanamiento de la semana pasada. “Qué quieren no lo sé, parece una persecución política”, dijo el cura y señaló que la directora de Adultos del Consejo de Educación provincia marcó en declaraciones mediáticas que “todos conocen al padre Molina que salía abrazado a Alicia Kirchner en las movilizaciones de 2007”.
“No es la persecución al cura, hay que resguardar a los menores”, aseguró Molina. La caza de brujas K que motoriza el gobernador para despegarse de su pasado ligado al kirchnerismo, que gobernó durante tres décadas la provincia, parece darle algo de asidero a sus declaraciones.