Enarsa dejó de enviar fondos en 2018, pero las empresas paralizaron los trabajos en octubre del año pasado. Quiénes son y qué sospechan en la provincia.
Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz.
La construcción de las represas sobre el río Santa Cruz continúa paralizada desde octubre de 2023 y el ministro de Energía y Minería de Claudio Vidal, Jaime Álvarez, apuntó contra las empresas responsables de la obra. Las acusa de frenar los trabajos en el sur de la Patagonia por una combinación de motivos financieros, técnicos y políticos.
El ministro no sólo advierte que el reclamo de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) por una deuda de 700 millones de dólares supera ampliamente el monto reconocido por Enarsa, sino que señala que es sugestivo que los trabajos se hayan paralizado en la previa de las elecciones de 2023, cuando los pagos no se reciben desde 2018.
La construcción de las represas está bajo la órbita del gobierno nacional y su ejecución corresponde a la UTE integrada por las compañías argentinas Electroingeniería (ahora Eling Energía) e Hidrocuyo, junto a la firma china Gezhouba.
Álvarez detalló que la deuda estatal con la UTE se remonta a 2018 y que, aunque se firmaron tres adendas para mantener la obra en marcha, la situación financiera se agravó en 2023. “Es raro que en 2023 la UTE deje de ejecutar la obra, una vez que perdieron las elecciones en el gobierno nacional y provincial”, sostuvo el funcionario en alusión a ambas derrotas del peronismo.
La mayor sospecha recae sobre Electroingeniería, empresa que hasta noviembre de 2023 estuvo liderada por Gerardo Ferreyra, empresario vinculado al kirchnerismo. Su salida del directorio y la paralización de la obra tras la derrota electoral generan dudas sobre la intencionalidad detrás del freno en los trabajos.
Uno de los puntos clave del conflicto es la diferencia en los montos reclamados. Mientras la UTE sostiene que el Estado le adeuda 700 millones de dólares, Enarsa reconoce menos del 30% de esa cifra.
“Los montos que reclama la UTE son abismales respecto a lo que tienen consolidado los técnicos del área administrativa de ENARSA”, afirmó Álvarez a medios locales. Esta disputa económica es uno de los factores principales que impiden la continuidad de los trabajos en las represas.
A las diferencias económicas se suman inconvenientes técnicos. Álvarez confirmó que en La Represa Cóndor Cliff se registraron deslizamientos de terreno que requieren una inversión adicional. “Resolver esos problemas siempre es posible en términos de ingeniería, pero hay que evaluar cuántos miles o millones de metros cúbicos serán necesarios”, explicó.
El ministro también mencionó que el financiamiento de la obra depende en gran medida de acuerdos bilaterales con China, lo que agrega otro obstáculo a la reactivación de los trabajos.
Mientras el conflicto se mantiene, trabajadores nucleados en la UOCRA ya realizanon protestas que llegaron frente a la Casa de Gobierno de Santa Cruz, algo que empieza a incomodar a la gestión de Vidal. Para Álvarez, el reclamo debería dirigirse a Enarsa o a las empresas que conforman la UTE y no al gobierno que, a su criterio, no debería pagar los platos rotos por las decisiones de la Casa Rosada.
Adema´s, el ministro pidió “responsabilidad y seriedad” a las compañías involucradas y lanzó una advertenci: “Tienen que darle continuidad a esta obra, que es clave para Santa Cruz, donde hay muchísimos millones de dólares invertidos en un crédito que sigue corriendo y generando intereses”.